El menor fondeo a la seguridad social también afecta al PAMI. Las asignaciones no se actualizarán más por inflación. Cambios fiscales regresivos.
La reforma laboral del Gobierno quita recursos a la ANSES, y desvincula aumentos por inflación a la AUH.
El proyecto de reforma laboral del gobierno Javier Milei propone reducir contribuciones patronales y crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero también recorta ingresos que financiaban a la ANSES y al PAMI. En simultáneo, el Presupuesto desengancha la AUH de la inflación, debilitando el sistema de protección social.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) fue, en los últimos años, uno de los principales instrumentos de contención social frente a la caída de ingresos. Diversos estudios académicos, entre ellos de la Universidad Católica Argentina (UCA), advirtieron que, sin ese refuerzo, los niveles de pobreza habrían sido sensiblemente más altos.
Durante el último año, la prestación tuvo un aumento inicial cercano al 200% y luego pasó a ajustarse mensualmente por inflación, un mecanismo que permitió sostener su poder adquisitivo en un contexto de licuación de salarios, jubilaciones y programas sociales.
El proyecto de Presupuesto que se discute en el Congreso propone terminar con esa actualización automática e introducir un cambio sustancial en una política que funcionó como amortiguador social mientras avanzaba la motosierra sobre organizaciones sociales y transferencias a las provincias.
Según datos de la consultora Analytica, ante la consulta de Letra P, “en AUH y asignaciones familiares, entre enero y noviembre de este año se destinaron $8 billones, equivalente al 0,94% del PIB: Asignación Universal para protección social 0,63% y asignaciones familiares de activos, pasivos y otras 0,31% del PIB”. Esos montos se fueron actualizando al ritmo de la inflación.
Sin embargo, los cambios incluidos tanto en la reforma laboral como en el Presupuesto del año próximo forman parte de un mismo esquema de recorte al sistema de seguridad social. “Lo que afecta a las asignaciones familiares, al PAMI y a las jubilaciones es el recorte de tres puntos en las contribuciones patronales”, explicó el economista Hernán Letcher a este medio.
El proyecto de reforma laboral establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo obligatorio que se financiará con un aporte del 3% de la masa salarial bruta, según analizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Ese aporte no implica un costo adicional para las empresas, ya que se compensa con una reducción equivalente en las contribuciones patronales que actualmente se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la ANSES.
Como resultado, el organismo previsional resignaría entre u$s 2500 millones y u$s 4700 millones anuales, de acuerdo con distintas estimaciones privadas. En los cálculos más conservadores, el desfinanciamiento equivale a poco más del 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El Estado dejaría de percibir recursos que actualmente sostienen jubilaciones, el PAMI y asignaciones familiares para financiar, de manera indirecta, indemnizaciones por despido del sector privado.
“El FAL desfinancia al sistema de protección social en general”, no sólo a las jubilaciones y a la AUH, afirmó el economista Matías Maito a Letra P.
El FAL no es la única modificación incluida en el capítulo laboral. La reforma incorpora una reducción estructural de las contribuciones patronales que profundiza el impacto fiscal. El esquema prevé una baja de tres puntos porcentuales destinados a la seguridad social, con un costo estimado de u$s 3000 millones anuales, y de un punto adicional para las obras sociales, que implicaría otros u$s 1000 millones por año, según el propio texto oficial.
De acuerdo con un informe de la consultora Invecq, el impacto fiscal total del proyecto de reforma laboral alcanzaría el 0,83% del PBI. La mayor parte de ese esfuerzo, un 0,5%, corresponde a la reducción de contribuciones patronales, mientras que el 0,33% restante se explica por incentivos tributarios, entre ellos la baja del Impuesto a las Ganancias corporativo y la eliminación de determinados impuestos internos.
Un su informe sobre la reforma laboral, el CEPA advierte que el FAL “desfinancia al SIPA” y constituye una “transferencia millonaria de recursos del trabajo al capital”. El documento detalla que el nuevo fondo se nutre de un 3% de la masa salarial bruta que es compensable con contribuciones patronales.
CEPA subraya, además, una controversia relevante en la interpretación de la norma. Mientras una lectura sostiene que los tres puntos del FAL se corresponden exactamente con la reducción de contribuciones, otra interpretación del texto sugiere que podrían coexistir ambos beneficios, modificando la alícuota efectiva.
En cualquier escenario, el resultado es similar: se abarata la desvinculación laboral y se debilita la recaudación del sistema previsional solidario.
Un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín, titulado Una reforma de regresión laboral, sostiene que el esquema “conduce a que el Estado financie el costo de los despidos”, al redirigir contribuciones sociales hacia un fondo específico administrado por las propias empresas.
Maito, uno de los autores del trabajo, advirtió a Letra P que el FAL es “uno de los aspectos más problemáticos de la reforma”.
“Por un lado, hace que los despidos sean prácticamente gratuitos, eliminando el efecto disuasorio de las indemnizaciones”, explicó. Y agregó: “La reforma laboral implica que el Estado termine financiando los despidos que deciden las empresas, resignando recursos por al menos u$s 2500 millones anuales, lo que agrega una restricción adicional al financiamiento del sistema de seguridad social”.
El informe también señala que el impacto no será homogéneo. Las empresas con alta rotación laboral utilizarán con mayor intensidad el fondo, mientras que aquellas con menor nivel de despidos subsidiarán indirectamente el esquema. El costo se socializa entre firmas, pero el financiamiento proviene de un sistema previsional debilitado.
El CETyD cuestiona, además, el diagnóstico oficial que presenta a las indemnizaciones como un obstáculo central para la creación de empleo. Según sus datos, en la última década sólo el 12% de las bajas laborales se explicó por despidos sin causa, los únicos que generan indemnización. El 78% respondió a renuncias, finalización de contratos, jubilaciones u otras causales sin costo indemnizatorio.
Más de la mitad de los empleos registrados tiene una antigüedad menor a un año y apenas el 22% supera los dos años, lo que reduce significativamente los montos efectivamente abonados. En ese contexto, la reforma laboral y el Presupuesto consolidan un esquema de ajuste permanente sobre la seguridad social, con impacto directo sobre los sectores de menores ingresos.