Los dialoguistas ahora son rebeldes. Macri y Villarruel vs. Karina, dos problemas que escalan. Menem se pronunciaría contra Astiz. Lijo ya se siente un supremo.
Javier Milei, en el Congreso, junto a Victoria Villarruel.
El 53% rechaza las SAD en Argentina, medida que impulsa el gobierno de Javier Milei
Victoria Villarruel y Martín Menem licenciaron a sus empleados por el receso invernal, pero no pudieron descansar: en sólo cinco días supieron que la oposición que se decía dialoguista traba la agenda legislativa que pide Javier Milei, sin siquiera esperar la batalla por el Presupuesto 2025. Y la visita de un grupo libertario al represor Alfredo Astiz vaticina fuertes conflictos.
No pasó un mes desde la sanción de la ley ómnibus XS y la reforma fiscal y el clima cambió en el Congreso. Era de esperar: las bancadas que ayudaron al Gobierno necesitan posicionarse para un escenario electoral que amenaza con erosionarlas para siempre. Mauricio Macri, presidente del PRO, que funcionó de aliado natural de La Libertad Avanza, inició esta semana su propio camino legislativo que, de mínima, obligará al oficialismo a negociar la agenda.
La UCR, los outsiders -que son muchos y decisivos- y los partidos provinciales hacen sus cuentas. Lo supo Lisandro Catalán, el segundo de Guillermo Francos, cuando fue a la Cámara de Diputados a presentar la reforma política. "¿Qué quieren ustedes? ¿Sancionar las leyes o abrir una discusión para distraer la atención?", lo acorraló Rodrigo De Loredo, jefe del bloque de la UCR. Sorprendido, el funcionario tuvo que negar lo segundo.
La discusión de la reforma política comenzó empantanada porque el Gobierno no está dispuesto a ceder en su idea de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un instrumento que complica al presidente de turno. Las internas alteran la gestión con un calendario electoral extensísimo, que obliga a negociar listas antes de mitad de año, y permite que las oposiciones arreglen sus diferencias con logística estatal.
"Nosotros las queremos eliminar, como sea", fue el mensaje del Gobierno, pero chocó con una oposición que no quiere perder un instrumento para reciclarse, aunque tampoco tiene una propuesta alternativa unificada. La UCR prefiere que las PASO sigan como están, mientras que el PRO y la Coalición Cívica piden que no sean obligatorias. Nadie tiene los votos para imponer su idea y el debate apunta a quedar trabado, como tantos otros.
Sobre todo porque Milei, con el asesoramiento de Francos, ya adoptó las mañas de los Gobiernos y estudia una reforma política para planificar una reelección. Se hace una pregunta muy sencilla: ¿Es negocio incorporar el sistema de boleta Única Papel (BUP) y sostener las primarias?". Claramente, no. El Presidente no va a gastar plata para resolver las diferencias en las fuerzas de la oposición que busca borrar del escenario. Además, en la justicia electoral no tienen claro si podrían convivir las internas con una boleta única, porque la oferta electoral sería demasiado grande para estamparla en un único papel. Por eso, Catalán le dijo a la oposición que se trataban las dos leyes juntas o ninguna.
Villarruel juega su carta para destrabar la reforma política: retomó la negociación del proyecto de boleta única aprobado en Diputados en 2022, que preveía sancionar en enero y no pudo. Se retobó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que tiene un voto clave en el Senado. Pide quitar la chance de boleta única completa o, como alternativa, aprobar el sistema de Santa Fe.
La vicepresidenta dice que ya arregló que la rionegrina Mónica Silva vote a favor y le solucionan el tema en la reglamentación. Fue la propuesta que Weretilneck no tomó en enero, por falta de confianza en Milei. En la Casa Rosada no participaron de estas gestiones: sólo quieren garantizarse que no haya primarias y, en ese caso, los partidos provinciales son aliados, pero no alcanzan. La llave la tienen el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal.
Estas fuerzas tampoco allanaron el camino para los proyectos que arribaron esta semana. La baja de edad de imputabilidad es parte de la lista de reclamos del PRO, pero hay diferencias: el bloque amarillo quiere que se fije en 14 años y no en 13. Se harán esa y otras correcciones para que pase el filtro de las comisiones de la cámara baja, donde Patricia Bullrich tiene varios proyectos trabados.
El juicio en ausencia, un instrumento que puede ser útil para llevar al banquillo a los acusados de volar la AMIA hace tres décadas, tampoco tiene consenso pleno en la oposición. Le piden a LLA reducir su aplicación a delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura. No está claro si Milei quiere abrir esos debates.
La visita de cinco miembros de La Libertad Avanza al represor Alfredo Astiz en la cárcel de Ezeiza causó un cimbronazo en la bancada que conduce Gabriel Bornoroni, donde ni Martín Menem salió a apoyar.
El entrerriano Beltrán Benedit, el organizador del tour a represores, tendió trampas y hubo quienes cayeron. En su mensaje al grupo de WhatsApp sólo habló de una "visita humanitaria". A Menem le dijo que iban a supervisar la situación de los mayores de 70 años detenidos y a la diputada Rocío Bonacci, que irían a entrevistarse con excombatientes de Malvinas.
Como explicó Letra P, la diputada santafesina se subió a la combi y se bajó cuando supo que se vería con condenados por delitos de lesa humanidad. No quiso salir en las fotos, que retiene Benedit, y que iban a acompañar un comunicado de prensa que nunca salió. En ninguna imagen está Astiz. Hubo asesores de legisladores y funcionarios de la cámara baja que viajaron en la combi que el entrerriano gestionó ante los funcionarios administrativos de Menem. Es un trámite habitual para cualquier actividad.
Como el vehículo era pequeño, algunos colaboradores fueron en autos -que serían también oficiales- hasta Ezeiza. El kirchnerismo tiene el listado, con nombres y apellidos, facilitado por empleados del Congreso. Si es necesario, lo publicará en las redes sociales. Por ahora, prefieren evitar escraches.
Aunque lo niegue, Menem dedicó varios tramos de esta semana a resolver el expediente Astiz, que explotará en la sesión del 7 de agosto. El kirchnerismo quiere iniciar un proceso disciplinario para expulsar a los libertarios que fueron a Ezeiza. "No fue una decisión del bloque, ni nos representa", fue la respuesta que dieron los voceros del titular de Diputados cada vez que fueron consultados.
El riojano trabaja con sus colaboradores en un comunicado para despegarse del cara a cara de sus pares con Astiz, sin romper el bloque que tanto le costó mantener unido. No es fácil, pero piensa que está cerca de encontrar un texto adecuado.
Un dato que suena en el despacho de Menem: en la comitiva a Ezeiza estuvo el diputado Guillermo Montenegro, quien hasta comienzos de año fue socio político y casi una estampilla de Villarruel. Las razones de su pelea son desconocidas. En los pasillos legislativos hay versiones de todo tipo, algunas de telenovela.
Lo único que se sabe es que Villarruel y Montenegro compartían el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires -se fueron con disputas judiciales por el control del sello- y el activismo por una revisión de la violencia setentista, que exculpe o aminore la responsabilidad de quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
Montenegro era uno de los diputados que sabía perfectamente que iba a ver a Astiz. Al igual que Lourdes Arrieta, no levantó la mirada cuando un asesor leyó el nombre del represor en la combi. Sus pares hasta lo vieron sonreír. En el pabellón fue uno de los más entusiasmados con el relato del represor, que abundó en consignas nacionalistas, con el uso de la palabra "Patria".
Una salida del riojano podría ser volver a culpar a Villarruel, como ya hizo Karina Milei para evitar un conflicto bilateral con Francia y le costó otra rebelión de la vicepresidenta. La secretaria general estuvo en el despacho de Menem el jueves. Nadie confirma si hablaron de ese tema. No hace falta.
Otro tema a resolver por Menem y Karina es la conformación de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. Ya definieron los integrantes de Diputados, sin sumar a Hacemos Coalición Federal, el bloque conducido por Miguel Pichetto, quien aceptó su derrota en el despacho del riojano, pero aún deber escuchar los reproches de su bloque.
El más duro de esa bancada es Nicolás Massot, de pésima relación con Menem, quien ocupó diez minutos de la reunión del lunes en pedirle al rionegrino que la próxima vez que se vea con el exjefe del bloque PRO garantice un diálogo más amigable que el último que tuvieron. Los libertarios bromean con que algún día Menem y Massot se batirán a duelo.
La bicameral no se conformó porque no hay acuerdo para la presidencia. Villarruel insiste con el senador macrista Enrique Goerling Lara. Karina no quiere darle poder a Macri. La UCR no ayudará gratis, porque en definitiva nadie lo hace. De hecho, el senador entrerriano Edgardo Kueider, socio del Gobierno para aprobar la ley bases, se anota para presidir. De mínima, será parte de la negociación, que seguirá los próximos días.
En la Casa Rosada volvieron a ignorar al Senado. Lo prefieren cerrado. No hay gestiones avanzadas para modificar el proyecto de movilidad jubilatoria, a riesgo de que se sancione a mitad de agosto. El plato fuerte, claro está, serán los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Las audiencias serán el 21 y el 28 de agosto.
Lijo es resistido por la mayoría automática de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda), pero ya se siente un supremo más. Hasta contrató un equipo de comunicación para mejorar su imagen. Este fin de semana difundió una reunión que tuvo con el ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el antisemitismo del Estado de Israel, Amichai Chikli.
El juez dice que ya tiene los 48 votos del Senado necesarios para la aprobación que su pliego, de los cuales 33 son de UP. Su audiencia será clave.