Ordenó suspender la aplicación de los cambios mientras se analiza un amparo por posibles daños ambientales en zonas protegidas del distrito patagónico.
Ley de Glaciares: la Justicia de Santa Cruz frenó la reforma de Javier Milei en la provincia
La Justicia Federal de Santa Cruz frenó de manera provisoria en la provincia la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por Javier Milei a raíz del impacto ambiental que podría derivarse con cambios introducidos. La medida fue dictada por el juez Claudio Vázquez y ordena al Estado nacional abstenerse de ejecutar o autorizar decisiones basadas en la nueva normativa.
La decisión se conoció el mismo día de la publicación de la reforma en el Boletín Oficial. El juez Vázquez dispuso que la cautelar rigiera hasta la emisión de una sentencia definitiva sobre el amparo colectivo.
La presentación fue impulsada por autoridades de El Calafate, que alertaron sobre los riesgos de modificar el esquema de protección vigente en materia ambiental.
La reforma promovida por el gobierno de Milei implica una reducción de las áreas protegidas. También habilita actividades hasta entonces prohibidas en zonas consideradas sensibles.
Según la demanda judicial, la modificación representa una regresión en los estándares de tutela ambiental. Ese punto entra en tensión con el artículo 41 de la Constitución Nacional, sostiene el fallo.
El planteo sostuvo que la normativa vigente establecía presupuestos mínimos de protección que no podían ser reducidos sin afectar derechos ambientales.
El juez Vázquez advirtió sobre posibles consecuencias negativas para los glaciares y el ambiente periglacial. Señaló la relevancia estratégica de esos ecosistemas a nivel local, regional y global.
El magistrado también remarcó que cualquier cambio normativo podía impactar en el desarrollo económico de las regiones involucradas. Además, indicó que la habilitación de actividades incompatibles con el régimen vigente podía generar daños difíciles de revertir.
Mientras avanzaba el proceso judicial, los efectos de la reforma quedaron suspendidos en territorio de Santa Cruz. La decisión reabrió el debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental en la Argentina.