Javier Milei aceptó que la oposición el miércoles tendría mayoría para aprobar en Diputados la emergencia en discapacidad y el aumento de las jubilaciones. Si bien sigue decidido a vetar eventuales leyes, evalúa jugar la última carta: anunciar un incremento de partidas que al menos ponga en riesgo el cuórum. El costo fiscal de la medidas es 1.8% del PBI.
"No podemos darle victorias a la oposición en el Congreso", fue la conclusión de los diputados libertarios que trabajan para evitar una derrota, que este viernes parecía inminente. Es que los bloques convocantes no tendría fisuras como hace 15 días, entre otras cosas porque no está en el temario la cobertura de cargos de AGN.
Estas fuerzas tienen dictámenes sobre ambos temas y no decidieron qué harán. El macrismo, por ahora, sostiene la decisión de no habilitar la sesión; mientras que el radicalismo decidirá el martes si sigue ese camino. Pesa en la definición que la sesión incluye proyectos para asistir a localidades inundadas de Buenos Aires.
El resto de la oposición puede reunir cuórum sin los aliados habituales del Gobierno y hará un nuevo intento. El cronograma legislativo empezó a alterar a Milei: la sanción de leyes hostiles lo obligaría a firmar vetos al inicio de la campaña electoral. Debería defenderlos en los recintos justo cuando buena parte de sus aliados hayan quedado fuera de las listas. No le sería fácil alcanzar un tercio.
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Este jueves visitó la cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y analizó junto a Martín Menem el impacto fiscal de las medidas. Según sus cálculos, la emergencia en Discapacidad implicaría un 0.3% del PBI. Incluye una mejora en el sistema de pensiones y el aumento de las prestaciones.
La pelea por las jubilaciones
En los números de Guberman, el mayor gasto de los proyectos de la oposición proviene de las mejoras previsionales. En Hacienda estiman que el aumento de un 7,2% de las jubilaciones y llevar a 115 mil pesos el bono (está congelado en 70 mil) -medidas que tendrían consenso de todos los bloques- implicarían una inversión de 1.3 del PBI. Restablecer la moratoria, como pide UP, tendría un costo de 0.2%.
De esta manera, en el gobierno calculan un costo fiscal de 1.8% del PIB, 12 mil millones de dólares. "La oposición esconde una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir", publicó Menem en la red X.
La sesión está convocada para el miércoles a las 12 horas y en el oficialismo no descartan un anuncio previo sobre jubilaciones y discapacidad. En el primer caso, la decisión de Milei sería incrementar el bono, pero de ningún modo está dispuesto a subir la totalidad de los haberes previsionales.
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La moratoria, en tanto, sólo es defendida por UP. En los dictámenes del resto de la oposición tiene propuestas alternativas como una prestación proporcional. En el Gobierno insisten con su despacho, que plantea estudiar en el corto plazo una reforma previsional.
En la oposición están decididos a exigir plata y hasta proponen posibles fuentes de financiamiento. De hecho, en el dictamen de Encuentro Federal hay medidas concretas para que haya plata, como eliminar la exención de IVA para directores de empresas, cobrar Ganancias a sociedades de garantías recíprocas, nacionalizar centros de recaudación automotor y usar el ahorro por intereses al FMI.
"En el debate legislativo del miércoles el Gobierno ya no podrá decir que no hay fondos, sino en qué se gastaron el superávit", anticipó a Letra P. Según el acuerdo al que la oposición arribó la semana pasada, antes de la frustrada sesión, el miércoles se votarían los dictámenes de EF (escritos por Nicolás Massot), con modificaciones pedidas por UP y Democracia Por Siempre. Con el respaldo de partidos provinciales, esperan llegar a una mayoría holgada, sin esperar por la UCR y el PRO.
Discapacidad, en la calle
Este jueves las organizaciones vinculadas a la discapacidad realizaron una multitudinaria marcha frente al Congreso para exigir que se apruebe la emergencia en discapacidad, impulsada por los bloques de la oposición. Los aliados, UCR y PRO, emitieron despachos sin esa declaración, pero sí piden actualizar por inflación las prestaciones, reguladas por el Gobierno nacional.
El dictamen mayoritario es el de Daniel Arroyo, de UP, que propone indexar las prestaciones según el índice de actualización jubilatoria (que es similar al de la inflación), con una recomposición retroactiva a 2023. En la marcha del jueves, los profesionales advirtieron sobre un posible corte de los servicios si los pagos siguen subiendo por debajo de la inflación. En el Gobierno evalúan mejorar el nomeclador, sin los parámetros de los dictámenes de la oposición.
El despacho de Arroyo, además, crea una pensión no contributiva por discapacidad para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. Sólo se cortaría el beneficio si perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimo. También se proponen un aporte a personas mayores de 70 años.
La discusión más fuerte es por las pensiones, que el Gobierno dice que están mal otorgadas, pero por ahora no logra desterrar. Oposición y aliados, en sus dictámenes, piden acelerar las auditorías y buscar culpables. "No vamos a aceptar que cada persona con discapacidad esté en situación de sospecha", advirtió Carla Carrizo (DPS) durante el debate en comisión.
Los dictámenes se firmaron el 30 de abril, Milei rechazó la emergencia y no tuvo contrapropuesta. La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la encabeza un amigo suyo: el abogado Diego Spagnolo, quien a través de un comunicado recordó que durante su gestión las prestaciones perdieron menos poder adquisitivo que en 2023, cuando crecieron 93% y la inflación fue de 211,4%. Aun así, no anunció una recomposición. Tal vez deba hacerlo en los próximos días.