A un día de iniciarse la votación en particular del proyecto denominado ley ómnibus, todo sigue como el viernes, cuando la iniciativa se aprobó en general y se pasó a un cuarto intermedio para buscar consensos en la letra chica del articulado. El Gobierno y los bloques dialoguistas (UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) siguen sin acordar los aspectos centrales, como privatizaciones, facultades delegadas y toma de deuda. Además, el presidente Javier Milei reiteró a través de sus funcionarios que no aceptará coparticipar el impuesto PAIS, como piden los gobernadores.
El fin de semana no hubo negociaciones y recién el domingo por la noche los emisarios del Gobierno se comunicaron con referentes de las fuerzas aliadas para puntear los votos. El diagnóstico compartido es que si Milei no cede a los reclamos de los mandatarios provinciales, la ley ómnibus será despedazada.
La sesión debe retomarse el martes a las 14 y, al menos hasta el cierre de esta nota, en las bancadas dialoguistas no había decisión de retacear el cuórum aun si no avanzan los consensos con la Casa Rosada. La UCR tenía un zoom al mediodía y HCF, una cumbre por la tarde para definir los pasos a seguir. “Vamos a ir y se caerá lo que se tenga que caer”, vaticinó ante Letra P la autoridad de una de esas bancadas.
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Sin una hoja de ruta acordada, la votación en particular será sumamente engorrosa y podría durar tres días, con cuartos intermedios a la medianoche. No es una tarea sencilla: se tratarán los 584 artículos del dictamen de mayoría. Más de cien fueron eliminados el viernes, aunque pueden ser debatidos igual si alguna bancada lo solicita. Por caso, la Coalición Cívica anticipó que pedirá modificar la fórmula de actualización previsional.
Tampoco hay acuerdo en sostener el artículo que elimina el decreto de creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que el diputado de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, omitió mencionar entre los que serán eliminados. En la oposición entendieron que pudo tratarse de un nuevo intento del Gobierno para vender las acciones en empresas.
Fojas cero
El FGS también entró en la lista final de reclamos de las provincias, porque el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso usarlo para financiar los déficits previsionales de las cajas provinciales que fueron armonizadas con la Nación. Son la de su provincia y la de Santa Fe. Algunos colegas de otros distritos no están dispuestos a seguirle el juego.
En el Gobierno hicieron caso omiso a estas propuestas y en la oposición no descartan que Milei esté dispuesto a dejar caer la ley, como sugirió su asesor, Santiago Caputo, en la última reunión que tuvo con referentes legislativos. El presidente echó leña al fuego el domingo cuando compartió en sus redes sociales un chiste del dibujante Nick, que definía como un “hito único” que la Cámara de Diputados haya estado abierta en enero. En la UCR se turnaron para responder. El más enojado fue el mendocino Julio Cobos.
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Rodrigo De Loredo y Soledad Carrizo (UCR) hablan con Nicolás Massot (HCF), durante el debate de la ley ómnibus.
El partido centenario tuvo sólo dos votos en contra en la votación en general (Facundo Manes y Pablo Juliano), pero hay un grupo rebelde dispuesto a reescribir cada artículo, que puede alcanzar hasta 14 voluntades. Suficiente para obligar a Milei a escucharlos o dejar caer capítulos enteros del proyecto.
Los 34 miembros de la UCR no aceptan la contrapropuesta del Gobierno para habilitar la privatización de empresas, que consiste en empoderar a la bicameral de control. Un sector exige un dictamen de la Auditoría General de la Nación que sea vinculante. Otro insiste con una ley por cada venta y en excluir compañías como el Banco Nación, que Milei quiere convertir en una sociedad mixta.
También está trabado el fragmento de proyecto que facilita la toma de deuda en dólares. La UCR propuso habilitar una renegociación de pasivos en las condiciones elegidas por el Gobierno de turno, con la obligación de ir al Congreso en caso de default. La idea no fue aceptada.
La falta de un acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias complica también las facultades delegadas, al menos en dos de las seis materias que son requeridas: económica y financiera. Los gobernadores no quieren darle herramientas al presidente para que pueda ignorarlos. La emergencia tarifaria y la energética serían restringidas. La de seguridad y administrativa tienen más consenso.
Los partidos provinciales, agrupados en Innovación Federal, tienen sus reclamos, como la reforma del fondo del Tabaco o sostener los fideicomisos energéticos. Sin sus votos el proyecto puede ser aprobado en Diputados, pero se trabará en el Senado.
La pelea por fondos demoró la discusión de otros capítulos que están sin acuerdo en la letra chica como el ambiental (la UCR no acepta derogar la ley de glaciares), el de seguridad (no pasan el aumento de penas a manifestantes y el aumento de casos por legítima defensa -gatillo fácil-) y los cambios a las políticas culturales. Se definirán en la votación en particular. Como y cuando sea.
