El presidente de la central fabril invierte en minería y busca tiempo para frenar el malestar industrial. Esbozos de agenda común y producción en caída libre.
Martín Rappallini lleva los reclamos de la UIA a Toto Caputo y contiene el frente interno
La foto con el ministro Toto Caputo y la promesa inédita del gobierno libertario de desarrollar una agenda conjunta, le sirve al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, para contener el malestar creciente en el interior de la central fabril, donde los sectores más castigados por el modelo, reclaman una actitud más confrontativa con el Ejecutivo.
“Hay un silencioso y creciente malestar. Existe un núcleo en la conducción de la UIA que intenta, por todos los medios, tratar de que los funcionarios actuales entiendan que hay que aflojar algo antes de que explote. Otros piensan, definitivamente, que al gobierno no le importa el modelo de desarrollo industrial ni la desocupación creciente. Partido abierto”, detalló a Letra P un dirigente que integra la entidad.
Según fuentes de la UIA, previo a reunirse con Caputo y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, Rappallini escuchó a varios miembros del Comité de Presidencia, que plantearon “enérgicamente” los problemas que atraviesan numerosos sectores industriales y pidieron que la central fabril sea “propositiva frente al gobierno y visibilice la crisis”.
“Acordaron mantener una agenda de gestión para trabajar en conjunto sobre los problemas del sector”, destacó un comunicado de la UIA al término del encuentro con las autoridades gubernamentales. Lavigne es el mismo funcionario que, hace apenas 30 días, había asegurado que “la mejor política industrial es la que no existe”.
Rappallini contiene, por ahora, los reclamos de los sectores manufactureros, metalúrgicos, textiles, autopartistas, del calzado, juguetes, electrodomésticos y también de una parte del sector de la alimentación, que empujan una postura más dura frente a la Casa Rosada.
Una de las cámaras más influyentes dentro de la UIA es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Su último informe de coyuntura indicó que el sector cayó 4,2% interanual y que el uso de la capacidad instalada se ubicó en 44%, el nivel más bajo de la serie histórica. En paralelo, las importaciones de productos terminados en el rubro treparon 70% interanual.
Otra actora de peso es la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). En diálogo con Letra P, fuentes de la entidad aseguraron que “no visualizamos que la UIA no atienda la situación de la industria en general. En paralelo, las cámaras tenemos nuestra propia agenda de gestión y de relacionamiento para abordar las particularidades sectoriales”.
Uno de los ejecutivos de la UIA que acompañó a Rappallini en la reunión con Caputo fue Modesto Madagán, ceo de Arcor, el grupo argentino transnacional que acaba de informar que sus ganancias cayeron 74% en los primeros nueve meses del año.
Molinos Río de la Plata, controlada por el grupo Pérez Companc y dedicada a la producción de aceites, harinas, pastas y alimentos congelados, también cerró ese período con una pérdida neta superior a los $37.000 millones.
La crisis de la industria no encuentra voceros visibles y se expresa, sobre todo, en los despidos y el cierre de empresas que se aceleraron durante el segundo semestre del año, al calor de la recesión.
La encuesta periódica de la UIA, que releva cerca de 700 establecimientos en todo el país, reveló que casi la mitad de las empresas industriales consultadas admitieron tener problemas para cumplir, al menos, con una de sus obligaciones básicas, como el pago de salarios, impuestos o proveedores.
Mientras tanto, el gobierno se muestra inflexible en la apertura de importaciones y en el esquema de dólar controlado. En ese contexto, Rappallini le planteó a Caputo que es prioritario “recuperar el consumo y bajar 20 puntos de la presión impositiva, con prioridad en las pymes”.
“Después de las elecciones, los industriales se convencieron de que tienen que adaptarse”, aseguró a Letra P un empresario del sector metalmecánico del interior bonaerense, que está contra las cuerdas tras vender menos que el año pasado, un período que ya había sido paupérrimo.
Caputo tiene a sus equipos técnicos trabajando con distintos sectores industriales para encontrar mecanismos que permitan devolver, de algún modo, los saldos técnicos de IVA. Se trata de un reclamo histórico, por cientos de millones de dólares, que el Estado nacional les retiene a las empresas y que no pueden utilizar, por ejemplo, para el pago de otros impuestos.
La COPAL y la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) encabezan esos reclamos y piden que el Estado habilite a las empresas a cancelar cargas sociales con esos créditos fiscales. La industria automotriz, en tanto, reclama la eliminación de las retenciones a las exportaciones de vehículos fabricados en el país.
“En 2025, la actividad industrial estuvo signada por una dinámica productiva débil, heterogénea entre sectores y con impacto negativo sobre el empleo formal (4303 puestos menos en septiembre y 21.190 en los primeros nueve meses del año)”, expresó la UIA en un comunicado que grafica la mesura que practica Rappallini por estas horas.
La central fabril sostiene la relación con el Gobierno y espera el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. Rappallini no quedó del todo conforme con la redacción del proyecto del Ejecutivo: cuestiona, por ejemplo, la creación del Fondo de Asistencia Laboral.
La UIA pretende que se reformen los convenios colectivos de trabajo y apoya la eliminación de la ultraactividad, que prorroga automáticamente los acuerdos sectoriales hasta la firma de uno nuevo. También reclama límites claros a las indemnizaciones para reducir la litigiosidad posterior a los despidos y los juicios por accidentes laborales, que terminan encareciendo el costo de las ART para las empresas.
Rappallini, como empresario, tiene una estructura diversificada. Es titular del Grupo Alberdi, dedicado a la fabricación de cerámicos para la construcción con canteras propias; posee parques industriales en el conurbano bonaerense y también es dueño de la mina de cobre San Jorge, ubicada en Mendoza.
La empresa PSJ Cobre Mendocino, integrada por Zonda Metals, de Suiza, y el Grupo Alberdi, acaba de recibir la aprobación del estudio de impacto ambiental y quedó habilitada para comenzar la explotación del yacimiento, en un contexto en el que la minería aparece como uno de los pocos sectores con expectativas de crecimiento.