Con una batería de proyectos, busca desviar la atención del jefe de Gabinete. Menem y Bullrich blindan a la oposición. La rosca por las vacantes judiciales.
Karina Milei y Manuel Adorni.
Sobre el final de la semana, Manuel Adorni buscó refugio en el Congreso para reponerse de las denuncias que lo obligarán a explicar cómo pagó sus vacaciones en Punta del Este y sus nuevas propiedades. Los proyectos de ley del Ejecutivo serán un paraguas que tape el principal objetivo de Karina Milei, dentro y fuera del Parlamento: construir un escudo de poder que proteja a Javier Milei.
El armado de un blindaje presidencial debería haberse edificado al comienzo de la gestión libertaria y es uno de los grandes reproches de la secretaria general de la Presidencia a Santiago Caputo. El plan tiene dos componentes: solidificar una mayoría legislativa que impida que la oposición vuelva a unirse para manejar los recintos, como en 2025; y cubrir las vacantes judiciales con figuras afines. La posibilidad de que Lilia Lemoine se convierta en presidenta de la comisión de Juicio Político en Diputados es parte de este esquema. En el resto de las bancadas no tienen claro si lo permitirán.
Adorni tiene que levantar cabeza, pero con recaudos. Su primer informe de gestión será en la cámara baja para no depender de la logística de Victoria Villarruel. El titular de Diputados, Martín Menem, armó un itinerario acorde a las necesidades del jefe de Gabinete: recién el 29 sería la sesión y sólo hasta este lunes la oposición podrá enviar preguntas. Se ve que necesita tiempo para encontrar respuestas.
Los Menem (Martín y su primo Lule), brazos operativos de Karina, son los encargados de negociar las vacantes judiciales, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Hay más de 300 cargos en Tribunales a elegir y un centenar ni siquiera tiene concurso terminado. El resto, son ternas que deben evaluar Mahiques y los Menem. La rosca involucra a los oscuros pasillos de Comodoro Py y al Senado, aunque el trío que maneja la Corte Suprema sería el que corte el bacalao, con las influencias que puedan tener.
No está nada fácil definir los nombres, porque las denuncias contra Adorni -que según el propio jefe de Gabinete tuvieron aportes de inteligencia ilegal- desnudaron el fracaso del Gobierno en lograr un diálogo con la justicia federal porteña, que interviene en casos de corrupción y tiene vacantes en juzgados y en el Tribunal Casación.
El reflejo de esta tensión generada en la propia impericia de Milei es el rol del juez Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno y rechazado en el Senado como miembro de la Corte Suprema. En estos días es uno de los magistrados que tiene a maltraer al ministro coordinador.
Cambiar esa ecuación de poder es tal vez el desafío más grande de Milei, que delega esta tarea y la ve de afuera. El envío de los pliegos se demora y los aliados de la Casa Rosada sospechan de una trampa del nuevo ministro de Justicia: entienden que puso el freno a la espera de los tiempos burocráticos del pliego de su padre, Carlos Mahiques, propuesto por el Presidente para que que continúe cinco años en Casación.
En noviembre, Coco Mahiques cumple 75 años y el Senado está autorizado a prorrogar su mandato. La audiencia en la comisión de Acuerdos para justificar esta propuesta será el jueves 16 de abril y el kirchnerismo prepara una contraofensiva fuerte, con fotos y testimonios de aquel viaje de los Mahiques a Lago Escondido con la crema de la Justicia y el empresariado.
Patricia Bullrich ya se preparó para la defensa: en una interpretación del reglamento del Senado cuánto menos polémica, la jefa del bloque de LLA le asignó sólo tres de 17 miembros al peronismo en Acuerdos, aun cuando, con sus aliados fijos, este espacio representa al tercio de la cámara alta.
La exministra le dio vocalías al amplio espectro de aliados, incluidos los peronistas que abandonaron el bloque. Entre esos 16 senadores se definirá qué pliego pasa por el recinto: funcionarán como en una sesión de labor parlamentaria sobre el organigrama judicial.
En el interbloque peronista conducido por José Mayans no hay consenso en judicializar este conteo caprichoso de la jefa libertaria, aunque la discusión está abierta. “Los jueces suelen no intervenir en debates reglamentarios de las cámaras. Y si cambian esa doctrina, cuando volvamos a gobernar nos puede jugar en contra”, entienden los senadores más experimentados.
Bullrich tiene fe en que nada cambiará: les dijo a sus dirigidos que la Justicia sólo interviene con reparto de cargos que tienen rango constitucional, como la AGN o el Consejo de la Magistratura, que renueva representantes del Congreso. El resto, es por mayoría simple. “Ya pasó la época en la que La Libertad Avanza no hacía acuerdos legislativos”, fanfarronea en la intimidad.
Por si fuera poco: la Corte Suprema envió un mensaje esta semana a Karina y los Menem, con una acordada en la que pidió cambiar el sistema de selección de jueces, con una incidencia mínima (10%) de las entrevistas finales.
La propuesta, que tratará el Consejo de la Magistratura, restringe la incidencia de la representación política en la selección de jueces. En el Congreso hay quienes creen que, si se aplica, los supremos pedirán que sea retroactiva y así digitar el centenar de concursos que restan.
Hay un caso que resuena en la oposición, el de Mariano Pérez Roller, secretario general del Consejo de la Magistratura, candidato a ocupar una vacante en el estratégico Tribunal de Casación Penal y de buena relación con los miembros del máximo tribunal. Tal vez pueda ser colega de ellos sin ser sometido a una entrevista decisiva.
Los Menem exploran líneas de contacto con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien no firmó la acordada sobre los concursos, porque también encabeza la Magistratura y si lo hacía podían pedirle que se excusara cuando haya que considerarla.
En diciembre, con la eliminación de un capítulo 11 del Presupuesto 2026, se cayó también una inyección de fondos para la Justicia que había gestionado el santafesino, a cargo de asignar las partidas de cada oficina del fuero federal. La gestión no tardará en retomarse.
La Magistratura se convirtió en el escenario de negociación de los Menem –que tienen los representantes del Ejecutivo y oficialistas del Congreso; y la Corte, que maneja a dedo a los estamentos judiciales.
Bullrich tomó como una sorpresa que el jefe de Gabinete salteé el Senado, cámara en la cual, por alternancia, le tocaba asistir. El jefe de Gabinete justificó su decisión en antecedentes que lo avalan, pero quedó sujeto a posibles pedidos de interpelación. La exministra se reunió con él el jueves en la Casa Rosada y ni le preguntó: sus allegados cuentan que lo vio muy golpeado, sin superar el shock anímico de la difusión de fotos e imágenes de su familia.
La foto Adorni-Bullrich tuvo la función, además, de acallar las versiones sobre las sospechas que recaen contra la exministra por la filtración de las imágenes del vuelo de la familia Adorni a Punta del Este, basadas en su cercanía a órganos de inteligencia de la policía federal.
La tensión no cede y este jueves, operadores de Karina Milei llamaron a las redacciones más importantes del país para informar que Sebastián Pareja, su armador bonaerense, será el presidente de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. El cargo le corresponde a Diputados y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, asegura que Menem se lo prometió en diciembre y no cumple. Siempre que el presidente de la cámara baja incomoda al partido amarillo sufre alguna represalia. La última fueron las correcciones a la reforma laboral, impulsadas por Mauricio Macri.
Las mismas usinas karinistas hablaron con los mismos periodistas que Milei denosta para informar que el martes, Lemoine será votada como presidenta de la comisión de Juicio Político.
Para ser electa, la diputada más cercana al Presidente necesita del voto de aliados del Gobierno en la comisión, como el misionero Alberto Arrúa (cercano a Carlos Rovira); Ritondo y Alejandro Finocchiaro (PRO).
Hay dos votos de Provincias Unidas que LLA buscará y que no siempre consigue: el cordobés Juan Brügge, referente de la democracia cristiana y socio del gobernador Juan Schiaretti; y Mariela Coletta, leal a Martín Lousteau. Un opositor raso es Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
Si se complica la negociación con estos aliados, el Gobierno tiene que golpear la puerta de Unión por la Patria, donde estudian si Lemoine puede ocupar ese cargo sin título de abogada.
No hay restricciones reglamentarias, pero tampoco antecedentes cercanos. Hubiera sido uno si Menem dejaba asumir a la exlibertaria Marcela Pagano, quien, de todos modos, en su intento por ocupar esa butaca, contó con apoyo del peronismo, en aquella accidentada reunión inaugural de la comisión de Presupuesto, en 2024.
Para Menem, tan importante como la presidencia es tener la mayoría en la comisión de juicio político, porque de lo contrario, un emplazamiento en el recinto puede activar una investigación contra el presidente y desgastarlo durante meses.
El martes, en Diputados se constituirán otras comisiones que tendrán mucha actividad como Libertad de Expresión, donde el oficialismo hace un casting para definir la presidencia.
La cámara baja volverá a la actividad plena el martes 7 de abril con un plenario de comisiones para dictaminar la reforma a la ley de glaciares. El Gobierno quiere que los gobernadores de las provincias mineras, promotores de estos cambios, den la cara o manden a sus funcionarios. Durante las audiencias públicas de miércoles y jueves, sólo Marcelo Orrego (San Juan), mandó a sus funcionarios. Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza) se escondieron y provocaron la furia libertaria.
“Siempre salen ilesos: los cubren los intendentes o la Nación”, se indignó un diputado libertario que estuvo involucrado en las audiencias. En el oficialismo están seguros de tener los votos para la sanción y entienden que la gran pelea será en Tribunales.
Ningún diputado en la sesión podrá decir que el recurso hídrico está en riesgo o que los glaciares no son relevantes para sostenerlo, como hizo el senador libertario Enzo Fullone. La justicia federal deberá definir si, como dice el proyecto, las provincias pueden definir sobre el cuidado de las adyacencias de los glaciares (ambiente periglaciar) y si en tal caso complica la provisión de agua.
Ferraro, de la Coalición Cívica, busca embarrar la cancha con la citación a gobernadores de provincias que se abastecen de agua de glaciares. Aún no lo consiguió. Tiene tiempo.