El gobernador cordobés movió a sus alfiles en el centenario del Colegio de Abogados. Críticas a la agenda desreguladora de Milei. Fuerte presencia política.
Martín Llarroya, gobernador de Córdoba
Con la campaña para las elecciones de octubre oficialmente habilitada, la disputa electoral comienza a librarse en cada escenario que genere repercusión. Lo sabe bien Martín Llaryora, quien este jueves aprovechó otro evento de impacto mediático para volver a expresar una diferencia sustancial con el gobierno de Javier Milei.
En el acto principal de la celebración del centenario del Colegio de Abogados de Córdoba emisarios del gobernador, por carácter transitivo de Juan Schiaretti, quien lidera la boleta de Provincias Unidas, realizaron encendidos reconocimientos a la vigencia, de los colegios profesionales.
En términos reales, no hay una amenaza formal que amerite esta defensa pública. Pero nadie desconoce en estos ámbitos que las ideas de “libertad” y desregulación que impulsa el gobierno nacional tiene a las agremiaciones profesionales entre las tierras sobre las que podría avanzar.
De hecho, hace sólo tres meses la diputada Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone eliminar la obligatoriedad de matriculación y cuotas colegiales, estableciendo en su lugar un único Registro Nacional de Profesionales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Por ello, y aunque dicho proyecto no haya tomado siquiera estado parlamentario, los funcionarios cordobesistas aprovecharon un auditorio propicio para ratificar su compromiso con entidades del tipo. En particular, con el gremio de los abogados cordobeses, con quien el gobierno provincial ha cultivado una cuidada relación que no puede evitar lecturas políticas.
Ausente con aviso, el gobernador tuvo a varios emisarios en las primeras filas del evento. Entre ellos, dos de los encargados de articular con propios y confrontar con ajenos, los legisladores Facundo Torres y Miguel Siciliano (también candidato a diputado en la lista de Provincias Unidas). Junto a ellos, el intendente Daniel Passerini, el responsable de fortalecer el armado del proyecto electoral en la capital.
Pero fueron dos encumbrados nombres los que pusieron palabras a la jugada. Primero, el ministro de Justicia, Julián López, quien sucedió al intendente en la lista de oradores.
“Nuestra Constitución provincial reconoce a los Colegios Profesionales como instituciones de la democracia, actores necesarios para el bien común. En esta vida institucional el Colegio de Abogados ha sido protagonista de debates, consensos y diálogos constructivos. Hoy más que nunca necesitamos esa articulación público-privada, ese puente entre el Estado, la sociedad civil y los profesionales, que hace posible el progreso de Córdoba”, hilvanó el también letrado.
Trascartón habló la vicegobernadora, Myrian Prunotto, quien también fue enfática. “Este Colegio de Abogados ha sido y seguirá siendo un actor clave en la construcción de una sociedad más justa. Quiero destacar y reafirmar nuestro apoyo unánime a éste y los demás colegios contra el intento de disolver este tipo de instituciones, toda vez que estamos convencidos de su valor como garantía de legitimidad y buena praxis de los profesionales a los que representan”, expresó.
Ambas intervenciones fueron aplaudidas por el anfitrión, Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados, y Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, la presencia destacada del evento, quien horas después encabezó una jornada sobre los 10 años del Código Civil y Comercial.
También por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, el hombre de Schiaretti en el máximo organo jurídico de la provincia.
Detrás de ellos, aún sin el reconocimiento de los antes mencionados, asistió a ambos discursos el primer candidato a diputado de LLA en Córdoba, el también abogado Gonzalo Roca.
Sigiloso, como lo definen sus compañeros de ruta, el socio de Gabriel Bornoroni abandonó el Teatro del Libertador San Martín, sede de la celebración, antes que ésta llegara a su fin.
Como ya ha contado Letra P, el Colegio de Abogados de Córdoba es una institución clave para comprender el mapa del poder en la provincia. Muchos de los dirigentes políticos estrechan lazos y ensayan movidas desde allí.
Recientemente, el poder legislativo envió dos contundentes mensajes de respaldo a proyectos impulsados por Bittar y su equipo, a cargo de la presidencia del ente desde el pasado año.
En abril, con amplio respaldo de los distintos bloques, la Legislatura convirtió en ley un proyecto que modifica el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la provincia. La iniciativa reformó el cálculo en la regulación de los honorarios profesionales, así como una actualización de las condiciones que rigen el ejercicio profesional de la abogacía.
En julio, el pleno legislativo aprobó una declaración de preocupación por aquel proyecto de ley presentado en el Congreso por Pagano. Consecuentemente, instó a diputados y senadores por Córdoba a que rechacen tal iniciativa.
Funcionarios y abogados cordobeses aseguran que aquella iniciativa libertaria carece de fundamentos sólidos. Aunque capte el espíritu de época, asegura que sólo invoca, difusamente, la noción de libertad.
Las mismas voces aseguran que los colegios profesionales cumplen una función irreemplazable. “Es la mejor manera de defender a la gente del ejercicio ilegal de las profesiones reguladas. Los colegios están hechos para defender a la gente. Ese es el fin principal, por encima de intereses corporativos”, dicen desde la entidad.
Además, recuerdan que la potestad final sobre la regulación de estas agremiaciones corresponde a las provincias. “Los colegios profesionales ejercen función administrativa por delegación. Son una parte del poder público como entidades civiles. En Córdoba tienen reconocimiento en el artículo 37 de la Constitución provincial. Eso no es de la Nación”, ilustra el propio Bittar.
Por si acaso, el gobierno provincial, volvió a respaldar su existencia. Lo hizo con calculada oportunidad, aún sabiendo que la movida que cuenta con aval de todo el poder político.