Los aspirantes enfrentarán la evaluación escrita, antesala de una definición observada de cerca por oficialismo y oposición. La sucesión de Marta Vidal se pica.
Integrantes del Consejo de la Magistratura de Córdoba
La selección del próximo titular del Fuero Electoral de la provincia de Córdoba tendrá este sábado la instancia del examen escrito. Para muchos, el verdadero gran filtro para quienes aún conservan su voluntad. Para otros, una de las instancias “poco discrecionales” de un proceso que contempla tres fases y que carece aún de fecha precisa de fin.
La discrecionalidad en la parada final, que será la entrevista que tomen nueve miembros del Consejo de la Magistratura, es el punto donde enfocan desconfianza aquellos candidatos que se sienten en desventaja por no sentirse parte del nutrido, aunque inorgánico, grupo de nombres vinculados al peronismo de Córdoba.
Cierto es que el partido que gobierna la provincia desde hace 27 años, ha apuntado buena parte de los 53 postulantes inscriptos. No menos verosímil es que quienes provienen de la función pública endilgan favoritismo a quienes llegan desde pasillos judiciales.
Quien finalmente resulte seleccionado resolverá conflictos que provengan de las juntas electorales de cada partido y definirá individualmente las situaciones que se produzcan en cada jurisdicción electoral.
En años de comicios provinciales presidirá el Tribunal que intervendrá en aspectos clave, tales como habilitación de candidatos y listas, sus correspondientes apelaciones, definición y dirección de la logística, realización del escrutinio definitivo y resolución de impugnaciones y planteos.
Candidatos y candidatas prefieren no exhibir sus filiaciones políticas. Las singularidades del puesto, la especificidad de la rama del derecho electoral, promueven un intento de abordaje meramente técnico.
Sin embargo, como contó Letra P, los partidos tradicionales, que históricamente han coronado piezas en la Justicia, plantan fichas propias para esta partida.
El PJ suma la mayor parte de nombres con relaciones partidarias reconocibles. La suma tienta a opositores a pensar que existe un acuerdo precocido, aún difícil de verificar en momentos en que ni siquiera se han tomado los exámenes.
Esteban Lencioni, abogado que trabaja en la Municipalidad, cercano al operador Pablo Bario y con experiencia en el fuero electoral, es el nombre por el que muchos apuestan.
Miriam Capone, jueza de Faltas en la Municipalidad y presidenta del Tribunal Electoral Municipal; y Federico Robledo, secretario de Coordinación en el Ministerio de Justicia, director de Asuntos Legales de la misma cartera, profesor universitario de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal, completan el podio de favoritos.
En un segundo pelotón, con chances reales, se ubican Guillermo Arias, secretario parlamentario de la Legislatura; Jorge Cantet, diplomado en Derecho Electoral, observador electoral de la OEA, del Partido Demócrata Cristiano; Augusto Pastore, secretario de Gobierno en el Ministerio de Gobierno de la provincia.
“Parece arreglado. Llenaron el concurso de militantes. Al Gobierno le interesa mucho este concurso. Deben querer demostrar que no hay chances, alentando que nos bajemos”, despotrican desde la sede de la UCR.
En el radicalismo cordobés velan sus intereses por Diego Frossasco, exapoderado del partido, que cuenta con el apoyo de todos los sectores que aún disputan una eterna interna. Entienden que es el candidato “más preparado”, pero suavizan sus expectativas al repasar el proceso completo.
También miran en dirección a Tribunales, desde donde llegarán 21 aspirantes al concurso. De ese universo destacan Sergio Torres, secretario del Tribunal Electoral; Emilia Mimessi, relatora electoral del Tribunal Superior de Justicia; y María de los Ángeles Nallin, secretaria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y prosecretaria del Juzgado Electoral entre 2011 y 2023, lapso en que este órgano resolvió a favor de Martín Llaryora en la puja abierta por el domicilio que acreditara el entonces candidato a intendente.
La lupa se posa sobre ellos porque, denuncian desde la oposición, llegan con apoyos intra y extra muros, eufemismo para proponer la existencia de acuerdos políticos entre los poderes del Estado.
Los críticos del proceso piden reparar en la conformación del tribunal que evaluará la etapa “más discrecional”, que serán las entrevistas. Personales, se cuentan anécdotas de personas de probada capacidad que suelen trastabillar producto de inoportunos nervios. “Acá juega netamente la política”, sostienen los desconfiados.
El tribunal es, ni más ni menos, el Consejo de la Magistratura. Nueve personas se sentarán en su nombre. María Marta Cáceres de Bollati, en nombre del TSJ; Julián López, ministro de Justicia; Carlos Lezcano, fiscal general; Facundo Torres Lima, legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, por el Poder Legislativo; Laura Battistelli, por los magistrados de Capital; Fernanda Bentancourt, por los magistrados del Interior; Federico Arce, por los abogados de Capital; Maximiliano Machuca, por los abogados del Interior; José Cafferatta Nores, por la Academia Nacional del Derecho.
Según el recuento crítico, ocho de las personas nombradas defienden los intereses del peronismo cordobesista. Algunos, como López y Torres Lima, son directos. Cáceres de Bollati y Battistelli, son vistas como terminales del PJ. Similar descripción para los representantes de los abogados y la Fiscalía General. Según esa misma descripción, sólo “Pepe” Cafferatta marcaría una mirada distinta, proveniente de su militancia radical y su paso por los gobiernos provinciales de la UCR de décadas pasadas.
“Son ocho contra uno”, enumera un operador radical. “Tuvimos que pedir que haya igualdad también con quienes están en la Justicia, que pueden acceder a los ejemplos del examen antes que el resto”, añade.
“La conformación del Consejo es la misma desde hace tiempo. Qué raro que se quejen ahora… No lo cuestionaron en su momento, lo hacen justo ahora”, replica una voz peronista.
“Las representaciones están definidas desde hace tres años. Muchos radicales avalaron eso. Los exámenes escritos son anónimos, con un caso que no será provincial. Luego, en la entrevista, nadie se va a prestar a jugarretas. ¿Te imaginás que sienten a esos nombres a bajarles línea?”, amplía.
Difícilmente se presente todos los inscriptos este sábado. Algunos ni siquiera completaron el envío de los antecedentes, primer paso del proceso. Con criterios de asignación de puntaje acordes a la formación acreditada, el score máximo asigna 20 unidades.
Quienes sí cumplieron con la entrega de documentación deberán esperar los resultados en el examen para saber si continúan en carrera. Podrán hacerlo si, sólo si, superan los 20 puntos en la evaluación, cuyo techo son las 40 unidades.
Aquellos y aquellas que hayan sorteado estas etapas llegarán a la entrevista personal, que otorga hasta 40 puntos. Al final de esta instancia se elaborará el correspondiente orden de mérito.
Hasta el momento no hay fechas fatales para completar el proceso. Sí hay urgencias para saber quién controlará las urnas en 2027, el año en que el peronismo volverá a jugarse su hegemonía.