El resto de las bancadas que quieren abrir el recinto consideran que el proyecto del peronismo tiene un costo fiscal excesivo. Posible doble sesión.
Paula Penacca, de Unión por la Patria, presente en la reunión de la oposición.
Los bloques de la oposición de Diputados que se unieron para manejar la agenda legislativa tuvieron su primera discusión. Para sumarse a una próxima sesión, Unión por la Patria exigió incluir en el temario la emergencia por Discapacidad, que tiene dictámenes firmados por la mayoría de las fuerzas, pero aun así no había sido tenido en cuenta.
Forman parte de la negociación UP, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia Para Siempre (UCR crítica) y la izquierda. Hubo una reunión entre referentes de todas las bancadas y surgió un compromiso inicial para sesionar el 21 y consensuar proyectos que mejoren las jubilaciones. Hay 14 dictámenes firmados, algunos para subir los haberes y el bono; y otros para prorrogar o reemplazar la moratoria previsional.
Como explicó Letra P, el lunes habrá una reunión de expertos de estas fuerzas para buscar un acuerdo sobre temas previsionales y así no llegar al recinto a ciegas. Otra discusión pendiente es si es posible votar en el recinto las autoridades de la comisión investigadora del caso $Libra, que no pudieron elegirse porque hubo empate.
UP estuvo representado en esa reunión por la diputada Paula Penacca, quien exigió un compromiso para tratar la emergencia en Discapacidad. La diputada kirchnerista se sorprendió ante objeciones de la oposición que no fueron claras y quedó en consultar a su bloque para dar una respuesta. El referente en este tema en el peronismo es Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad.
Fuentes de la oposición consultadas por Letra P explicaron que las objeciones a la emergencia en Discapacidad refieren al costo fiscal del dictamen de UP, aunque tampoco hubo contrapropuestas para reducirlo. Otras versiones dan cuenta de una queja de los gobernadores, aún cuando los dictámenes no tocan sus arcas.
Fuentes del bloque peronista consultadas por Letra P ratificaron que no darán un paso atrás. "Si la emergencia en Discapacidad no está en el temario, no hay sesión", confirmó una autoridad de la bancada. El plan del resto de los bloques es que la sesión sea el miércoles y solicitarla recién el lunes, cuando haya pasado el temblor de la elección porteña.
Una alternativa que evalúan en DPS y EF es llamar a otra sesión el 28 sólo para tratar Discapacidad y, de esa manera, garantizar la presencia de UP el próximo miércoles. Como explicó Letra P, sobre este tema hay dictámenes de todos los bloques. El denominador común es descongelar los nomecladores que usa la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para pagarle a los prestadores.
Hay propuestas de UP, DPS y EF; y hasta de los habituales aliados oficialistas, como UCR y PRO. Todos coinciden en indexar los valores a la inflación, ya sea a través del IPC o del índice de movilidad jubilatoria, como plantea el peronismo. Pero esta última fuerza, además, solicita pagar una compensación a los prestadores para actualizar los montos, que tome en cuenta la inflación desde diciembre de 2023.
Este refuerzo debería ser cancelado por la Andis, que ya anunció con comunicados de prensa que no está dispuesta a afrontarlo. Su titular es Diego Spagnuolo, un abogado amigo de Javier Milei. Esa cercanía complica las gestiones que puedan hacer los libertarios desde Diputados.
En UP creen que el costo fiscal de las compensaciones es menor al de sostener la moratoria, que es de 0,084 del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. "No nos podemos sentar a votar jubilaciones e ignorar la emergencia en Discapacidad. Eso no va a pasar", sostienen.
La versión de una advertencia del costo fiscal por parte de los gobernadores sorprendió a UP, porque no es un tema que, a priori, toca sus bolsillos. La sospecha en Diputados que hay es que al subir los nomecladores nacionales, las provincias sientan la presión de actualizar los propios, que están más bajos. La precarización se repite en provincias de todos los colores políticos.
El dictamen de UP, que tiene la mayoría de las firmas, también define las nuevas condiciones para acceder a pensiones por discapacidad, que actualmente no están claras porque el Gobierno derogó la legislación vigente. Spagnolo tomó esa decisión luego de intentar restringir los beneficios con una pensión por invalidez laboral que usó terminología vieja, con palabras como "débil mental", "idiota" e "imbécil".
El proyecto de UP, presentado por Arroyo, crea una pensión no contributiva por discapacidad para protección social, con un haber equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Sólo se cortaría si el beneficiario cobra dos jubilaciones mínimas. También se proponen un aporte a personas mayores de 70 años. No está claro cuándo se tratará. La negociación está en marcha.