Mientras se resuelve sobre el planteo de inconstitucionalidad, la provincia pide por la suspensión inmediata de la norma. De fondo, la pelea con Cornejo.
La pelea contra las reformas de la Ley de Glaciares se da desde la Patagonia, en distintos ámbitos, calles y palacios. La Pampa coló un amparo por Glaciares en la ventana ambientalista que abrió la Corte.
La ventana “ambientalista” que dejó abierta la Corte Suprema de Justicia permitió que un amparo que reclama que se suspenda la vigencia de la Ley de Glaciares reformada a pedir del gobierno de Javier Milei se colara desde La Pampa. La situación repone las pujas institucionales, judiciales y políticas en torno a las guerras por el hielo y el agua.
La movida fue impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto y la estrategia judicial la encabeza el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que está convencido de que el máximo organismo judicial tiene que intervenir sin demoras, a partir de la propia jurisprudencia que sentó en su última intervención por la Ley de Tierras.
La cuestión de fondo por los glaciares, presentada por el Estado pampeano y diversas organizaciones que se sumaron en el planteo, está en el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric. Mientras analiza el planteo más profundo, Baric rechazó el amparo que pedía la suspensión inmediata de la normativa y el mismo camino siguió la Cámara de Bahía Blanca. Ahora la Corte tiene la palabra.
No es una pelea exclusivamente regional porque en ese expediente confluyen todos los planteos con forma de amparo que hay en el país respecto de Glaciares. La Pampa fue la provincia que más rápido se movió sobre el tema y encontró eco inicial en la recepción de tribunales. En su momento, también hubo un freno judicial en la provincia de Santa Cruz.
La Corte quedó a merced de su propia maniobra procesal de doble filo que respecto del artículo que en el decreto 70/2023. Esa jugada también vino desde la Patagonia, y más precisamente desde la provincia de Río Negro. Al intervenir de modo urgente sobre un amparo a partir de un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, la Corte abrió la puerta a que se presenten con el mismo argumento otras urgencias ambientales.
El 9 de octubre, ante el planteo de la organización, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, se suspendieron los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el juez que tiene el expediente original resuelva si los demandantes están habilitados para reclamar. Esa causa había comenzado en la Justicia Federal de Bariloche a fines de 2023.
Como contó Lorena Hak en Letra E, hay una disputa al interior del organismo judicial, con el ambientalismo como foco de discusión. El camino del expediente que la Corte trató en ese caso es similar al del amparo por Glaciares que motoriza La Pampa y por eso se abrió una ventana para que los jueces tengan que resolver sobre Glaciares.
La movida política de los supremos respecto de la Ley de Tierras, que fue una suerte de "válvula de escape" cuando el gobierno estaba en problemas, facilitó la aparición de la "coartada ambientalista", según las palabras de Carlos Rosenkrantz. Los otros dos integrantes de la Corte, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, son antiguos rivales pero terminaron convergiendo en esa vereda que toma en cuenta la agenda ambientalista.
La Pampa metió un recurso extraordinario federal. “Si la Corte Suprema es mínimamente consecuente con lo que ya dictó en la causa de Árbol de Pie, tendría que dictar rápidamente una medida cautelar”, advirtió Gil Domínguez, pampeano de nacimiento y el constitucionalista que representa a la Provincia en el planteo.
El planteo pampeano incorpora como novedad el fallo de la propia Corte sobre la Ley de Tierras, en el que el organismo interpretó que una afectación sobre el ambiente merecía esa intervención urgente. “Ya es un precedente, es una ventana de oportunidad, que nos ha dado la propia Corte, y en nuestro caso con mucha más prueba clara y científica”, remarcó Gil Domínguez.
Antes, el 29 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó la apelación contra la negativa a suspender la aplicación de la Ley 27.804, sancionada el 8 de abril de 2026.
Uno de los principales argumentos de la nueva presentación es el riesgo de que se produzcan daños irreversibles mientras avanza el proceso judicial. Desde el Ejecutivo pampeano advirtieron que “una sentencia favorable podría llegar demasiado tarde para recuperar las funciones hídricas afectadas”.
El abogado insistió en que tiene una expectativa real de que la Corte analice rápidamente el tema. “No tiene por qué dejar dormir el caso”, dijo. “No es una causa para que entre en la telaraña de la crioconservación, de la crioterapia, o de dejar muerto el expediente”.
La Pampa se paró de manos contra la reforma de la Ley de Glaciares porque teme que la provincia de Mendoza, con la que tiene una prolongada disputa por el Río Atuel, ahora desarrolle proyectos mineros que afecten el Río Colorado, que es el otro recurso hídrico que todavía puede aprovecharse en la provincia de la Patagonia norte.
El Río Colorado marca la frontera entre La Pampa y Río Negro, pero también la provincia de Buenos Aires es parte de la cuenca. Como contó Letra P, además del aprovechamiento para riego, la provincia también utiliza el Colorado para proveerse de energía más barata.
El enfrentamiento de La Pampa con el gobierno del radical Alfredo Cornejo, aliado del gobierno nacional, se exacerbó en las últimas semanas luego de que Milei metió la cola para favorecer a su socio boinablanca con las regalías de Los Nihuiles. Esa movida también fue resistida por La Pampa, políticamente y en los estrados judiciales, con fallo a favor. También en ese caso la Corte tiene en sus manos un expediente.
La jugada en tándem entre Cornejo y Milei es parte es una estrategia mayor, en la que está en juego el suculento negocio de la privatización de represas. El monto de las regalías es menor, pero la normativa de Nación pretende dejar a La Pampa fuera de las discusiones por la verdadera tajada del asunto, que está en lo que hay por detrás del decreto.
Según el propio gobierno nacional admite en su decreto, para avanzar en ese negocio era necesario sacarse de encima la presencia de La Pampa. La argumentación del decreto 982/2026 que le quita las regalías a la provincia patagónica indica la necesidad de “garantizar la seguridad jurídica en todos los aspectos que hacen a las concesiones de generación de energía hidroeléctrica”.
El tema ya está en discusión en la Corte. La misma normativa libertaria reconoce expresamente que el derogado Decreto 1560/73 era válido y legítimo, porque Mendoza y La Pampa aceptaron un esquema en el acuerdo del ’92 que homologó la Corte. Pero la Nación decide dejarlo sin efecto mientras prepara la nueva privatización.
La cuestión de fondo respecto de la inconstitucionalidad de la ley de Glaciares está en trámite judicial. El Estado nacional aún debe responder la demanda ante el juez Baric. En ese expediente confluyen los otros amparos por el mismo tema, por lo que la postura de La Pampa tiene además aval colectivo.
Se incluyen en el reclamo organizaciones como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En La Pampa también se sumaron la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamablea Pampeana por los Ríos, entre otras agrupaciones.
La Pampa se plantó contra la Ley de Glaciares también para erigirse en una especie de faro de resistencia a la avanzada mileísta desde la Patagonia. Ziliotto se puso esa camiseta que incorporó posturas ambientalistas.
