La iniciativa de regla fiscal no fue tratado por falta de cuórum. Hubo muchas bancas libertarias vacías. Inocencia fiscal fue aprobada y pasó al Senado.
El bloque La Libertad Avanza de Diputados.
Si se quedó hasta la madrugada viendo la sesión de Diputados, Javier Milei vio cómo el bloque La Libertad Avanza no hacía demasiados esfuerzos para evitar que se cayera el proyecto de "Regla fiscal", una iniciativa polémica que contempla prisión para funcionarios, legisladores y directores del Banco Central si hay déficit fiscal.
Como anticipó Letra P, el proyecto no convencía a nadie. Fue dejado para el final de la sesión y en ese momento quedaron vacías algunas bancas oficialistas, como también la de algunos aliados que habían acompañado toda la sesión. Sí hubo consenso para el proyecto de inocencia fiscal, que eleva montos para delitos de evasión tributaria, una forma de habilitar el uso de dólares ahorrados.
Esta última iniciativa fue aprobada cuando Unión por la Patria y Provincias Unidas habían abandonado sus bancas, pero no pudieron frustrar el cuórum. Por si acaso, rápida de reflejos, Silvana Giúdici, de LLA, pidió votar sin oradores y con los 133 presentes pudo aprobar el proyecto.
Martín Menem eligió el momento siguiente para votar los auditores de la AGN, que provocó la salida del PRO y Provincias Unidas, por no participar del acuerdo. Luego partió Unión por la Patria y, mágicamente, no hubo número para tratar regla fiscal.
El proyecto de regla fiscal prohíbe un resultado financiero deficitario, obliga a adecuar las partidas al jefe de Gabinete si eso sucede, pero, lo más llamativo, es que prevé penas de cárcel efectiva para los funcionarios y legisladores que provoquen esa situación.
La reforma del código penal que propone establece entre uno y seis años de cárcel. Después de los cuatro, suelen no ser concedidas las excarcelaciones. Los legisladores deberán incluir en cada proyecto el origen de las partidas que se usarán.
Los funcionarios, además de la prisión, serán castigados con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los que peor podrían pasarla son los funcionarios del Banco Central: sus directores tendrían penas de entre tres y diez años de cárcel si violaran la regla fiscal son sus medidas.
Como explicó este medio, el lunes el jefe del PRO, Cristian Ritondo, había cuestionado la regla fiscal durante una reunión con funcionarios nacionales, liderada por Diego Santilli (ministro del Interior) y Carlos Guberman (secretario de Hacienda). Santilli trató de mediar y dijo que en tal caso se sabía el espíritu de la reforma, pero tampoco hizo esfuezos para sostenerla. En comisión sólo fue denostada por la oposición dura, tuvo dictamen con firma de los aliados, pero ninguno estuvo para votarla.
El proyecto de inocencia fiscal fue presentado el 5 de junio y tuvo dictamen mayoritario, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que tuvo 44 firmas a favor, sobre 74 presentes. La iniciativa eleva los montos mínimos para delitos tributarios, que son de 1,5 millón. Los eleva a 100; y crece de 15 a 1000 millones.
El aspecto más polémico es la declaración simplificada de Ganancias, que será sólo por 1000 millones de ingresos y 10000 millones por patrimonio. Los montos se actualizarán por UVA.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió la iniciativa. "Se termina la presunción de culpabilidad sobre el contribuyente. No nos dejaron debatir ni explicar, pero la ley avanzó igual porque es justa, razonable y necesaria”.
“Escuchamos observaciones, las incorporamos y aun así votaron en contra. Nunca quisieron mejorar la ley, quisieron frenarla. Cuando se explican las reglas claras y la seguridad jurídica, se cae el relato. Por eso intentaron silenciar el debate”. La cordobesa tomó algunas propuestas de UP, que votó en contra.