Maximiliano Abad presentó un proyecto para defender la estatización de YPF.
YPF.
Captura de redes
El senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de declaración para que el Senado rechace el fallo de la jueza Loretta Preska, que condena a la Argentina a ceder el 51% de las acciones de YPF como forma de pago parcial en una demanda radicada en los Estados Unidos.
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La iniciativa, acompañada por el fueguino Pablo Blanco, busca ratificar la inmunidad soberana prevista en el artículo 10 de la Ley 26.741, que regula el régimen de expropiación de las acciones de YPF S.A., y denuncia que cualquier intento de ejecución violaría principios fundamentales del derecho internacional.
“El interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado”, expresó Abad al fundamentar su propuesta.
La Argentina no puede ser sometida a decisiones de tribunales extranjeros que desconozcan nuestras leyes. El intento de avanzar con la cesión del 51% de las acciones de YPF es un atropello inaceptable a nuestra soberanía.
Una defensa jurídica frente al fallo de Loretta Preska
El fallo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York es considerado por Abad como un “grave avasallamiento a la soberanía nacional” y una injerencia inaceptable de una corte extranjera sobre decisiones internas del Estado argentino.
El legislador advirtió que la transferencia del paquete accionario mayoritario de YPF sólo podría concretarse con aprobación del Congreso Nacional, con una mayoría calificada. Según explicó, ese requisito constitucional invalida cualquier intento externo de imponer condiciones contrarias al ordenamiento jurídico interno.
Además, sostuvo que el Poder Ejecutivo debe utilizar esta base jurídica como fundamento sólido para reforzar la apelación y consolidar la defensa argentina en el plano internacional.
Riesgos institucionales y económicos que plantea el proyecto de Maximiliano Abad
El proyecto también señala las consecuencias económicas de acatar el fallo: la afectación directa de las reservas nacionales, el debilitamiento del mercado financiero interno, una potencial pérdida de confianza de los inversores y un agravamiento de las tensiones institucionales.
“El cumplimiento del fallo implicaría ceder soberanía sobre recursos estratégicos. La defensa de YPF es la defensa del federalismo, de la autonomía legislativa y del futuro energético del país”, afirmó el senador.
Para Abad, el caso excede lo jurídico y entra en el terreno político e histórico: “La causa YPF no es solo un litigio judicial: es un capítulo más en la historia de lucha por la soberanía de nuestros recursos”, expresó. Y advirtió que el fallo “busca condicionar esa potestad, beneficiando a intereses especulativos”.