El gobernador deja en manos del máximo tribunal nacional la resolución del conflicto. División de poderes y doble comando judicial.
El gobernador Claudio Vidal junto a Natalia Linardi, a cargo de la presentación ante la Corte.
El enfrentamiento entre Claudio Vidal y el Poder Judicial de Santa Cruz avanzó otro casillero. El gobierno de la Patagonia sur recurrió a la Corte Suprema para revertir la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declaró inconstitucional la ley impulsada por el mandatario, que ampliaba la Corte provincial de cinco a nueve integrantes.
“Se recurre la sentencia del TSJ por arbitraria, dogmática y falta de motivación”, sostuvo la fiscal de Estado, Natalia Linardi, tras interponer un recurso federal extraordinario ante el máximo tribunal del país.
Ahora será la Corte Suprema la que deba decidir la suerte de un conflicto institucional que la provincia arrastra desde hace meses, con acusaciones mutuas de avasallamiento. En la óptica del gobernador, la resistencia de los supremos locales responde a un intento del kirchnerismo de controlar el Poder Judicial de la provincia.
A través de un recurso extraordinario federal, el gobierno de Vidal argumentó que la determinación de la cantidad de integrantes del tribunal es una potestad de los diputados provinciales, y que el TSJ no posee atribuciones para rechazar una ley que cumplió con todos los requisitos previstos para su sanción.
También acusa a los jueces Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia Mercau y Fernando Basanta de arbitrariedad y falta de imparcialidad, al fallar contra una norma que modifica la composición del propio tribunal. Esta situación, señala, constituye un avance del Poder Judicial sobre las competencias de los otros dos poderes del Estado.
El recurso “hace hincapié en las cuestiones no justiciables, y por supuesto en la constitucionalidad de la Ley 3949 en tanto la misma no conculca artículo alguno de la Constitución Nacional ni de la Constitución Provincial”, explicó Linardi en declaraciones a La Opinión Austral. Para la funcionaria, el TSJ lleva adelante un “avasallamiento sin precedentes” que hunde a la provincia en una situación de “gravedad institucional”.
Con el impulso del gobernador Vidal, la Legislatura provincial aprobó en septiembre pasado la Ley 3949 para sumar cuatro nuevos integrantes al TSJ, hasta entonces constituido por cinco jueces.
Luego de la sanción, el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, a cargo de Marcelo Bersanelli, aceptó un amparo del gremio de judiciales y dictó una medida cautelar que ordenó suspender por diez días el tratamiento de las ternas para cubrir las vacantes. Una semana después, la jueza Marcela Quintana ordenó a la Legislatura abstenerse de avanzar en la votación de los nuevos vocales.
Como contó Letra P, pese al amparo vigente Vidal participó de la ceremonia en la que el entonces presidente del TSJ, Daniel Mariani, tomó juramento a Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos integrantes del tribunal, llevando su composición a siete miembros.
Menos de una semana después y en plena campaña electoral, la jueza de Río Gallegos Cecilia López declaró nula la sesión en la que la Legislatura aprobó las designaciones de Acevedo y de González Nora, y ordenó suspender por 30 días los efectos de las resoluciones y decretos que concretaron los nombramientos.
Luego, la mayoría opositora del tribunal destituyó a Mariani de la presidencia del cuerpo, con el argumento de que su actuación vulneró los procedimientos requeridos, dado que decisiones de esta magnitud requerían consenso pleno.
En un escenario de plena tensión entre el TSJ y el Ejecutivo, el 7 de octubre la Cámara de diputados santacruceña designó a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega como nuevos vocales de la Corte provincial, y un día después Mariani les tomó juramento.
La nueva mayoría votó a favor del regreso de Mariani a la presidencia del cuerpo y dejó al tribunal partido en dos, con una inédita doble conducción. Por un lado, una mayoría conformada por los nuevos vocales y bajo la conducción de Mariani, y por el otro los cuatro jueces originales, que reconocen la presidencia de Reneé Fernández.
Un día antes de la feria judicial, la facción del TSJ que conduce Fernández declaró declaró la nulidad absoluta de la Ley 3949 y consideró ineficaces todos los actos derivados de su aplicación.
Esa decisión dejaba sin efecto los nombramientos de los cuatro nuevos vocales y reestablecía el régimen anterior, con una Corte provincial de cinco miembros. Pero el final quedó abierto.
Esta semana, luego de la feria judicial, Acevedo, González Nora, Nolasco Contreras Aguero y De La Vega apelaron ante la Corte Suprema la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 3949.
Por fuera de las decisiones judiciales, la relación entre los poderes siguió tensándose. Uno de los últimos capítulos en este enfrentamiento tuvo lugar a mediados de enero, cuando el gobernador denunció públicamente a los jueces del tribunal por “autoaumentarse” el sueldo a 24 millones de pesos mensuales.
Tras calificar la decisión de una “burla y una falta de respeto” a la sociedad santacruceña, Vidal los acusó de ser “cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios”, una postura que adoptó buena parte de su Gabinete.
Desde el inicio del conflicto, el gobernador viene sosteniendo que el kirchnerismo "quiere conducir la provincia desde la Justicia”. Tras denunciar un “golpe judicial” orquestado por Cristina y Máximo Kirchner para operar en la provincia a través de “jueces amigos”, apuntó contra el juez Bersanelli, el que dictó la medida cautelar para suspender el tratamiento de las ternas.
También acusó al vocal del TSJ Fernando Basanta, exministro de Gobierno de Alicia Kirchner, de violar la división de poderes en la provincia.
Con el conflicto ya escalonado al máximo tribunal del país, Santa Cruz queda a la espera de una definición que excede la integración de su TSJ. De llegar en un tiempo razonable, la decisión de la Corte Suprema marcará un límite institucional y terminará de inclinar la balanza en una disputa de poder que si bien se juega en el terreno judicial, es netamente política.