Juan José Baric ya declaró inconstitucional la reposición de Ganancias, pero su conexión con el macrismo hizo dudar a Ziliotto. Recorrido de una rara avis.
Juan José Baric es el juez federal de Santa Rosa, capital de La Pampa: recorrido picante y vínculos políticos.
El peronismo de La Pampa y las huestes de Javier Milei, en veredas antagónicas, expresan por estas horas una coincidencia que no deje de sorprender: observan con desconfianza y recelo al juez Juan José Baric, que tiene en sus manos la definición del primer caso que cuestiona la constitucionalidad de las reformas a la Ley de Glaciares.
La Provincia de La Pampa decidió ponerse al frente de un amparo ambiental colectivo que involucra también a la Universidad Nacional de La Pampa y a agrupaciones que defienden los recursos hídricos, entre ellas la señera Fundación Chadileuvú.
La decisión es aplaudida por organizaciones de diversos puntos del país, pero todavía no tiene garantías de éxito. El gobierno de Sergio Ziliotto se movió con velocidad y convicción, pero no pudo tejer una red política que le garantice aval a la cautelar, y mucho menos a la cuestión de fondo.
El gobierno pampeano analizó técnica y políticamente cuál era el mejor camino para instalar el amparo ambiental colectivo. Entre dudas y disidencias, se decidió hacer el planteo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y se desechó acudir de modo directo a la Corte Suprema.
Tras el anuncio de la decisión, otras referencias de peso se sumaron al planteo y la Provincia le dio un tono épico a su decisión. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pampeano, aparece como patrocinador y Ziliotto sentó en la mesa del anuncio a actores potentes, como el rector de la UNLPam Oscar Alpa y el diputado Hernán Pérez Araujo.
Pérez Araujo es ultravernista y ensaya en las últimas semanas un posicionamiento pensando en la sucesión de Ziliotto, pero además tiene un jerarquizado recorrido en derecho ambiental. Se desempeñó en el área de la Fiscalía de Estado de La Pampa, que monitoreó causas vinculadas con la defensa de los recursos hídricos.
Los diputados nacionales pampeanos que avalaron la ley pagaron altos costos en las redes sociales: nadie esperaba otra cosa de Adrián Ravier, soldado de Milei. Martín Ardohain, del PRO, decidió también en este caso pintarse de violeta, pese a que la senadora de la misma bandera, Victoria Huala, había votado contra la ley.
Bicho raro, alineado en su momento con el macrismo, sin excentricidades públicas pero tampoco un cultor del bajo perfil, Baric podría ser el primer juez que fije posición frente a la normativa que disparará múltiples judicializaciones, como anticipó Mauricio Cantando en Letra P.
Llegó al Juzgado Federal de La Pampa en febrero de 2019 a instancias de la pata amarilla de la gestión Cambiemos. Desembarcó en un organismo que había atravesado complejidades, como ocurrió casi siempre que tuvo a cargo una presencia foránea, no pampeana.
Hace más de 40 años que Baric forma parte del Poder Judicial. Ni bien se recibió en la Universidad Kennedy lo nombraron secretario en un juzgado porteño. Hizo la mayor parte de su carrera en el área Correccional: el Juzgado 12 de la Capital Federal.
Su comportamiento a veces sinuoso, a veces opaco, le granjea en estas horas la doble desconfianza del peronismo y de La Libertad Avanza frente a la decisión clave que tiene que tomar.
Baric es también un juez que se metió en el barro de la política. Fue subsecretario de Políticas Carcelarias en el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Quedó pegado a las prácticas de la denominada “gestapo macrista" que practicaba espionaje sobre detenidos vinculados al kirchnerismo. El juez siempre dijo que esas acusaciones fueron “fantasías”.
Desde el Juzgado Federal de Santa Rosa también intervino en varios expedientes que alzaron su perfil. En su paso como fiscal sentó en el banquillo a varios intendentes que facilitaron el funcionamiento de prostíbulos; o procesó cinco años después a un grupo de militantes que recibió con huevazos a Macri cuando era presidente.
Tuvo un choque con Patricia Bullrich en su etapa de ministra de Seguridad por una intervención inconsulta de la Policía Federal; metió las narices en la millonaria guerra del gremio UATRE y su obra social Osprera; y le hizo tragar saliva a La Libertad Avanza antes de la elección del año pasado cuando puso en suspenso la formalización de sus autoridades.
En la semana que pasó, Baric se despachó con una decisión de peso, contra los intereses de Milei: declaró inconstitucional la reposición del impuesto a las Ganancias en los casos de unos 150 profesionales médicos que hicieron ese planteo.
Generalistas, licenciados en enfermería, kinesiólogos y bioquímicos plantearon la inconstitucionalidad en agosto de 2024 y Baric había accedido prontamente a una cautelar. Ahora definió la cuestión de fondo y el gobierno de Milei seguirá la pelea judicial en la Cámara Federal de Bahía Blanca.
El juez señaló textualmente: “La reforma introducida por el artículo 81 de la Ley 27.743 a la Ley 20.628 resulta inconstitucional y procede declarar su inaplicabilidad”, por lo que dispuso “mantener el régimen de ganancias vigente con anterioridad a la reforma”.
“El salario constituye un derecho alimentario que es deber proteger en cumplimiento del derecho establecido el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional”, agregó Baric. Y aseguró que la modificación libertaria derivó en “efectos confiscatorios para los trabajadores y jubilados de la cuarta categoría”.