Apoyaron las reformas y el ajuste, pero le reclaman al Gobierno "diálogo constructivo" con el sector privado. Martín Rappallini y el equilibrio imposible.
Martín Rappallini, el jefe de la UIA pidió respeto para la industria
La UIA, que preside Martín Rappallini, y AEA salieron a marcarle límites a Javier Milei tras los ataques a la industria y, en particular, a Paolo Rocca, a quien llamó "Don Chatarrín". Las entidades pidieron “respeto” y defendieron el aporte productivo y fiscal del sector, en medio de un clima creciente de tensión entre el Gobierno y el empresariado.
La Unión Industrial Argentina (UIA) lcambió el tono, al advertir que el empresariado nacional no es responsable de las “distorsiones estructurales acumuladas en décadas” y fijó posición: “Queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en Argentina”.
En la misma línea, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llamó a un “diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y el sector privado para remover los obstáculos al desarrollo”. La entidad nuclea a directivos de Arcor, Techint, Mercado Libre, Clarín, La Nación, Bagó, Coto, IRSA y Globant, entre otras compañías importantes.
La reacción empresarial fue una respuesta al tono acusador y burlón que el Presidente volvió a desplegar en la apertura de sesiones ordinarias. “Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista. Nos dijeron que la única forma de generar empleo era sostener un esquema industrial fuertemente subsidiado”, afirmó Milei ante la Asamblea Legislativa.
Rappallini intenta sostener un delicado equilibrio para no romper puentes con la Casa Rosada. En el comunicado, la UIA reconoció “avances logrados”, como el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la actualización del marco laboral, además del proceso de integración internacional y las medidas orientadas a mejorar la competitividad.
Sin embargo, dejó en claro su posición sobre el rol del sector: “Sin industria no hay Nación”, recordó la entidad, citando al expresidente liberal Carlos Pellegrini.
El documento incluyó datos para reforzar el argumento. La industria produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional, una contribución superior a su peso en la economía. Además, genera de manera directa el 19% del empleo formal, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores y 3.600.000 personas vinculadas a la actividad. A eso se suman 2.400.000 empleos formales indirectos en toda la cadena productiva.
“La UIA reafirma su vocación de trabajar junto al Gobierno, los trabajadores y la sociedad para construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo. La industria es parte de la solución”, concluyó el texto.
El malestar se profundizó tras las referencias de Milei a empresarios industriales. El Presidente retomó la saga de “Don Chatarrín” para aludir a Rocca, ceo de Techint, y volvió a cuestionar a empresarios a los que acusa de defender privilegios.
En su discurso, asoció el cierre de la planta de FATE con “personas siniestras, y algunos de ellos golpistas” que, bajo la “pátina de un nacionalismo de pacotilla”, defienden el proteccionismo y el control de capitales “con la única intención de robar a los argentinos de bien”.
Las palabras impactaron en la cúpula industrial. “El panorama se va calentando, la realidad se impone y el conflicto de intereses que representa Rappallini es complejo”, señaló a Letra P un integrante del Comité Ejecutivo de una entidad fabril del centro del país.
La referencia apunta a la doble condición del titular de la UIA como empresario. Rappallini es socio del Grupo Alberdi y participa en proyectos mineros en Mendoza, además de desarrollar parques industriales en el conurbano bonaerense. Esa posición lo obliga a administrar tensiones internas entre sectores que reclaman confrontar con el Gobierno y otros que prefieren preservar el vínculo.
El comunicado de la UIA mostró, además, coincidencias discursivas con el mensaje de apertura de sesiones del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La entidad sostuvo que detrás de cada fábrica “hay un capital social construido por empresarios y trabajadores”, una definición que el mandatario provincial también utilizó para defender el entramado productivo.
El texto se difundió tras una reunión del Comité Ejecutivo de la UIA con representantes de la región Norte —Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán—, en el que se expusieron las dificultades de las economías regionales.
Según la entidad, esa zona concentra una cuarta parte de la población argentina, pero exhibe el menor poder adquisitivo del país y un bajo nivel de empleo privado registrado, con fuerte dependencia del sector público. Los representantes regionales solicitaron respaldo para impulsar medidas que alienten la actividad industrial.
El malestar no se limita al plano discursivo. En Rosario, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron sobre la caída de la actividad, el empleo y el consumo.
El diagnóstico se repite en la provincia de Buenos Aires, donde más de 5600 empresas cerraron desde la asunción de Milei, dentro de un total cercano a 22.000 firmas que dejaron de operar a nivel nacional.
En ese contexto, la conducción de la UIA busca sostener un equilibrio complejo: respaldar el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero sin convalidar un relato que, entienden, estigmatiza al sector industrial. La tensión con la Casa Rosada, lejos de disiparse, abre una nueva etapa en la relación entre el poder político y el empresariado.