El funcionario de Juan Schiaretti era la máxima autoridad imputada por la muerte de bebés. Perpetua para la enfermera Agüero. La comparación con el caso de CFK.
Diego Cardozo fue absuelto en la causa por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba
La causa por la sucesión de muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de 2022 en Córdoba concluyó con condenas dispuestas por la Justicia como la de prisión perpetua para la acusada como autora material de cinco homicidios, la enfermera Brenda Agüero. Pero los reflectores políticos se posaron en la absolución de Diego Cardozo, exfuncionario del PJ en la provincia.
El exministro de Salud de Juan Schiaretti había llegado a las audiencias acusado por los delitos de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público. La Fiscalía había pedido tres años de prisión para él; las querellas el doble, con consiguiente prisión efectiva. Su absolución fue dispuesta por la mayoría del tribunal, compuesto por ocho juzgados populares y un triunvirato técnico.
Peor fue la suerte de quien le sucedía en el organigrama de la cartera. Pablo Carvajal, exsecretario de Salud, fue condenado, también por mayoría, a cuatro años de prisión por los mismos delitos que era acusado Cardozo.
También recibieron condenas las máximas autoridades del Hospital al momento de producirse los hechos. Todas nombradas durante la misma gestión gubernamental, recibieron penas de cinco años de prisión, por encubrimiento: Liliana Asís, exdirectora; Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología; Adriana Moralez, encargada del Comité de Seguridad del Paciente; Alejandro Escudero Salama, ex subdirector administrativo.
Además, el fallo estableció cuatro absoluciones, todas por unanimidad: tres médicas con cargos en la institución y Alejandro Gauto, exsecretario de Coordinación ministerial.
La absolución de Diego Cardozo llevó un soplo de alivio a la cúspide del poder mediterráneo, desde hace 25 años en manos del peronismo cordobesista.
Médico cirujano, era algo más que otro ministros de paso por la función pública. Pocos acumularon tanto poder como el nacido en Santiago del Estero y radicado en Córdoba desde su juventud.
Promovido a la función pública por José Manuel de la Sota en 2011, se desempeñó como subdirector del Hospital San Roque, uno de los insignes de la salud pública provincial. En 2015 ascendió a subsecretario del ministerio de la mano de Francisco Fortuna, un hombre de tareas clave en la Legislatura y en diversas carteras.
Formado por éste, lo reemplazó como ministro en 2019. De inmediato profundizó el sello verticalista que aquel impulsaba. Con vasto conocimiento de la institucionalidad policial, aplicó una centralización de los procesos de decisión, así como de la dinámica de comunicativa.
La irrupción de la pandemia incrementó su poder en el organigrama. Su ministerio obró, entre 2020 y 2022, como órgano rector de las políticas de salud que aplicara Schiaretti en su última gobernación.
En su gestión se profundizaron vínculos con actores privados, avance hacia un modelo de cogestión con articulación en distintos niveles.
Durante ese período también extendió la influencia de La Carrillo, una agrupación política cercana a Alejandra Vigo. De su seno emergieron funcionarios que ocuparon cargos en el organigrama de Salud.
La ocurrencia de las muertes de bebés en el Hospital sorprendió a Cardozo luego que le diagnosticaran una severa enfermedad. Tal fue la razón públicamente expresada de su salida; nadie evitó ver la mano política detrás de la decisión.
A partir de ese momento el exfuncionario sufrió una vertiginosa pérdida de poder que se reflejó en su imputación y posterior procesamiento. En la previa al juicio, el médico filtró audios en los que denunció aprietes y un sugestivo cambio en su representación legal, por la que apuntó directamente al Gobierno. Más dolor expresó al recordar épocas de cercanía con el matrimonio Schiaretti–Vigo, de quienes ofició como médico personal.
La absolución de Cardozo motivó una rápida reacción de la oposición. Desde sus bancas, en plena sesión de la Legislatura, dispararon contra la Justicia provincial. Según interpretan, el veredicto constituye otra prueba de la existencia de “un pacto” entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial.
Tal hipótesis, que fue convenientemente desempolvada en las horas previas a la audiencia final, asigna a la Justicia provincial un rol de cancerbero de la continuada gestión cordobesista.
Otras voces cotejan el criterio empleado por la Cámara 7° en lo Criminal y Correccional de Córdoba con la confirmación de la Corte Suprema de Justicia a la condena a Cristina Fernández de Kirchner: mientras a la expresidenta se la condenó por una responsabilidad difusa (no fehacientemente probada), al exfuncionario provincial lo exculparon de toda responsabilidad en la trama macabra que permitió que (según lo resuelto) una enfermera pudiera atacar a 13 bebés, en un plazo de varias semanas, sin que se hayan activado los procesos correspondientes, que deberían haber incluido una rápida participación a la Justicia. En otras palabras, “le perdonaron haber incumplido sus deberes”.
Claro está, semejante presunción alude también a quien se desempeñaba como máxima autoridad provincial, el exgobernador Schiaretti. Semejante crítica se desgranó también en las interpretaciones de la resolución de otro fallo histórico: el asesinato de Valentino Blas Correas por efectivos de la Policía de Córdoba.
Desde la Gobernación volvieron a hacer un voto de silencio en la álgida noche del miércoles. Como hace una semana, como al inicio mismo del juicio, los funcionarios aseguran que no deben emitir opinión sobre las resoluciones judiciales. “Se acatan o se apelan”, sentencian.
Aunque Cardozo no integró el gabinete de Martín Llaryora, e incluso se menta algún duro cruce entre ambos, en el Panal nadie desconocía el potencial impacto de una condena a un exministro. Sobre todo, a uno “superpoderoso”.
Desde enero, el llaryorismo también diluyó interpretaciones sobre una eximición de culpabilidad del cirujano. Además de negar injerencia alguna en el proceso judicial, destacaron que nada de lo ocurrido en aquellos meses de 2022 ha condicionado a la gestión que iniciara un año y medio después.
Acaso un aspecto contradiga directamente la percepción oficial. Los asesinatos de bebés en el Hospital Ramón Carrillo catalizaron reclamos de revisión de los marcos legales que regulan el ejercicio de la salud pública. A la recategorización propuesta le sucede un replanteo salarial que, de concretarse, tendría un indudable impacto en las arcas provinciales.