El gobernador analiza el impacto del artículo que reduce la recaudación de las provincias por Ganancias. El G7 pide a los diputados que acompañen la medida.
Martín Llaryora durante su exposición en el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
Martín Llaryora no expresa apuro por definir la postura del gobierno de Córdoba ante el proyecto de reforma laboral que Javier Milei espera tener aprobado en febrero. Siempre activo, aún de vacaciones, el gobernador ha transmitido mesura a sus interlocutores y aguarda la redacción final del texto oficial.
La postura es calculada. El mandatario mediterráneo es uno de los que mira con desconfianza el texto que circula hasta aquí. Particularmente al artículo 191, que modifica la escala vigente para el pago del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, con un consiguiente impacto negativo en la recaudación de las provincias.
Como contó Gabriela Pepe en Letra P, según un informe elaborado por el diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, si se aprobara la norma, la baja proyectada para 2026 llegaría a 3,1 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones corresponden a las provincias.
Aún comprensivos de la problemática, desde el Círculo Rojo provincial manejan otro cronómetro. Convencidos de que el contexto político favorece, al fin, la concreción de una demanda largamente reclamada, no quieren demoras en la aprobación del proyecto.
El G7 (agrupación de las siete entidades empresariales más importantes de Córdoba) lo ha dicho en privado, incluso al propio gobernador, lo repite a través de comunicaciones con postura unificada: “una reforma laboral es urgente e ineludible”.
Desde el gobierno provincial apuntan que no habrá una postura individual para cada provincia. Creen que habrá una discusión general, sobre todo el proyecto y sus artículos, en el bloque parlamentario de Provincias Unidas.
No obstante, mencionan dos puntos sobre los cuales no habrá transigencia. Uno es el avance sobre los derechos adquiridos por los trabajadores, posibilidad que el mismo gobierno nacional no despeja. El otro es, precisamente, la quita de recursos a las provincias.
Desde la sede de la gobernación mediterránea estiman en casi $100 mil millones el impacto para sus arcas. Se trata, junto a la de Santa Fe, de una de las administraciones que sería más castigada por esta modificación impositiva incluida en el proyecto de “modernización laboral”.
Las mismas fuentes admiten, empero, que las chances de plantear modificaciones se reducen ante la presunción de que el gobierno nacional ya cuenta con los votos necesarios para aprobar su iniciativa. “Tenemos buena predisposición, pero no hubo negociaciones aún. Dicen que no nos necesitan”, ironizan ante la consulta de Letra P.
Emisarios provinciales esperan tener algunas pistas tras la reunión que sostendrá la mesa política del gobierno nacional este viernes, en la Casa Rosada. Como anticipó este portal, ese mismo día llegará a Córdoba el presidente Milei, quien se hará presente en el festival de Jesús María. Su agenda no incluye, ni lo hará, encuentros con funcionarios del gobierno provincial.
El G7 Córdoba (compuesto por la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Construcción, la Federación de Comercio y la Unión Industrial) se expresa monolíticamente: “el marco laboral necesita una actualización profunda para acompañar los desafíos productivos actuales”.
Los empresarios agremiados ponen a aquella reforma laboral como condición para mejorar la competitividad de las empresas y generar empleo formal. Según analizan, la discusión de hoy se guía por criterios antiguos y no permite el despegue de la economía. “Son leyes del siglo pasado”, remarcan.
Esta postura fue expresada por los propios presidentes de las Cámaras al gobernador Llaryora en una reunión celebrada sobre el cierre del pasado año. Según explican, expusieron la amalgama de intereses que persiguen desde la entidad, en la continuidad de un diálogo al que no condiciona el signo político de quien ocupe la gobernación.
En ese mismo diálogo dejaron en claro al jefe del Ejecutivo su deseo de que la Provincia acompañe el proyecto impulsado desde Nación. Saben que, después de los resultados del 26 de octubre, las condiciones objetivas para avanzar hacia una reforma son inmejorables.
“Creemos que Córdoba tiene un rol clave y debe hacer un gran esfuerzo para acompañar esta reforma, contribuyendo a que una iniciativa largamente reclamada por el sector productivo, pueda concretarse y generar mejores condiciones para invertir, producir y crear empleo formal”, expresa el G7 con postura unificada.
El próximo paso del lobby empresario será la convocatoria a senadores y diputados a un encuentro, posiblemente en la sede de la UIC. El objetivo principal serán los cordobesistas, en particular aquellos que han tenido un mejor diálogo con el sector, como el exgobernador Juan Schiaretti. La convocatoria da por descontada la aprobación de los libertarios y el rechazo de Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).
Los empresarios no desconocen los argumentos del gobierno provincial. Tampoco dudan en rechazar cualquier iniciativa que impacte negativamente sobre la economía cordobesa. Pero consideran que las discusiones sobre el reparto de fondos, con la coparticipación como ejemplo, exceden su órbita. “Eso es algo que tiene que resolverse entre el Estado nacional y sus estados subnacionales”, responden.
Reconocen, sí, que deberá mediar una negociación, en la cual habrá concesiones de las partes, por lo que el texto que finalmente se apruebe puede sufrir modificaciones. Entre ellas, la revisión del artículo 191, que beneficiaría a pocas empresas.
Esperan, claro, que no se afecte lo esencial del articulado, apuntado a una redefinición de las relaciones laborales, un cambio en el cálculo de indemnizaciones, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otros puntos.
Como el gobierno provincial, prestan atención a la otra agenda del gobierno nacional, aquella que traerá a Córdoba al principal negociador del proyecto, el ministro del Interior Diego Santilli. De él esperan las respuestas a los planteos que los gobernadores ya han hecho oír. Particularmente aquellos que, como Llaryora, sostienen reclamos milmillonarios, como el de la Caja de Jubilaciones y el reparto de los impuestos coparticipables.