La diputada libertaria sumó otra demanda judicial en su contra. A fuerza de causas, su liderazgo político cae mientras crece la interna en La Libertad Avanza.
Lorena Villaverde, presidenta de LLA en Río Negro.
La diputada Lorena Villaverde recibió otra demanda judicial por incumplimientos contractuales sobre un loteo que comercializa en Las Grutas. La nueva denuncia se conoce mientras la legisladora nacional por Río Negro, caída en desgracia tras su paso en falso en el Senado, se aferra a la presidencia distrital de La Libertad Avanza, en pleno proceso de reacomodamiento interno.
La demanda por daños y perjuicios, presentada en un juzgado de San Antonio Oeste por un estudio de abogados de Viedma, sostiene que Villaverde no ejecutó las obras de infraestructura ni inició el proceso de escrituración a los que se había comprometido en el contrato de compraventa firmado en 2020, por un lote dentro de su emprendimiento Tajamar. No es la primera causa vinculada a este desarrollo inmobiliario que salpica a la libertaria.
La noticia se conoció en el momento en que Villaverde volvió a ocupar su banca en Diputados luego de ver frustrada su asunción en la cámara alta por “inhabilidad moral y ética”.
Según la denuncia, Villaverde se comprometió a abrir y enripiar calles, proveer agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y otras obras necesarias para hacer habitable y escriturable el lote. Los trabajos debían finalizar en un plazo de 10 meses (prorrogables por otros seis) desde la firma del contrato, hace ya cinco años.
Pese al tiempo transcurrido, “la leona” jamás cumplió con sus obligaciones contractuales y el inmueble permanece sin servicios básicos. El comprador, detallan sus abogados, no ha podido tomar posesión del lote ni avanzar con ningún tipo de planificación habitacional o de construcción. La inexistencia de infraestructura y la falta de aprobación formal del loteo impiden la obtención de permiso de edificación, visado de planos o factibilidad de servicios.
La presentación judicial, que solicita un embargo preventivo y un resarcimiento de más de 31 millones de pesos más un 30% en concepto de intereses y costas, menciona la existencia de otros procesos judiciales y denuncias administrativas referidos al mismo emprendimiento, pese a los cuales Villaverde habría continuado ofreciendo los lotes en redes sociales y canales digitales.
Mientras la presentación tomaba estado público, Villaverde era repudiada en el Congreso por la diputada Mónica Frade. “No quisiera que esta sesión comenzara sin dejar de repudiar que una diputada esté sentada en este recinto cuando se le impidió el ingreso al Senado por inhabilidad moral y ética”, sostuvo la bonaerense.
La legisladora de la Coalición Cívica dijo que la Cámara baja debería “mantener el mismo estándar ético que mantiene el Senado”, donde Villaverde debió renunciar tras perder el respaldo del presidente Javier Milei por la multiplicidad de denuncias que arrastraba.
La dirigente que había obtenido la banca por la minoría en las elecciones de octubre fue impugnana por el PJ de Río Negro, que recordó que en 2002 fue acusada de transportar cocaína en Estados Unidos, una causa en la que temrinó sobreseída pero que marcó un antecedente ineludible. También se le adjudicaron vínculos con el extraditado por narcotráfico Fred Machado, además de una relación sentimental con Claudio “Lechuga” Ciccarelli, supuesto testaferro del empresario preso.
Previo a las elecciones, ARM Global la denunció por el financiamiento de la última campaña, luego de que el tesorero de La Libertad Avanza, Roberto Zgaib, admitiera que varias facturas eran “truchas e incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Esa había sido, hasta ahora, la última de una serie de causas judiciales, demandas por estafas, embargos y denuncias varias que deterioraron el liderazgo político de la diputada.
Como contó Letra P, tras la renuncia al Senado el liderazgo personalista y cerrado de Villaverde se cristalizó en una estructura fracturada y cuestionada que abrió el debate sobre el futuro de la conducción libertaria en Río Negro.
Una de las consecuencias directas del escándalo público que terminó con la todavía diputada afuera del Senado es que, sin ssu presencia, el oficialismo nacional tiene un voto menos en la cámara alta hasta tanto no se haga efectivo el juramento de Enzo Fullone, su reemplazo.
La nueva demanda judicial profundiza el desgaste de una dirigente que volvió al Congreso con su autoridad política cuestionada. En un team libertario en plena reconfiguración, el liderazgo de Villaverde aparece más como un problema que como una solución.