Nadia Fernández dejará la Legislatura de Córdoba para ser la segunda en la cartera a cargo de Julián López. Narcos y presos quedan bajo su órbita de control.
Nadia Fernández, designada por Martín Llaryora como viceministra de Justicia de Córdoba.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, designó a la dirigente cordobesista, Nadia Fernández, como viceministra de Justicia de la provincia, secundando al ministro Julián López. La salida de la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura se oficializó este lunes y completa una nueva ronda de cambios anunciados durante el fin de semana.
La también vicepresidenta de la Unicameral abandona su banca para poner el condimento político a una cartera de gestión, en tándem con la tarea del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros: narcos, seguridad y delincuencia, en la mira. Una línea de trabajo en congruencia a la escuela de Patricia Bullrich.
En la Legislatura de Córdoba hay nombres que, aún sin ocupar los principales cargos institucionales, se van convirtiendo en piezas clave del tablero político que emergió después de las elecciones de octubre y el triunfo de Javier Milei. La legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba es una de las voces más visibles del oficialismo en temas de orden público, convivencia y seguridad ciudadana.
Fernández, dirigente cercana a los sectores del peronismo provincial que responden al gobernador y que tiene su origen en la escudería de las lideresas de Alejandra Vigo, ha ganado visibilidad en los últimos meses no sólo por su rol en el recinto, sino por su protagonismo en debates calientes del año, como la aprobación de la Procuración Penitenciaria Provincial y el reflote del proyecto de modificación del Código de Convivencia Ciudadana.
Ahora, secundando al ministro López, no sólo ocupará un lugar clave dentro del tablero político y judicial sino que sumará un ingrediente que el propio Llaryora fogonea en distintas áreas ministeriales: el refuerzo político en los ministerios estará a cargo de mujeres, aunque no los lideren.
No obstante, parte de la atención pública que recibió Fernández en el último tiempo no se debe exclusivamente a su trabajo parlamentario -donde desempeñó su rol como legisladora durante tres períodos- sino a su participación en un escándalo judicial que sacudió a la Legislatura este año: la contratación irregular de una denominada empleada fantasma. El caso involucró a Virginia Martínez, quien fue registrada como trabajadora en la Unicameral, no presentó servicios y terminó en una denuncia penal, y con su "facilitador", el puntero peronista Guillermo Kraisman detenido.
Para sectores de la oposición y analistas críticos, ese episodio dejó una marca política que Fernández ha intentado neutralizar consolidándose como portavoz de la agenda oficialista sobre seguridad y orden. Y en esa construcción discursiva, el reflote del proyecto de reforma del Código de Convivencia Ciudadana fue una jugada deliberada.
En las últimas horas, Fernández, como presidenta de la Comisión de Seguridad de la Unicameral, se puso al frente del impulso oficialista para modificar artículos de la ley provincial, una iniciativa del Ejecutivo.
La reforma -que el oficialismo confirmó que no será tratada en comisión hasta marzo de 2026- incluye medidas para limitar algunas actividades callejeras y contravenciones urbanas como el “cobro coercitivo” de cuidacoches y limpiavidrios. Fernández defendió la propuesta subrayando la necesidad de terminar con prácticas que, a su entender, “afectan la convivencia y la seguridad pública” y se animó, en su argumento, a enfrentar a la Iglesia.
Además, volvió a ponerse al centro del debate al apostar por un artículo que tipifica sanciones como multas, trabajo comunitario y arrestos breves, para quienes alteren el tránsito sin autorización oficial o interrumpan la normal circulación en las calles, especialmente en el marco de protestas o manifestaciones.
Más allá del Código de Convivencia, Fernández también fue la principal impulsora de la Procuración Penitenciaria Provincial, un proyecto que generó fuertes cruces con la oposición y debates sobre su costo institucional y alcance jurídico, pero que finalmente obtuvo despacho favorable y sanción en la Legislatura.
Su defensa de estas iniciativas la posiciona no sólo como una voz alineada al gobierno de Llaryora, sino como una autoridad de peso en la definición de las políticas de orden público y convivencia en la provincia. Un lugar estratégico, sobre todo en un contexto donde los temas de inseguridad y control social dominan la agenda mediática y el desvelo político del gobernador.
Ahora bien, como contó Letra P, el titular de la cartera Julián López sonó como otro de los protagonistas de los enroques que Llaryora tiene en mente. La Cámara de Diputados y el Tribunal Superior de Justicia eran algunos de los destinos que se le auguraban en los cometarios de pasillos. ¿La llegada de Fernández a la cartera es un anticipo de más cambios? Por ahora, refuerzos políticos de un gobernador que pisó el acelerador fuerte.