Vicuña adjudicó módulos habitacionales a un proveedor extranjero y reabrió el temor sobre el poco derrame productivo de las inversiones del régimen promocional.
RIGI: el principal proyecto minero trae un barrio de China y deja afuera a la industria nacional
La adjudicación de parte de la ampliación del campamento del proyecto minero Vicuña a un consorcio que importará módulos habitacionales desde China reabrió la discusión sobre el impacto real que tendrán las inversiones asociadas al RIGI en la industria nacional. Fabricantes locales cuestionaron el reemplazo por importaciones libres de impuestos, mientras que la empresa defendió el proceso de contratación.
La controversia surgió luego de que se conociera que la fabricación de módulos habitacionales para el campamento de uno de los mayores desarrollos cupríferos del mundo será realizada por la empresa china Beijing Chengdong, integrante de un consorcio que también conforman la argentina RAFA S.A. y la constructora PowerChina.
La noticia generó preocupación en sectores industriales vinculados a la construcción modular, que interpretan la decisión como una señal de alerta sobre el nivel de participación que tendrán las empresas nacionales en los grandes proyectos de minería, litio y energía que avanzan al amparo del RIGI.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada (CACMI), Juan Pablo Rudoni, sostuvo ante Letra P que la decisión "genera un gran descontento en toda la industria" porque los megaproyectos extractivos deberían contribuir al desarrollo de proveedores locales y economías regionales.
"El beneficio que traen estos grandes proyectos de minería, de oil & gas o de litio es justamente potenciar la industria local, el desarrollo de las economías regionales y las fuentes de trabajo del país", afirmó.
Según explicó, la diferencia económica entre la propuesta adjudicada y una eventual alternativa nacional habría sido de "aproximadamente u$s 18 millones".
"Entendemos que en una megainversión de u$s 18.000 millones, eso equivale al 0,01% y no es trascendente para la economía de la empresa minera, pero sí es absolutamente relevante para el desarrollo de las empresas y de las fuentes de trabajo locales", señaló.
Rudoni remarcó que el debate no se limita a una contratación puntual sino al modelo de desarrollo que acompañará la expansión minera. "El tema no es si lo traen de China o es Argentina. El tema es la riqueza que va a generar la minería realmente de acá a futuro", sostuvo. Y agregó: "La minería no puede ser solo extracción, tiene que ser una fuente de desarrollo".
La discusión aparece en un momento clave para el Gobierno nacional, que apuesta a que el RIGI se convierta en una herramienta para atraer inversiones por decenas de miles de millones de dólares en minería, energía e infraestructura.
La polémica por Vicuña también volvió a instalar una discusión de larga data en torno a los grandes proyectos extractivos: cuál será su capacidad para impulsar proveedores locales, desarrollo industrial y empleo, frente al riesgo de que una porción relevante de las inversiones y las compras quede en manos de empresas internacionales.
Fuentes de la CACMI sostienen que el país cuenta con capacidad instalada para abastecer este tipo de proyectos. "No estamos pidiendo privilegios. Estamos diciendo que hay una capacidad industrial muy importante instalada", afirmó Rudoni.
El dirigente destacó que la cámara reúne a 58 empresas especializadas en construcción modular y aseguró que cada una de ellas multiplica una extensa cadena de valor vinculada a la industria metalúrgica, logística y de servicios.
"Si actualmente el proyecto minero más importante de la historia de Argentina no logra integrar a la industria nacional, generar proveedores y trabajo genuino en sus primeras inversiones, y esto se traslada al resto de los megaproyectos, estaríamos perdiendo una oportunidad histórica de transformar esos recursos naturales en desarrollo genuino para los argentinos", advirtió.
Voceros de Vicuña rechazaron la interpretación de que el proyecto haya quedado completamente en manos extranjeras y aclararon que la adjudicación corresponde únicamente a una etapa parcial de ampliación del nuevo campamento. Según explicaron a Letra P, la licitación adjudicada representa aproximadamente el 25% de lo que será el complejo habitacional definitivo.
La compañía informó que las obras civiles, fundaciones, montaje e instalaciones serán ejecutadas en el país por la empresa santafesina RAFA S.A., mientras que Beijing Chengdong fabricará los módulos habitacionales y PowerChina tendrá a su cargo la gestión integral del contrato.
"La propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo definidos para una infraestructura de esta escala y complejidad", señalaron desde la empresa.
Además, destacaron que el proceso de evaluación no se definió exclusivamente por precio sino por un conjunto de variables vinculadas a la capacidad de ejecución del proyecto.
La empresa también subrayó que actualmente el 95% de su nómina está integrada por trabajadores argentinos y que el 77% de sus empleados directos reside en San Juan.
Según datos oficiales difundidos por la compañía, el proyecto emplea actualmente a más de 2600 personas entre puestos directos e indirectos y trabaja con 264 proveedores de bienes y servicios, de los cuales el 97% son argentinos y el 60% tienen origen sanjuanino.
Asimismo, remarcaron que la licitación cuestionada corresponde solo a una etapa del campamento y que en los próximos meses se abrirán nuevos procesos para otras ampliaciones y para tres campamentos adicionales vinculados al denominado Corredor Norte.
Más allá de las explicaciones de la empresa, el episodio instaló una discusión que probablemente acompañe el desarrollo de los grandes proyectos mineros durante los próximos años.
La magnitud de las inversiones anunciadas para cobre, litio y energía renovó expectativas sobre la capacidad de esos sectores para generar empleo, proveedores y actividad industrial en la Argentina.
Este medio consultó al gobierno de San Juan sobre la participación de proveedores locales en el proyecto y sobre la política provincial respecto de las compras asociadas a las inversiones mineras, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.