Acercó al Congreso un borrador con fragmentos similares a los que fracasaron. Privatizaciones y emergencias, continúan siendo los temas más conflictivos.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
La versión XS de la ley ómnibus que el presidente Javier Milei acercó a referentes de la Cámara de Diputados en formato de borrador contiene fragmentos del proyecto original que fracasaron en el recinto, como las bases de las emergencias rechazadas y las privatizaciones, que no se trataron por falta de consenso. Si los mantiene, el resultado será el mismo.
Esa fue la conclusión de los sectores rebeldes de la Cámara baja consultados por Letra P, que hace un mes fueron ignorados por la Casa Rosada para hacer las cuentas. Son los partidos provinciales, sectores de la UCR y del bloque Hacemos Coalición Federal, que tendrá una reunión el martes para debatir. El pacto fiscal no tiene mayores reparos.
Durante aquella sesión, el oficialismo reenvió el proyecto a comisión cuando fueron rechazadas las bases de las delegaciones especiales, como se denomina a las herramientas asignadas al Presidente para tomar decisiones.
El abrupto final fue previo al tratamiento del capítulo de las privatizaciones, que tampoco tenían los votos garantizados aprobarse a libro cerrado. Luego debían ser sometidos a votación más de 500 artículos, muchos de ellos consensuados, pero el Gobierno prefirió quedarse sin nada.
En el borrador que circuló por la Cámara baja -que habría facilitado el ministro del Interior, Guillermo Francos- Milei anticipó que solicitará sostener cuatro emergencias por un año (administrativa, económica, financiera y energética) y hace especial hincapié en los artículos de la reforma del Estado que cayeron.
El principal es el que le otorga la posibilidad de disolver o extinguir los fondos fiduciarios o enviar sus partidas asignadas al Tesoro nacional. No fue aprobado por presión de los gobernadores. En este caso, la suerte dependerá de la negociación entre los mandatarios y Francos.
Milei también quiere retomar el tratamiento de la reforma del Estado, con las delegaciones que sucumbieron en el recinto, como la posibilidad de reorganizar, fusionar, transformar y disolver total o parcialmente organismos de la administración pública. Sólo quedan a salvo las universidades, el Conicet y el INTA.
Estos incisos de la ley ómnibus no fueron aprobados por la resistencia de los partidos provinciales y de la mayoría de los bloques HCF y UCR, donde la rebelión fue liderada por el grupo identificado con el presidente del partido, Martín Lousteau, elegido como enemigo del Gobierno. La versión XS promueve además reformar la ley de procedimientos administrativos y la de empleo público.
Milei no está dispuesto a ceder en lo que considera el aspecto central de la ley ómnibus: las privatizaciones de empresas públicas.
Tanto es así, que el día previo a la sesión, el asesor presidencial Santiago Caputo les anticipó a los referentes parlamentarios que prefería que el proyecto se cayera si no se votaba este capítulo.
El bosquejo que armó la Casa Rosada mantiene la propuesta para vender empresas públicas, aunque divididas en tres grupos. Propone privatizar Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio e Intercargo.
Se plantea la posibilidad de crear sociedades mixtas con Nucleoeléctrica, el Banco Nación y la Empresa argentina de soluciones satelitales. En concesión entrarían Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales.
En HCF y en los sectores rebeldes de la UCR, la contrapropuesta no convence. Insisten en excluir al Banco Nación y en conocer en tiempo real las eventuales licitaciones y contratos.
Además de la reforma laboral, que tiene amplio consenso, en la nueva ley ómnibus Milei pedirá renegociar o rescindir contratos y desregular actividades económicas. Retoma la reforma de la ley de hidrocarburos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La otra reincidencia de Milei es con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que en la versión original del proyecto proponía liquidar.
La que enviará el Gobierno en los próximos días toma el último acuerdo con la oposición dialoguista, que consistía en consolidar la deuda del FGS con el Tesoro (para mejorar el balance) sin vender las acciones que tiene en empresas.
El problema en este tema es que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quiere incluir un compromiso para pagar las deudas a las cajas previsionales de las provincias que fueron armonizadas. Es una obligación asumida por el Ejecutivo por ley, pero no se cumple.
El Gobierno pretende debatir una nueva fórmula previsional con una actualización por inflación desde febrero. La propuesta ya es parte de una polémica en el Congreso que tendrá un primer capítulo el miércoles, con la sesión pedida por la Coalición Cívica para tratar su proyecto, que propone indexar jubilaciones por la suba de precios retroactiva a enero. Es la puesta en marcha del ómnibus XS.