Con las grandes aceiteras volcadas al mercado interno, Santa Fe busca proteger a las pymes de la provincia. La doble vara del proyecto oficialista.
Ley de biocombustibles: Pullaro presiona por cambios y espera una señal de la Casa Rosada
Maximiliano Pullaro se metió de lleno en la discusión por la nueva ley de biocombustibles y le marcó la cancha al proyecto que el gobierno de Javier Milei empuja a través de Patricia Bullrich. Santa Fe no rechaza una reforma, pero advierte que el texto, tal como está, puede dejar al borde de la quiebra a las pymes del sector.
En el entramado del sector de los biocombustibles hay un consenso bastante extendido sobre la necesidad de reformar la ley. Durante años, el régimen tuvo una división interna a modo de equilibrio: las pymes abastecían el mercado interno y las grandes aceiteras integradas -las que además de producir biodiésel, controlan la materia prima- colocaban su producción afuera.
Ese reparto se rompió cuando Estados Unidos, la Unión Europea y Perú comenzaron a establecer barreras arancelarias y comerciales para frenar el biodiésel argentino.
Con la puerta del exterior entornada, firmas como Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco empezaron a mirar hacia el mercado interno para intentar colocar su producción.
Ahí radica la principal preocupación de Santa Fe. La provincia acepta que haya una actualización del régimen, pero no quiere que la salida para las grandes cerealeras globales sea ocupar sin límites el espacio que durante años sostuvo a los hermanos menores del sector.
No se trata de un mercado poco relevante. En la provincia se concentra cerca del 80% de la producción nacional de biodiésel y buena parte de las plantas pequeñas y medianas del sector.
La iniciativa oficialista deroga la Ley 27.640 y la reemplaza por un nuevo régimen a 15 años. Para el biodiésel, propone subir del 7,5% al 10% la mezcla obligatoria que debe tener el gasoil en los surtidores. Además, abre el mercado interno a las empresas integradas hasta reducir la protección de las pequeñas empresas a tres puntos de mezcla en cuatro años y elimina los precios fijados por el Estado.
En paralelo, sube la cantidad de bioetanol del 12% al 15% en las naftas, pero mantiene una reserva de seis puntos para las economías regionales de caña de azúcar y seis para el maíz.
Ahí es donde Santa Fe denuncia una doble vara: mientras algunos sectores conservan protecciones que blindan parte de su mercado, el biodiésel santafesino quedaría mucho más expuesto frente al ingreso de las grandes cerealeras.
La Casa Gris llevó al Senado cinco cambios para corregir el proyecto de Bullrich y lograr una síntesis. El primero busca elevar la mezcla obligatoria de biodiésel al 15% -equiparando los porcentajes de Brasil, un gigante de los biocombustibles- y habilitar una suba al 20% si el precio local resulta competitivo frente al gasoil importado.
En Santa Fe sostienen que ese nivel permitiría sustituir los 1.500 millones de litros de gasoil que el país importa por año y generar un ahorro superior a los U$S 1.000 millones.
El segundo ítem sugerido por la gestión de Pullaro pretende que se reserve una cuota del 40% del mercado de biodiésel para las plantas no integradas y dejar el 60% en un esquema competitivo para todas las empresas.
“De ninguna manera se puede tratar a los biocombustibles de manera diferencial. No se comprende por qué, si le vas a reservar el mercado al bioetanol, no hacés lo mismo con el biodiésel”, señaló María Cecilia Mijich, de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia.
En ambas porciones, Santa Fe propone un sistema de “licitaciones públicas y transparentes”, con precios surgidos de la competencia y un límite de participación del 14% por grupo económico para evitar posiciones dominantes.
El tercer pedido es limitar la facultad de la Secretaría de Energía para modificar las mezclas obligatorias: sólo podría hacerlo ante emergencias de desabastecimiento y por un máximo de 90 días.
Además, Santa Fe pide que los proyectos de diésel renovable, combustible sostenible de aviación e hidrógeno verde de más de U$s 200 millones queden incluidos de manera explícita en los beneficios del RIGI.
Por último, reclama que las empresas que controlan la materia prima garanticen el acceso a esos insumos para las plantas no integradas a precios vinculados a la paridad de exportación.
La preocupación es que esas mismas firmas puedan dejar sin margen a las pymes antes de empezar a competir.
El proyecto del oficialismo no es el único sobre biocombustibles que ingresó al Congreso. También hay una iniciativa de la salteña Flavia Royón en el Senado y otra de Provincias Unidas en Diputados que lleva la firma de los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Schiaretti y de los santafesinos Gisela Scaglia, Pablo Farías y Esteban Paulón.
En la Casa Gris admiten que ese último texto está más en sintonía con la mirada provincial. Sin embargo, está lejos de ser el eje de la negociación actual.
El Gobierno impulsa el proyecto de Bullrich, que además funciona como la síntesis política de la Casa Rosada y de varios representantes del norte interesados en cuidar el mercado del bioetanol.
Por eso, el gobierno de Santa Fe trabaja sobre dos carriles. Por un lado, mantiene conversaciones con la Secretaría de Energía y con el oficialismo nacional, que en el Senado se mostró receptivo a escuchar los planteos.
Por el otro, busca ordenar una posición común con sus legisladores nacionales, aunque en el gobierno aclaran -sobre todo por la dinámica propia de los representantes de la cámara alta- que respetan la independencia de cada uno a la hora de negociar dentro del Congreso.
Así, la provincia busca correrse de una posición de rechazo frontal y concentrar la presión en sus cinco condiciones para que la ley no se sancione tal como entró.
En Santa Fe aseguran que el Gobierno se mostró receptivo en el Senado y mantienen una expectativa moderada de que el texto pueda modificarse durante el debate legislativo.
La presión no llegó sólo desde la política. La Cámara Santafesina de Energías Renovables también impulsó cambios para que el posible nuevo régimen no deje sin margen a las plantas pequeñas y medianas que abastecieron durante años el mercado interno.
“Para nosotros este no es un mercado de ganadores y perdedores, como dijo el Gobierno. Hay espacio para todos”, resumen en Santa Fe. En la Casa Gris advierten que, si la ley avanza sin cambios, ese equilibrio podría romperse antes de que empiece la competencia.