El intendente quiere llegar a la Corte Suprema. El planteo "Viedma contra Bariloche" y la relación con Alberto Weretilneck como clave para el Concejo.
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, en los festejos por el Día de la Tradición.
Tras el Recurso Extraordinario Federal que la Municipalidad de Bariloche presentó en los tribunales de Río Negro, el devenir político de Walter Cortés, volvió a quedar en manos del Superior Tribunal de Justicia, que el último 31 de octubre anuló el referéndum con el que el intendente pretendía validar una serie de iniciativas que no avanzaban en el Concejo Municipal.
El STJ, que aceptó la demanda de cinco concejales opositores que acusaron conflicto de poderes, debe definir si acepta o no el recurso presentado por el Ejecutivo barilochense, que irremediablemente terminará en la Corte Suprema. Sucede que si la cúpula del Poder Judicial provincial hace lugar al planteo se abre una "puerta" desde la justicia rionegrina para que Cortés llegue al órgano máximo tribunal. Si esto no sucede, el jefe comunal de la ciudad turística de la Patagonia tendrá que elevar la queja a la Corte por fuera del aval provincial. La segunda opción parece la más viable.
Uno de los argumentos principales que el municipio esgrime en su recurso para reactivar el referéndum se basa en que los concejales Facundo Villalba (Primero Río Negro), Samanta Echenique (PRO), Roxana Ferreyra (La Cámpora), Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) y Leandro Costa Brutten, del mismo espacio político, actuaron "por derecho propio" sin representar al Concejo Municipal como órgano.
Los abogados del intendente también ponen en la balanza que uno de los jueces, Sergio Barotto, votó en disidencia de sus colegas, dejando como saldo un fallo dividido que, entienden, habilita el debate.
Viedma es la capital rionegrina, el lugar donde se concentra el poder provincial. En la misma ciudad a la que Raúl Alfonsín intentó trasladar el centro político del país, los jueces del STJ, Cecilia Criado, Ricardo Apacarian, Liliana Laura Piccinini, y Sergio Ceci y Barotto, toman decisiones en casos que llegan de todas las latitudes de la provincia.
Los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Cortés pelea desde siempre contra ese centralismo. “Nosotros vemos que siempre es Viedma contra Bariloche. Esta es la ciudad más grande, y los jueces deberían venir y ver cómo vive el barilochense antes de tomar una decisión así, que no me parece acertada", había el intendente el día que se conoció públicamente la sentencia que dio por acabado el referéndum pautado para el 9 de noviembre.
Más allá del debate judicial, el intendente de la ciudad más poblada de Río Negro busca hacer equilibrio entre el malestar que aún le produce la anulación del referéndum. El resultado de esa consulta popular iba a ser su caballito de batalla para encarar los dos años de gestión que le quedan, con un Concejo Municipal dominado por la oposición.
El debate que por estas horas da con sus asesores pendula entre las estrategias para generar consensos políticos o continuar confrontando con los concejales opositores, ante la atenta mirada del gobernador, Alberto Weretilneck, que busca dar vuelta de página a la magra performance electoral de la fuerza provincial en Bariloche, quizás en el momento de mayor tensión con el intendente.
Desde el entorno de Cortés aseguran que el intendente trata de “mantener la mejor relación con la Provincia”, algo imprescindible para Bariloche y “entendemos que para la Provincia también”. La última vez que el jefe comunal y el mandatario provincial se mostraron juntos en público fue a principios de noviembre, cuando todavía las heridas que produjo el fallo judicial estaban a flor de piel. La frialdad, entonces, domina ese tramo de la película.
Luego de que el STJ oficializará su decisión de anular el referéndum, Cortés liberó el uso de las aplicaciones de transporte, que estaba prohibido en la ciudad cordillerana. Era uno de los puntos que el intendente quería poner a consideración de la población, para zafar de la discusión en el Concejo. No esperó, y avanzó con la firma de los decretos correspondientes adelantándose a los proyectos que esperaban ser tratados en el legislativo local.
Alberto Weretilneck y Walter Cortés en el gimnasio Bomberos de Bariloche, en la apertura de las finales de los Juegos Rionegrinos.
Decidido a no perder el protagonismo, Cortés mira entre los otros nueve puntos de la consulta popular y analiza los pasos a seguir. En las próximas semanas podría avanzar con iniciativas como el “plan solidario” para obras de infraestructura vial, la extensión de la emergencia habitacional hasta el 2027, la realización de obras como un natatorio municipal y una contribución del turismo.
Mientras en la Municipalidad confirman que la gestión trabaja para que el Concejo Municipal trate algunos de los puntos del referéndum. En el cuerpo, el oficialismo sólo tiene tres concejales y necesita mantener el acuerdo con los tres ediles de Juntos Somos Río Negro, el partido de Weretilneck. Si se mantiene el esquema de cooperación, habrá esperanzas. Si no, a la oposición le alcanzará manteniendo alineado a los cinco concejales que bajaron la consulta para seguir trabando todas las iniciativas que lleguen al Concejo.
El Recurso Extraordinario Federal, al que accedió Letra P, tiene 24 páginas y lleva la firma de la asesora letrada de la municipalidad, Yanina Sánchez, y del abogado, Martín Domínguez, pieza política fundamental de Cortés.
Entre otros fundamentos, los asesores letrados del intendente manifestaron que los jueces del STJ interpretaron erróneamente el artículo 163 de la Carta Orgánica Municipal al convertir la facultad del Gobierno Municipal en una decisión del Concejo.
"El Gobierno Municipal, cuando lo juzgue conveniente, podrá consultar al electorado por medio de Referéndum Popular, y en forma obligatoria en los casos previstos en la Constitución Provincial y en esta Carta Orgánica. El sufragio será obligatorio. El electorado se pronunciará por sí, aprobando el tema sometido a Referéndum, o por no, rechazándolo; definirá en ambos casos la simple mayoría de los votos válidos. El cumplimiento del resultado del Referéndum Popular será obligatorio", dice ese artículo.
Asimismo, plantearon que las resoluciones que la gestión creo sólo organizaron una consulta, y no dictaron normas de fondo ya que cualquier decisión afirmativa del referéndum requeriría instrumentación normativa posterior por en el cuerpo legislativo local.