El planteo fue realizado por Provincias Unidas y la Coalición Cívica. La Libertad Avanza lo avala por temor a no tener los votos. Sería el martes 10.
Ley de glaciares: se complica la negociación en Diputados y el Gobierno acepta llamar a una audiencia pública.
La Libertad Avanza (LLA) no logra garantizar la sanción de la reforma a la ley de glaciares aprobada en el Senado. Para alcanzar la mayoría en Diputados, aceptará habilitar una audiencia pública no vinculante, un mecanismo establecido en la ley de ambiente y que hasta ahora no había sido incorporado al debate legislativo.
El planteo fue realizado por los bloques Coalición Cívica (CC) y Provincias Unidas (PU). Este miércoles se discutirá en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conversación del Medio Ambiente; y la de Asuntos Constitucionales. Fuentes del oficialismo señalaron a Letra P que está tomada la decisión de citar a una audiencia el martes 10, con invitados de sectores ambientalistas y productivos.
El giro del gobierno se conoció este lunes, cuando los titulares de ambas comisiones (los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz) citaron al plenario, que en principio se iba a realizar la semana próxima. El plan del Gobierno es dictaminar el 11 y sancionar la reforma a la ley de glaciares lo antes posible. Puedo ser al día siguiente o el 18.
La concesión del Gobierno tiene sentido. Con el cuadro de apoyos del Senado, los números en Diputados están muy justos y por lo tanto no está en condiciones de negar una audiencia pública, en la que se expondrán todos los argumentos en contra de la reforma.
El artículo 20 de la ley de ambiente es el que obliga la realización de una audiencia. Establece la obligación de "institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente".
El mecanismo se aplicó por última vez en el Congreso en 2017, cuando se avalaron las represas de Santa Cruz financiadas por China: durante dos días, en el Senado expusieron invitados de organizaciones ambientales que alertaban sobre el daño a la flora y la fauna del lugar.
A su vez, en la nota que presentaron los miembros de PU y la CC recordaron que el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional al que adhirió Argentina, obliga a garantizar una "participación abierta, inclusiva y temprana cuando se trate de decisiones con posible impacto ambiental significativo".
El Gobierno ignoró estas normas en el Senado y en la última reunión que hubo de jefes de la oposición con Martín Menem, cuando fueron planteadas. Patricia Bullrich, al igual que con la reforma laboral, no negoció en espejo con la otra cámara y la sanción no está garantizada.
El proyecto modifica la ley sancionada en 2010, que protege los glaciares y los periglaciares, el ambiente que los rodea y actúa como "regulador de recurso hídrico". Con este cambio, las provincias tendrán potestad plena para definir cómo preservar estas zonas, una exigencia de los gobernadores mineros.
Se trata de un cambio que podría derivar en planteos judiciales de organizaciones ambientalistas, que consideran que está reforma erosiona los cursos de agua.
El debate legal no será sencillo. Es que si bien la Constitución, en el artículo 124, les otorga a las jurisdicciones la potestad sobre sus recursos naturales, en el artículo 41 habilita a la Nación a realizar presupuestos mínimos. Él proyecto aprobado le da prevalencia al rol de las provincias y así las inversiones mineras tendrán más chances de prosperar.
Para llegar a una mayoría, Bullrich le hizo cambios al proyecto de Javier Milei. Se habilitó a que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) realice estudios técnicos-científicos, en caso de que un glaciar no cumpla sus funciones previstas. Las provincias deberán notificar a este organismo.
La reforma a la ley de glaciares fue aprobada en el Senado con 40 votos, tres más que la mayoría. Dos de los positivos los aportaron los exgobernadores Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), quienes integran el bloque peronista y promueven la minería en sus provincias.
El número de aliados que consiguió Bullrich fue bajo -tiene un techo de 47 votos, sin el peronismo- porque los partidos patagónicos, algunos radicales y PU no quisieron acompañar. En Diputados, sin estos aliados, LLA está muy justo para llegar a la mayoría de 129.
A los 95 propios, podría sumar a los seis radicales, los nueve de Innovación Federal (Misiones y Salta) y los 12 del PRO, aunque entre estos últimos podría torcerse Martín Ardohain, si sigue a sus coterráneos del Senado: es que su provincia, La Pampa, teme perder el recurso hídrico ante la desprotección de los glaciares.
Hay votos garantizados de aliados como los tríos de Catamarca y Tucumán; las duplas del MID y de San Juan (Producción y Trabajo), provincia que también puede aportar votos desde el peronismo. No muchos más. Sin PU y la CC, el cambio de la ley de glaciares no está garantizado. Por eso el Gobierno tiene que ceder y citar a una audiencia pública. No le sobra nada.