La Unión Industrial prepara una reunión con integrantes de ambas cámaras. Sin vínculo con LLA, el foco está puesto en el juego de Llaryora, que mira la caja.
Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, escoltado por Martín Llaryora y Daniel Passerini
Prensa UICEl Círculo Rojo de Córdoba no quiere que “la política” ponga obstáculos en el avance del proyecto de reforma laboral que, impulsado por el gobierno de Javier Milei, comenzará a debatirse en el Congreso en las sesiones extraordinarias convocadas desde el 2 de febrero.
Los empresarios “grandes” no desconocen la existencia de negociaciones inherentes al trámite parlamentario. Tampoco reniegan de su necesidad. Sí desconfían de que la rosca política vaya limando los beneficios que perciben detrás de la iniciativa.
Como contó Letra P, para el G7 Córdoba (el grupo de las principales entidades empresarias de la provincia) la sanción de la “modernización laboral” es “urgente e ineludible”. Así se lo han expresado, oportunamente, al propio gobernador Martín Llaryora.
Por si acaso, se lo dirán también a los representantes cordobeses en el Congreso, a quienes convocará uno de sus principales referentes, a fines de la próxima semana, en la previa del inicio de la discusión sobre tablas.
La reunión será en la sede de la Unión Industrial Córdoba. Su presidente, Luis Macario, oficiará como anfitrión. Descontando los votos libertarios, también los rechazos de Gabriela Estévez y Natalia de la Sota, la expectativa estará puesta en la receptividad que puedan mostrar los delegados del cordobesismo.
No será la primera tertulia de este tipo en la UIC. Los industriales cordobeses gustan de tender mesas a las que invitan a funcionarios provinciales y nacionales, a quienes hacen conocer, sin intermediarios, sus intereses y necesidades.
Para sentar postura institucional cuentan con sus célebres Coloquios, a los que asiste gran parte del poder económico y político. Las reacciones de los asistentes suelen oficiar como termómetro de climas sociales. Lo reconocen los funcionarios del gobierno nacional, que registraron frialdad en la edición 2025. Lo saben también los representantes mediterráneos en el Congreso, en particular quienes calibran su mirada de similar manera.
Hace tres meses, semanas antes de las elecciones legislativas, la UIC recibió a los principales candidatos de La Libertad Avanza. Desde la organización aseguraron que la invitación se extendería a (casi) todas las listas, a la postre sólo los libertarios dieron el presente.
Las coincidencias quedaron a la vista. Empresarios y diputados acordaron sobre la necesidad de las llamadas reformas de segunda etapa. La “modernización laboral”, la primera de ellas.
La principal demanda de aquella mañana fue que esas mismas reformas llegasen con consenso político. Por entonces nada presagiaba un triunfo libertario tan rotundo como el que obtendría el 26-O. Mucho menos en Córdoba, donde parecía encaminada una victoria de Juan Schiaretti.
Entrado el verano de 2026, la fortaleza política de LLA parece incuestionable. También se descuenta que tiene los números necesarios para la aprobación del proyecto de ley. Incluso circulan encuestas que auguran un apoyo social a las transformaciones en marcha. En suma, condiciones objetivas inmejorables para lograr la tan ansiada “modernización”
Ante tal certeza, los grandes jugadores de la economía cordobesa temen tanto a la dilación de los tiempos como a la consecuente dilución del espíritu de la ley.
No reniegan de las negociaciones, con señuelos y concesiones. Tampoco desconocen los reclamos de los gobiernos provinciales, incluyendo el de Córdoba, para quienes la sanción de la ley implicaría una importante merma en la recaudación a través del Impuesto a las Ganancias. Les inquieta cuánto podría ceder el gobierno nacional en caso de necesitar avales.
Al tanto de los encuentros entre la CGT y algunos gobernadores, no creen que la nueva norma tenga impacto retroactivo: reconocen su inconstitucionalidad. Más les importan otros aspectos, como los cálculos indemnizatorios, los períodos de prueba y los aportes patronales. Apuntan a la informalidad laboral como el mejor argumento para avanzar.
Montados a decepciones de la década pasada, recargadas al gobierno de Mauricio Macri, piden que la política no se imponga a la economía. “La discusión sobre los impuestos nos excede. Eso es algo que tienen que resolver el gobierno central y las provincias. Nosotros somos los perjudicados por una presión impositiva altísima, que nadie se atreve a desmontar”, repiten fuentes confiables.
“La discusión sobre la coparticipación lleva más de 30 años. Sabemos que es injusta, pero ya estamos cansados de que los gobiernos no resuelvan”, añaden.
Por si acaso, recuerdan que cualquier reforma sólo tendrá impacto positivo en tanto suponga un primer paso para la reactivación económica.
Desde oficinas libertarias niegan contactos extraordinarios con el Círculo Rojo. Sí admiten que el Ejecutivo nacional no está dispuesto a realizar concesiones. “La idea es que no haya demasiadas modificaciones al texto que ya salió del Senado”, dicen a este medio.
Las mismas voces anticipan una chicana a los cuestionamientos que ya circulan. “Los gobernadores olvidan que la plata que reclaman es de los trabajadores. Proviene de su actividad”, señalan.
En el gobierno de Córdoba presienten la escasa permeabilidad a sus planteos. No obstante, no expondrán públicamente su posición hasta lograr una síntesis que incluye miradas fuera de las fronteras. Lo han dicho ya, la postura final se enmarcará en la del bloque de Provincias Unidas.
Mientras tanto, voceros y legisladores repiten una consigna general: es necesaria una modernización de las relaciones laborales, ante un mercado dominado por la informalidad y el avance de la digitalización. El fantasma de la litigiosidad emerge como enemigo común, con las pymes en el centro de las justificaciones.
Mientras tanto, continuarán con las consultas a todos los sectores, incluidos contactos (no siempre públicos) con el G7. La multiplicidad de esas voces servirá también para cubrir la falta de respuestas positivas de Nación. A sólo diez días de las extraordinarias, Córdoba no figura en la agenda del negociador Diego Santilli.