La causa avanzó sin filtraciones. “En los hechos, se está depurando la fuerza”, afirmó el ministro Daniel Pastore. La reacción opositora.
Conferencia de prensa en Jefatura de Policía de Córdoba. El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el fiscal Guillermo González.
Foto: Roberto Figueroa.La fuerza policial de Córdoba, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad comandado por Juan Pablo Quinteros, volvió a sufrir un cimbronazo. El detalle de la causa, que avanzó sin filtraciones, fue anunciado en conferencia de prensa: el director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, y otras seis personas fueron detenidas e imputadas. El gobierno destacó la autonomía en el proceso judicial.
El ministro de Comunicaciones de Martín Llaryora, Daniel Pastore, puso en relieve la fortaleza institucional de la provincia y señaló que "se está depurando la Policía”.
Fue el fiscal Guillermo González quien ordenó las medidas judiciales tras una larga investigación que los apunta por los delitos de coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, peculado, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia. Notificó de los casos al ministro durante esta misma madrugada.
Un comunicado de prensa en la mañana de este viernes anticipaba la información y la inminente conferencia de prensa donde se brindarían los detalles. De ese encuentro con la prensa expusieron Quinteros y González.
Ambos informaron que los delitos no estaban relacionados con sus funciones dentro de la fuerza policial sino en una tarea fantasma de “abogados comisarios”: cobraban dinero a través de personas.
Los imputados son todos abogados, "actuaban como tal y usufructuaban de manera indebida el lugar que ocupaban en la Policía", explicaron. Usaron esa información privilegiada para beneficiarse, como el acceso a antecedentes.
El ministro, que explicó que estuvo ajeno a la investigación y se enteró durante la madrugada del caso, respaldó la labor de la fiscalía y subrayó que “desde el primer día el gobernador nos encomendó una tarea clave: ejecutar la absoluta transparencia en las fuerzas”.
“Trabajamos junto al Ministerio Público Fiscal para depurar la Policía. No vamos a encubrir ni esconder estos hechos”.
En esta línea, el ministro de Comunicaciones, Daniel Pastore indicó que se tomaron todas las medidas para que no haya impunidad. Asegura que está garantizada la justicia por medio de la “fortaleza institucional” de Córdoba, la que no tendría intermediaciones ni interferencias. “El que las hace las paga. Vamos a seguir por ese camino”, indicó a Letra P.
Se trata del director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán; su hermano, el abogado Gastón Ochoa Roldán; el comisario inspector Martín Darío Heredia; el jefe de la Asesoría Letrada de la Policía, Leonardo Torres.
Además, a la lista se le suman el comisario inspector Jorge Gutiérrez (de Protección de Testigos); el suboficial Dante Gabriel Villalba, chofer en la Jefatura de Policía y Gabriel Burkhard, un civil acusado de coacción, junto con otros civiles y abogados presuntamente vinculados a una red delictiva.
La imputación aplica por los presuntos delitos de coacción, extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito (en al menos cuatro hechos), encubrimiento por omisión de denuncia y asociación ilícita.
La Unión Cívica Radical (UCR) fue la primera en expedirse con un comunicado donde acusa a Quinteros y al Ejecutivo de encubrir sucesivas prácticas mafiosas instaladas en las diferentes fuerzas policiales.
“Este nuevo escándalo responde a 26 años de un gobierno que, evidentemente, se está cayendo a pedazos. Que ya no puede esconder con la mano la impunidad y la negligencia con la que se maneja”, apuntaron, entre otros enunciados.
A la movida se plegó en sus redes sociales, el diputado Rodrigo de Loredo, quien estuvo en el ojo de la tormenta por el uso de IA en un video contra Martín Llaryora.
Desde el Frente Cívico, partido al que perteneció Quinteros como socio de Luis Juez, exigieron la renuncia del funcionario. El senador cordobés lanzó: “¿Qué más nos tiene que pasar para que el gobernador tome la decisión de echar al ministro de Seguridad? ¿Cuántos jefes de la policía deben estar presos para que se den cuenta que esto es un problema estructural?”.
Gregorio Hernández Maqueda, exlilito y neolibertario, de Mejor Futuro, criticó como “irregular” que el fiscal participara de la conferencia de prensa junto a Quinteros. “Vamos a denunciar todo”, dijo.
Por su parte, Agustín Spaccesi, el líder del Partido Libertario, repudió el hecho y exigió “una purga real, no maquillaje”.