El intendente impugna una norma sancionada por dos tercios del Legislativo. Con el Presupuesto 2026 en agenda, anticipa un fin de año cargado de fricciones.
Walter Cortés, intedente de Bariloche.
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, volvió a chocar con el Concejo Municipal y adelantó que vetará la ordenanza que regula la actividad de las plataformas digitales del transporte en la ciudad. El jefe comunal desoyó la votación del legislativo, acusó “contubernios” y defendió su postura con una frase que metió ruido: “Uber es libre, somos libres”.
La decisión de Cortés reabre un conflicto que tuvo su último episodio a comienzos de noviembre, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el referéndum impulsado por el intendente –que incluía la consulta sobre Uber– tras la demanda de cinco concejales opositores. El veto vuelve a tensar ese vínculo y coloca al jefe comunal, otra vez, en confrontación directa con el legislativo, justo en la previa al debate por el Presupuesto municipal.
La ordenanza sancionada antes del último fin de semana extra largo había obtenido, en general, los votos positivos de todos los concejales excepto los tres del PUL, el partido del intendente. Esa votación mostró a los ediles oficialistas en soledad, sin el apoyo de sus pares de Juntos Somos Río Negro, el armado del gobernador Alberto Weretilneck.
La normativa de la discordia, una iniciativa impulsada por la concejal Roxana Ferreyra del bloque Nos Une Bariloche, creó un registro municipal de conductores de servicios de transporte “punto a punto”. Además, estableció requisitos similares a los que deben cumplir taxis y remises, como la obligatoriedad de la licencia profesional, tener domicilio legal en esa ciudad de la Patagonia y que los vehículos no superasen los 10 años de antigüedad.
“Este proyecto no habilita plataformas sino vehículos que trabajan a través de plataformas”, explicó la concejal.
Sin embargo, el punto que generó el nuevo cortocircuito entre el Ejecutivo y el Concejo fue el cupo máximo de 280 vehículos que la ordenanza definió para esos servicios con intermediación digital. A diferencia de los dos tercios de las voluntades que obtuvo la votación en general, en este capítulo votaron en contra los ediles Samanta Echenique (PRO) y Facundo Villalba (Primero Río Negro), uno de los concejales más críticos con el oficialismo.
“Un concejal no te puede atar de pies y manos en función de lo que ellos quieren”, dijo Cortés al cuestionar la ordenanza. Pese al respaldo que obtuvo la normativa, individualizó sus críticas en Ferreyra, a quién acusó de ser representante de los taxistas. En esa línea, pidió terminar con “las logias y los contubernios”.
La dirigente peronista integra el grupo variopinto de concejales opositores, de diversas extracciones políticas, a quienes el intendente acusa regularmente de constituir una burocracia que le pone palos en la rueda.
Por su parte, la edil cuestionó que el exsecretario general de empleados de comercio “gobierna con resoluciones y con vetos” y que recurre a esa herramienta cuando una norma afecta intereses que no está dispuesto a tocar.
Cortés “es un sindicalista con peluca” que viene por los derechos de los trabajadores, calificó, y sostuvo que la norma es un paliativo que no busca solucionar la crisis del transporte sino permitirles trabajar a los vecinos que se acercan a pedir respuestas al Concejo.
La regulación, que se debatió en comisiones durante meses con la participación de taxistas, remiseros y conductores de apps, buscaba poner fin a la situación de indefinición que regía desde que el exintendente Gustavo Gennuso prohibió en 2023 el uso de Uber y Cabify en la ciudad lacustre.
La “liberación” de Uber había sido una de las propuestas de campaña de Cortés. En esta línea, a poco de asumir su bancada presentó un proyecto de regulación que, tras una serie de idas y vueltas, jamás se puso en tratamiento. El gobierno municipal intentó enfriar el tema y dejarle la decisión a los vecinos, al incluirlo entre las consignas de referéndum. Tras el rechazó judicial, lo retomó.
Cortés dio de baja las resoluciones de Gennuso que prohibían el uso de las apps y las habilitó a través de una nueva resolución, en la que exigió a los conductores el pago de la TISH (Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene municipal). En lo que se leyó como un guiño a los sectores descontentos, el jefe comunal eliminó en el mismo texto la revisión técnica semestral obligatoria para taxis y remises.
De momento y hasta que el veto anunciado se concrete, no está claro cómo van a confluir las dos regulaciones, la resolución del Ejecutivo y la ordenanza aún vigente.
Si Cortés avanza con el veto, el Concejo requerirá de ocho votos (dos tercios) para ratificar la ordenanza, y es posible que esas manos no aparezcan si toda la oposición, incluido los concejales que responden al gobernador, votan contra los deseos del intendente. En la votación en general fueron seis los ediles que avalaron el cupo para los vehículos.
Más allá de esa votación, en el deliberante de la ciudad más poblada de Río Negro cuestionan que el jefe comunal haya impuesto una tasa a los conductores de aplicaciones ya que, aseguran, la Carta Orgánica reserva esa función para el Concejo.
Por otro lado, el veto se produciría en plena discusión por el Presupuesto 2026, un tema que pondrá a prueba la herida relación entre el oficialismo barilochense y el bloque que responde a Weretilneck. Ese vínculo ya dejó de disimular su desgaste. Las tensiones no cesan en un gobierno municipal que lleva casi dos años de convivencia caótica.