La Nación administrará la terminal de Ushuaia. Un sindicalista a cargo. Deficiencias operativas y financieras precipitaron la decisión federal.
Tierra del Fuego admitió los problemas estructurales del puerto de Ushuaia
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) intervino por al menos un año el puerto de Ushuaia. Retiró la administración al gobierno de Gustavo Melella y designó al secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, al frente de la gestión operativa, técnica y administrativa de la principal terminal portuaria de Tierra del Fuego.
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la intervención se tomó luego de una serie de advertencias que la administración nacional realizó durante 2025 a las autoridades fueguinas por deficiencias estructurales, operativas y financieras del puerto.
Letra P accedió a la resolución oficial que firmó Iñaki Arreseygor, el director ejecutivo de la ANPyN, y fuentes oficiales adelantaron que el jueves quedará oficializada la intervención con la publicación en el Boletín Oficial.
La terminal atraviesa actualmente la temporada alta de recalada de cruceros turísticos antárticos y cumple un rol logístico relevante para la región austral.
Según fuentes oficiales, la ANPyN ya había alertado sobre la posibilidad de una intervención federal a partir de los resultados de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por Avellaneda. El planteo apuntó al presunto desvío de fondos específicos del presupuesto portuario hacia rentas generales de la provincia.
En particular, la denuncia señaló que una ley provincial sancionada en julio de 2025 creó un fondo destinado al pago de deudas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), financiado con partidas presupuestarias que correspondían de manera exclusiva al Puerto de Ushuaia.
A partir de ese planteo, la ANPyN realizó durante 2025 inspecciones técnicas y administrativas que derivaron en un informe sobre el estado de la infraestructura portuaria. En ese relevamiento se detectaron, entre otras falencias, faltantes de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas en áreas de atraque, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica.
El informe también consignó la obsolescencia y discontinuidad de los sistemas de protección contra incendios, carencias en la señalización y el alumbrado, falencias en el control de ingresos y egresos de tránsito pesado, y deficiencias en la gestión de residuos dentro del predio portuario.
En materia administrativa y financiera, el organismo nacional detectó inconsistencias presupuestarias y observó un convenio firmado por la Dirección Portuaria Provincial de Tierra del Fuego, conducida por Roberto Murcia. En ese acuerdo, el ente portuario se comprometía a asistir al Ministerio de Economía provincial con $4000 millones para financiar obras ajenas al ámbito portuario.
Un auditor de la ANPyN dejó constancia de que “se registró una dinámica de extracción de fondos del Puerto para destinarlos a otros fines”, en contravención con el convenio de transferencia gratuita firmado en 1992 entre la Nación y la provincia, que prohíbe expresamente la derivación de recursos generados por la terminal.
“La intervención es una medida excepcional, adoptada ante la falta de respuestas concretas de la Provincia y la preocupación manifestada por empresas navieras que operan en Ushuaia”, explicó a Letra P una fuente del organismo que preside Arreseigor.
De acuerdo con la información relevada por la ANPyN, el gobierno fueguino habría destinado el 33% del presupuesto portuario a subsidios provinciales, mientras que sólo el 1,3% se asignó a obras y servicios vinculados a la mejora de la infraestructura y la calidad operativa del puerto.
La inspección también detectó irregularidades en los sistemas de registración administrativa. Según consta en el informe, la Dirección Portuaria habría tercerizado el registro de ingresos, egresos y compras en una empresa que no contaba con antecedentes ni habilitación específica para ese tipo de servicios, y cuya actividad principal declarada no estaba vinculada a la gestión portuaria.
Las fuentes afirman que la inspección al puerto derivó en hallazgos graves como que Murcia "tercerizó el registro de ingresos, egresos y compras del puerto, en una empresa fantasma, que figura en los registros oficiales como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas".
La resolución que dispuso la intervención fundamenta la medida en razones de interés público, con el objetivo de restituir condiciones adecuadas de seguridad operativa y revertir el déficit de infraestructura identificado. Durante el período de intervención, la ANPyN contará con asistencia de la Prefectura Naval Argentina para optimizar las tareas de seguridad y operación.
Según se informó, las principales gerencias del puerto continuarán siendo ocupadas por personal fueguino con experiencia técnica y conocimiento operativo, mientras se avanza en un plan de regularización integral de la terminal.
En los considerandos de la resolución, el organismo nacional sostuvo que los descargos presentados por las autoridades provinciales “reconocen la obsolescencia y discontinuidad de los sistemas de protección contra incendios, de los sistemas de alarma y de seguridad, así como la falta de personal de vigilancia suficiente, deficiencias en señalización y alumbrado y falencias en los controles operativos”, entre otros puntos.