Presentaron sus dictámenes para actualizar prestaciones y pensiones. UP y el resto de la oposición negocian un acuerdo para que el Presidente no pueda vetarlo.
El bloque PRO de Diputados.
Javier Milei sumó un problema en el Congreso para mantener el superávit fiscal, clave para su plan económico: la UCR y el PRO participaron este miércoles de un plenario de comisiones convocado para aumentar el presupuesto en Discapacidad. Presentaron sus propios dictámenes y el resto de la oposición buscará acordar un texto común para aprobarlo en el recinto.
De producirse un acuerdo entre la totalidad de los bloques no oficialistas, el Presidente estará en aprietos: unidas, estas fuerzas podrían alcanzar los dos tercios en ambas cámaras, lo necesario para que Milei no pueda vetar una eventual ley. Su único camino, en ese caso, sería la judicialización.
El Gobierno no parece reaccionar: este miércoles el bloque de La Libertad Avanza no participó del plenario de comisiones. Ni siquiera asistió José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, que había sido emplazada en el recinto para que se sumara al debate y sean posibles firmar dictámenes definitivos.
Fuentes del oficialismo explicaron que están sin brújula. Como la Agencia Nacional de Discapacidad la controla Diego Spagnolo, amigo de Milei, si no llegan instrucciones precisas, nadie quiere pisar en falso. El año pasado, la diputada libertaria Lilia Lemoine negoció una tregua con la oposición para evitar la declaración de emergencia. Este miércoles no hubo interlocutores capaces de esa tarea.
La reunión fue coordinada por el diputado Daniel Arroyo, de UP, autor del proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, que tuvo dictamen de mayoría. Los otros despachos fueron de UCR, PRO y Democracia Para Siempre (UCR crítica). Un dato alarmante para el Ejecutivo: todas las propuestas establecen un sistema de indexación para las prestaciones, uno de los principales reclamos del sector.
Sólo difieren en el mecanismo de actualización, pero hay consenso en que los aumentos que reciben los profesionales no pueden depender de resoluciones presidenciales.
Arroyo destacó que el dictamen de mayoría aborda tres problemas: prestaciones para personas por discapacidad, pensiones y evitar maltratos en los trámites. Denunció que los talleres protegidos están pagando salarios de 28 mil pesos y que hay 500 mil personas que pidieron una pensión y no la obtuvieron.
"Es evidente que estamos ante una emergencia. No es que el sistema está desfasado: está totalmente desactualizado", evaluó el diputado de UP. Su proyecto, además, crea una pensión no contributiva por discapacidad para protección social, con un haber equivalente al 70% haber mínimo jubilatorio. Sólo se cortaría si el beneficiario cobra dos jubilaciones mínimas. También se proponen un aporte a personas mayores de 70 años.
UP propone además indexar las prestaciones con la fórmula actual de movilidad jubilatoria, dispuesta el año pasado por un decreto presidencial, que toma en cuenta el índice de precios al consumidor, "o el que en el futuro lo reemplace". En este tema no hay grandes diferencias: los dictámenes de UCR, DPS y PRO establecen una actualización por IPC.
La controversia es que UP quiere una compensación por la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones desde que asumió Milei, en diciembre de 2023. Los dialoguistas no lo aceptan. "Hay un retraso grande de los últimos años y es un problema que tenemos que solucionar", reconoció Martín Maquieyra, del PRO, quien junto a su par Germana Figueroa Casas se hizo cargo del dictamen amarillo. El diputado pampeano enumeró la pérdida de poder adquisitivo desde 2020 para remarcar que 2024 no fue el peor año.
El peronismo pide declarar una emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y en la oposición creen que el plazo es exagerado. La UCR y DPS la solicitan por un año y medio. Para el PRO no es necesaria esa denominación para actualizar partidas.
La otra parte de la discusión tiene que ver con las pensiones, una ayuda que todos los bloques intentan precisar y sobre todo auditar, ante las denuncias de otorgamientos irregulares. Los dictámenes de minoría insisten en mejorar los controles pero no atacar a los legítimos beneficiarios.
"Necesitamos encontrar culpables penales y civiles", sostuvo el radical Lisandro Nieri. Su dictamen crea una pensión especial para mayores de 70 años; y otra "no contributiva", del 70% de una jubilación, ante casos de invalidez laboral por discapacidad.
Carla Carrizo, de DPS, avaló las auditorías, pero exigió tener precisión en las denuncias. "No puede ser que cada persona con discapacidad sea sospechada. El Gobierno tiene que relacionarse con la palabra control", reclamó.
Este bloque pidió la incorporación de una disposición específica para garantizar la rehabilitación inmediata de pensiones suspendidas por razones laborales y anunció que pidió un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La UCR y el PRO incluyeron en sus dictámenes beneficios a los empleadores por tomar personas con discapacidad. Proponen una reducción de hasta el 50% en las cargas patronales. "Necesitamos darle discapacidad con empleo privado", sostuvo Maquieyra. La discusión seguirá en el recinto.