Cuatro de los cinco jueces estan acusados por mal desempeño y abuso de autoridad. Quién es quién en el máximo tribunal, renovado en la era Weretilneck.
El STJ de Río Negro, de izquierda a derecha: Ceci, Criado, Barotto, Piccinini y Apcarián.
La Legislatura de Río Negro dio el primer paso hacia el juicio político a cuatro de los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia. Los magistrados designados durante los gobiernos de Juntos Somos Río Negro podrían enfrentar acusaciones por mal desempeño y abuso de autoridad, por su rol en la causa que investiga el homicidio de un policía.
El órgano que la Constitución provincial prevé para los procesos de formulación y análisis de denuncias de juicio político es la Comisión de Sala Acusadora, que quedó conformada con la presidencia de Lucas Pica (JSRN) e integrada por los legisladores Silvia Morales (JSRN), Ariel Bernatene (UCR), Facundo López (JSRN) y Gabriela Picotti (PRO).
Para que la comisión avance, la familia de Gabriel Mandagaray, un policía fallecido durante una capacitación del Cuerpo de Operaciones Especial y Rescate (COER), deberá ratificar la acusación contra los jueces Cecilia Criado, Sergio Ceci, Ricardo Apcarián y Liliana Piccinini. En ese caso, el órgano contará con un plazo de 40 días para emitir dictamen.
Gabriel Mandagaray tenía 21 años cuando falleció en abril de 2021 durante un entrenamiento del COER en Bahía Creek. Había llegado al balneario tras una caminata de 40 kilómetros dispuesta por los instructores y fue obligado a realizar ejercicios en condiciones extremas.
Los legisladores que integran la Comisión de Sala Acusadora.
El joven policía había advertido que no sabía nadar, pero igual le ordenaron entrar al mar, cargando un tronco. Lo hizo junto con dos compañeros, bajo un fuerte desgaste físico, vestido con su uniforme y llevando su arma. Dentro del agua los instructores lo perdieron de vista y el tronco le golpeó la cabeza. Según la autopsia, Mandagaray falleció por "asfixia por sumersión como consecuencia de una hemorragia subaracnoidea traumática".
En 2023, cuatro instructores del COER fueron condenados por abuso de autoridad y homicidio culposo. Las condenas fueron confirmadas por un Tribunal de Impugnación (TI). Pero en 2024 el STJ anuló esa sentencia porque consideró que no se había revisado de manera adecuada los agravios de las defensas y ordenó una revisión integral y exhaustiva a un tribunal con distinta integración.
Gabriel Mandagaray junto a su madre, la también policía Elsa Fabi, impulsora de la denuncia a los jueces del STJ.
Un segundo TI ratificó la responsabilidad penal de los imputados al considerar que las condiciones inhumanas de entrenamiento, la negligencia y la imprudencia fueron determinantes en la muerte de Mandagaray. Tras la apelación de las defensas, el Superior Tribunal de Justicia volvió a anular la sentencia y determinó que un nuevo tribunal definiera el caso.
Ante esa resolución, la familia del policía denunció en el Consejo de la Magistratura a Criado, Apcarián, Ceci y Piccinini por mal desempeño y abuso de autoridad. Sergio Barotto, que no firmó la última sentencia, quedó al margen de la denuncia.
La composición actual del máximo tribunal rionegrino es consecuencia de la reforma que en 2013 amplió de tres a cinco el número de miembros y la renovación de 2021, obligada por la salida de dos jueces. Pero sobre todo, es un reflejo de las distintas etapas de poder del gobernador Alberto Weretilneck, sus alianzas con el radicalismo y el peronismo, y la gestión de Arabela Carreras.
Sergio Barotto asumió en 2012, poco después de la muerte del gobernador Carlos Soria. Venía del ejercicio privado en Viedma y llegó con el aval del Frente para la Victoria y de Weretilneck quien, como vicegobernador de “El Gringo”, quedó al frente del Gobierno. De perfil más técnico, cubrió una vacante y fue la carta para mostrar normalidad institucional. Mantiene un vínculo equidistante con el oficialismo. No sólo es el único juez que no está acusado en este caso, también votó en disidencia en el reciente fallo que frenó la realización de un referéndum en Bariloche, una sentencia que dejó la relación entre el intendente Walter Cortés y el gobernador Weretilneck al borde de la quiebra.
Ricardo Apcarián desembarcó en el STJ en 2013, en el marco de la ampliación del tribunal. Había sido abogado de Weretilneck en la municipalidad de Cipolletti y apoderado del Frente Grande, partido del que provenía el gobernador antes de crear JSRN. Es el magistrado que mantiene el vínculo político más directo con el mandatario.
Los jueces del STJ junto con a exgobernadora Arabela Carreras.
Liliana Piccinini asumió en el mismo acto que Apcarián. Proveniente del radicalismo, fue legisladora antes de iniciar su carrera en el Poder Judicial, donde se desempeñó como procuradora general durante años. Su llegada al STJ fue fruto de un acuerdo transversal, liderado por el gobernador. Según diversos analistas, su ingreso le daba prestigio al tribunal con una figura de peso y, al mismo tiempo, descomprimía la Procuración, donde Piccinini había acumulado poder e independencia. Tiene un vínculo institucional con el oficialismo.
Sergio Ceci ingresó con el impulso de JSRN materializado en la exgobernadora Carreras, para cubrir una de las vacantes que se abrió en 2021. Venía de ser secretario legislativo del bloque oficialista en la Legislatura, una pieza clave en el armado legal del partido de gobierno. Es, junto con Apcarián, el más cercano al gobernador.
Cecilia Criado asumió en la misma fecha que Ceci. Mantenía cierta cercanía con el oficialismo a través de su marido, el fallecido abogado Mario Altuna, quien en 2016 fue designado al frente de la policía de la provincia. Su llegada de alguna manera mostró la interna entre el gobernador y su predecesora. Carreras se inclinaba por otro candidato, pero los leales a Weretilneck en el Consejo de la Magistratura eligieron a la barilochense, entonces jueza de familia.
A través de sus fallos, el bloque “político” que conforman Apcarián, Ceci y Criado suele tener una visión más pragmática, atenta a la gobernabilidad de la provincia.
En tanto, el bloque "institucional" de Barotto y Piccinini a veces se desmarca con votos que priorizan la letra fría de la ley o los estándares federales, como se vio en el fallo que anuló el referéndum promovido por el intendente Walter Cortés en Bariloche, donde el abogado marcó su disidencia.
Según definió un analista en diálogo con Letra P, el STJ actual tiene una conformación oficialista en su génesis, aunque se ve obligado a mostrar independencia en temas sociales, como salud o educación, lo que le permite mantener su legitimidad. En las causas de corrupción política es donde más se advierte la tensión entre el origen de los jueces y sus sentencias.