La medida tendrá un impacto adicional en Córdoba de más de $275.000 millones. El cordobesismo insiste con la ley y agita: la traba siempre fue política.
Martín Llaryora le había prometido a la Mesa de Enlace que presionaría por la suba del corte de biocombjustibles al inicio de la gestión.
El gobierno de Javier Milei decidió flexibilizar el esquema de mezcla de biocombustibles en las naftas en medio de la escalada internacional del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente. En Córdoba, Martín Llaryora leyó rápido la jugada y salió a capitalizarla.
La Secretaría de Energía habilitó a las refinadoras a incrementar voluntariamente el corte de bioetanol del 12% actual hasta un máximo del 15%, sin modificar el piso obligatorio. La medida busca amortiguar el impacto en los surtidores y reducir la exposición del sistema energético argentino a la volatilidad global.
La resolución tiene impacto directo en el tablero político-productivo de la Región Centro. En el entorno del gobernador celebraron la decisión como la respuesta a una demanda histórica de la provincia, uno de los principales polos productores del país de bioetanol a base de maíz.
Según datos oficiales difundidos por el Ejecutivo provincial, Córdoba produjo en 2025 unos 582.698 metros cúbicos de bioetanol, cerca del 45% del total nacional. Con una capacidad instalada estimada en 638.000 m³ anuales, el complejo bioindustrial cordobés aparece en condiciones de cubrir buena parte del aumento de demanda que generaría la suba del corte, calculado en unos 300.000 m³ adicionales por año.
Actualmente, el precio del litro de bioetanol de maíz es de $917. La medida sumará más de $275.000 millones al entramado productivo, impactará en la suba de la molienda y generará más puestos de trabajo. Por cada punto que se sube, se puede instalar una planta en Córdoba. No sucederá en este caso, porque las existentes hicieron inversiones y funcionan hoy muy por debajo de su capacidad.
La medida de Milei calzó perfecto con el reclamo histórico del cordobesismo que, bajo palabra, denuncia intereses políticos, específicamente de las petroleras. Una alta fuente del Ejecutivo provincial contó a Letra P que, hasta la semana pasada, el gobierno nacional hablaba de impedimentos técnicos para avanzar con el pedido que sólo actualizó Mauricio Macri en 2016, vía gestiones de Juan Schiaretti.
“Quedó demostrado que siempre fue político. Ni Alberto Fernández ni Milei querían dar esta pelea. Acorraló al gobierno el contexto nacional y quedó expuesta la negación política”, guapean.
El reclamo por la suba del corte de los biocombustibles representa una vieja bandera del cordobesismo y parte de la agenda hard de Llaryora desde que asumió. Fue al Congreso tempranamente a ponerle cara al reclamo y exige que la suba sea por ley.
De hecho, en febrero, el bloque Provincias Unidas había activado un proyecto para instar al Poder Ejecutivo a elevar el porcentaje de mezcla de biocombustibles, con el argumento de diversificar la matriz energética y blindar la economía frente a shocks internacionales.
La iniciativa, firmada por una decena de diputados de distintos espacios —entre ellos los cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Alejandra Torres— buscó recuperar centralidad política tras un debut legislativo marcado por la dispersión interna.
El texto también proponía gestionar ante la Unión Europea para evitar nuevas restricciones al comercio de biocombustibles argentinos, otro frente clave para las economías regionales.
Como contó Letra P, el mapa bioenergético cordobés se organiza alrededor de tres polos industriales que combinan volumen productivo, capacidad de lobby y terminales políticas propias.
En Río Cuarto, Bio4 es el experimento asociativo que logró escalar. Impulsada por Manuel Ron y formalizada con productores del sur provincial, la firma nació para agregar valor al maíz lejos de los puertos y hoy factura cerca de 100 millones de dólares anuales. Su expansión empresarial tuvo correlato político con el desembarco de su cofundador en el esquema de gestión de Llaryora.
El segundo vértice es Promaíz, la planta de Alejandro Roca surgida de la sociedad entre Aceitera General Deheza y Bunge Argentina. Con una molienda diaria cercana a las 1.500 toneladas de maíz, produce unos 200.000 metros cúbicos de etanol y grandes volúmenes de proteína vegetal. Detrás del complejo aparece la figura de Roberto Urquía, empresario de diálogo transversal con la política y actor de peso en la agenda agroindustrial.
El tercer jugador es Aca Bio, en Villa María, con ADN cooperativista y respaldo de la red de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que nuclea a más de 50.000 productores. Su planta supera los 300.000 metros cúbicos anuales y se convirtió en base operativa de la Liga Bioenergética de Provincias, el bloque que presiona en el Congreso por una nueva ley para el sector.