Como los gremios, entidades del sector privado no quieren que se desarticule la negociación colectiva. Razones de una sincronía de aparente incongruencia.
Ezequiel Atauche y Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, durante el debate de la reforma laboral.
Aunque por motivos diferentes, cámaras empresariales que nuclean al sector privado le plantearán al Gobierno que rechazan parte del proyecto de reforma laboral que también quiere eliminar la Confederación General del Trabajo (CGT) porque desarticula los mecanismos de negociación colectiva.
El posicionamiento será presentado en conjunto por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), que este miércoles tendrán una reunión en el Senado con Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich especializada en la materia.
Según pudo saber Letra P, aunque las entidades apoyan el espíritu de la reforma en general y aspiran a que tenga un impacto positivo en la creación de empleo, objetan cinco artículos en particular que entienden que actuarán en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas, que generan el 80 por ciento del trabajo en el país.
La CGT coincide con las cámaras en el rechazo a esta modificación, que busca barrer con las negociaciones colectivas y pondría a trabajadores en una situación de debilidad frente a las empresas. Como contrapartida, los empleadores consideran que la eliminación de reglas comunes podría generar competencia desleal toda vez que las empresas que negocien con seccionales de sindicatos o comisiones internas más débiles podrían utilizan la baja de salarios para ganar competitividad vía costos laborales.
El proyecto que Javier Milei envió al Congreso surgió de las discusiones del Consejo de Mayo, del que participaron representantes del Gobierno, legisladores aliados, el gobernador Alfredo Cornejo, un enviado de la CGT, Gerardo Martínez -que no adhirió al texto final– y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, que apoyó la iniciativa.
Afuera de esa discusión quedaron las pequeñas y medianas empresas, que llevaron su posicionamiento a la Comisión de Trabajo del Senado, donde La Libertad Avanza (LLA) consiguió sacar dictamen a mediados de diciembre. Pero el debate no llegó al recinto porque el oficialismo entendió que no tenía los votos que necesita para aprobar la iniciativa.
Después del receso de las fiestas de fin de año y de los primeros días de enero, Bullrich encargó a sus asesores que retomaran las reuniones técnicas esta semana para empezar a delinear posibles cambios en el proyecto. En ese contexto concurrirán este martes los representantes de las cámaras empresarias, que ya enviaron notas a todos los senadores y a los gobernadores para explicar sus objeciones. Algunos respondieron con pedidos de “ampliación de conceptos”.
En paralelo, el gobierno inició una ronda de conversaciones con mandatarios provinciales a través del ministro del Interior, Diego Santilli, que salió de gira por diferentes distritos para tratar de sumar votos para el proyecto. Mientras, la CGT tiene previsto hacer lo mismo con los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, quienes viajarán a las provincias para pedirles a los gobernadores que rechacen la iniciativa.
En la central obrera hay un ala más dura, encabezada por Abel Furlán (UOM), que busca consensos para llamar a un paro general, mientras la conducción pide prudencia para ver hasta dónde quiere llegar realmente el Gobierno con el proyecto y qué artículos se pusieron en la ley como arma de negociación.
El oficialismo buscará llevar el debate al recinto el 11 de febrero.