El máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario. La resolución podría desactivar un conflicto que amenaza con complicar al oficialismo en Diputados.
La Corte Suprema de Justicia se reunirá este viernes en un acuerdo extraordinario para resolver un nuevo planteo contra la derogación de la Ley de Tierras, incluida en el DNU 70/23 del presidente Javier Milei. El Gobierno espera un fallo favorable que le permita descomprimir la negociación con sus aliados en el Congreso y evitar que la oposición avance contra el decreto.
El encuentro fue convocado para las 9, después de que el máximo tribunal designara a dos conjueces para destrabar la discusión sobre el artículo 154 del decreto, que eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La Corte también redujo a 24 horas el plazo para que quede firme la nueva integración.
Los magistrados elegidos fueron Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos se sumarán a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes no lograron alcanzar un acuerdo para resolver el expediente.
La controversia judicial se originó a partir de una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. La organización sostiene que la eliminación de los límites a la extranjerización afecta la protección del territorio, el medioambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La demanda fue presentada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche y posteriormente pasó por la Cámara Federal de La Plata. El nuevo planteo llegó a la Corte Suprema después de otro fallo que favoreció al Gobierno y volvió a dejar sin efecto las restricciones establecidas por la norma.
En aquella resolución, el máximo tribunal rechazó un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) porque consideró que la entidad no tenía legitimación para impulsar el reclamo. Sin embargo, esa decisión no resolvió la constitucionalidad de la derogación, por lo que el nuevo expediente mantiene abierta la disputa.
La definición judicial llega en medio de una negociación política que tiene al Gobierno en alerta. Como contó Mauricio Cantando en Letra P, La Libertad Avanza (LLA) aceptó abrir el debate sobre las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros para evitar que sus aliados faciliten el tratamiento del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados.
El oficialismo convocó para el miércoles 14 a un plenario de comisiones con la intención de incorporar un capítulo sobre tierras al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya cuenta aprobación del Senado. La iniciativa surgió tras un reclamo de bloques aliados al presidente de la cámara baja, Martín Menem.
El objetivo político es bloquear la sesión que la oposición convocó para el jueves 15, en la que buscará avanzar con el rechazo del decreto. Los bloques dialoguistas reclaman recuperar límites a la extranjerización: algunos proponen restablecer el tope del 15% que establecía la legislación derogada y otros analizan elevarlo al 25%.
En ese escenario, un fallo de la Corte que mantenga vigente la derogación podría fortalecer la posición del Gobierno en el frente judicial, aunque no resolvería por sí solo las diferencias con sus aliados. Una decisión que restablezca las restricciones, en cambio, modificaría el escenario de las negociaciones parlamentarias.
La disputa excede a la Ley de Tierras. El DNU 70/23 eliminó o modificó más de 70 normas, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento y góndolas. Por eso, el oficialismo intenta evitar que el desacuerdo por la extranjerización termine por facilitar el rechazo de la totalidad del decreto en Diputados.
