El ministro interventor del INDEC confiesa delitos y degrada más al organismo. Torpe vocería. Salarios, jubilaciones y una era de hielo que ahora se entiende.
Toto Caputo, un campeón que no pega una (imagen generada con inteligencia artificial).
La impericia demostrada por Toto Caputo como vocero designado de la segunda intervención del INDEC no hace más que agravar los costos políticos y económicos que esa decisión tiene y tendrá para el Gobierno: el ministro de Economía desplegó desde el lunes un activismo mediático tan intenso como fallido.
Primero, con su vaticinio de un índice de precios al consumidor (IPC) de enero del 2,4 o 2,5%, con lo que acorraló a Marco Lavagna, a quien los números le daban diferente.
Luego, ya consumada la renuncia del exmassista que durante dos años había sido garante extrapartidario del principal relato de Javier Milei, al reconocer que fue producto de la decisión del Presidente de suspender la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación, mucho más adecuada a los hábitos de consumo actuales de la población, pero inconveniente por ponderar más el costo de los servicios públicos que experimentarán nuevos tarifazos en los próximos meses.
Este martes, finalmente, al confesar la comisión de un delito y, con eso, degradar todavía más la credibilidad del nuevo titular del INDEC, el hasta el mismo lunes director técnico Pedro Lines.
La versión de que el IPC del mes pasado le daba al renunciante más del 3% se generalizó en medios oficialistas y críticos, más allá de que las proyecciones privadas oscilaban entre 2,3 y 2,7%.
"Parece que el titular del INDEC tenía entre 3,1 y 3,5%, más o menos por ahí", dijo en Radio Mitre Eduardo Feinmann. La presión ejercida por Caputo al hablar de "2,4 o 2,5%" hizo "que Marco Lavagna pusiera el grito en el cielo. Me contó alguien cercano (al exdirector) que estaba a las puteadas escuchando el índice que daba a conocer el ministro de Economía", añadió.
La refutación de Caputo en Twitter alcanzó para que la emisora borrara el posteo que contenía el video, pero no para que la noticia fuera bajada de su web.
En su desmentida, el jefe del Palacio de Hacienda reveló que tanto Lavagna como Lines le habían adelantado, más de una semana antes de la fecha de difusión, prevista para el martes, que el IPC "daba una décima menos que el índice actual". Caputo, que se maneja con los medios como un elefante en un bazar, cometió una torpeza grave.
Por un lado, confesó un delito: la violación del secreto estadístico, según surge del artículo 13 de la ley 17.622.
Más específicamente, el artículo 157 del Código Penal establece penas de prisión e inhabilitación para los funcionarios involucrados.
De hecho, ese fue uno de los cargos por los que Guillermo Moreno fue condenado en relación con la primera intervención del INDEC durante el kirchnerismo.
Más grave es que, además de confesar un delito a título personal –algo que podría complicarlo, tal como son las cosas en Argentina, cuando ya no tenga poder y no pueda lograr que un medio importante retire información publicada–, también involucró al director saliente y al entrante.
Si los datos que difunda el INDEC nuevamente intervenido estarán sospechados, ¿qué quedará de la credibilidad de Lines tras los nuevos dichos de su jefe político?
Sin sorpresa, surgen en el Congreso pedidos de interpelación que sería saludable que prosperaran en aras del interés público.
¿Qué confianza generará el IPC de enero, reelaborado de apuro en base a la metodología vieja, cuando sea anunciado el martes? ¿Será creíble el "2,4 o 2,5%" augurado por un Caputo que juega con cartas marcadas o, por el contrario, seguirá pesando la sospecha del tres y pico censurado, lo que sería un golpe político enorme para el ministro y para el Presidente?
Aunque falla cada tanto, Caputo vive conteniendo la devaluación del peso, pero no puede evitar la de la palabra oficial. La reconstrucción de la confianza en el INDEC generada durante el gobierno de Mauricio Macri y respetada por el de Alberto Fernández, aun cuando los números daban cada vez peor, ha sido revertida en una sola tarde malhadada.
El Gobierno precisó este martes cuándo aceptará que el IPC se parezca más –no menos, como ha determinado– a la realidad. Será cuando el índice comience con cero. Según prometió Milei, en agosto a más tardar.
El daño autoinfligido es mucho más grande que los puntos de inflación que habrían sido reconocidos con la medición basada en la canasta de consumo de 2017-2018, que debería haber reemplazado a la vetusta de 2004-2005. Mientras la inflación no baje hasta donde pretende el jefe de Estado, la pregunta por el debut del nuevo esquema será permanente y cuando lo haga, otra apretará: ¿será verdadero ese logro?
Mientras, mes a mes crecerá la impaciencia de los sectores perjudicados por la subestimación intencional del IPC, desde los ahorristas en plazos fijos UVA hasta los bancos que actualizan sus préstamos con ese indicador y los tenedores de títulos ajustables por CER.
El enrarecido clima financiero internacional impidió este martes separar los tantos de un mal día para los activos argentinos, con una caída del 2,2% de la bolsa porteña –con picos del 12% de varias acciones líderes– y con un regreso del riesgo país por encima de los 500 puntos básicos. El impacto financiero de la intervención será un tema a seguir de cerca en las próximas ruedas.
Acaso de modo aun más sensible, se anotarán en la lista de los vulnerados los trabajadores del sector privado a quienes les pisan las paritarias y, sobre todo, los estatales y los jubilados sometidos a una licuadora eterna.
La contumacia de la extrema derecha gobernante en no aplicar un método de cálculo más preciso de la inflación, que estaba listo desde marzo y fue demorado inicialmente para que no complicara el desempeño oficial en los comicios legislativos, genera también preguntas sobre el pasado y sobre el futuro. En especial, respecto de salarios y jubilaciones.
La diferencia entre la inflación oficial de la era Milei y la que habría surgido de un cálculo más realista supera los 38 puntos porcentuales y, de modo más claro, más de un 11% punta a punta. Este último número debe cargarse a la cuenta de los salarios, que el mandatario dice que se recuperaron pero que no lo hicieron, y de las jubilaciones, que empeoraron más que lo admitido hasta ahora.
¿Qué llevó al Gobierno a suspender la nueva metodología del IPC y a asumir tantos costos? ¿Solamente el horizonte cercano de subas de los servicios públicos bien superiores a la inflación esperada –este mes, por lo pronto, 3,59% en luz y 16,86% en gas–, cosa que habría pegado más en el índice nuevo?
"Una posible razón es que el programa necesita reforzar el ancla salarial. Con el nuevo esquema de bandas, el tipo de cambio deja de ser un ancla efectiva porque, si sube el IPC, la banda superior lo acompaña. Con el esquema de compra de reservas, tampoco hay ancla monetaria (ya que) la oferta de dinero acompaña la demanda", señaló el economista Federico Machado. "Ancla salarial" significa ingresos populares pisados ex profeso.
"Si miramos el salario deflactado por el IPC original, no hay ancla salarial: los registrados se mantienen aproximadamente en niveles de noviembre de 2023, los no registrados están un 16% por encima y sólo el sector público pierde. Pero, si ajustamos por el IPC reponderado, el panorama cambia bastante: los registrados pierden 7,8% de su ingreso real, los no registrados ganan un 7% menos y los trabajadores públicos pierden 5,6% adicional", añadió.
Hay más. Como "las jubilaciones se ajustan por IPC, mantener el índice original permite seguir licuando, aunque levemente, el principal gasto del Estado, reforzando también el ancla fiscal", terminó.
Así, la era de hielo de la economía mileísta se entiende mejor.
Al menos, Lines ya no tendrá que buscar otro empleo en LinkedIn: pese a que su salario ha sido triturado como el de todos los estatales, el ascenso debería permitirle una recategorización.
El escándalo de la segunda intervención del INDEC le pone un reflector más potente al problema de la licuación de esos ingresos, posible combustible para reivindicaciones salariales y jubilatorias retroactivas que probablemente se habrían visto menguadas si el Gobierno se hubiese apegado al cronograma original y simplemente hubiese comenzado a anunciar el IPC según la nueva encuesta de consumo.
Ahora, con los especialistas alborotados y recalculando la inflación hacia atrás –cosa que el INDEC no tendría que hacer para no desquiciar innumerables contratos ya actualizados en función de la inflación oficial–, el asunto pasa al primer plano.
Esa polémica se enciende justo cuando el Gobierno se dispone a tratar –se supone que a imponer el próximo miércoles en el Senado con cambios negociados con sectores aliados, pero aún no explicitados– una reforma laboral que hace retroceder el capitalismo argentino al siglo XIX.
"Pablo Moyano reapareció en el mapa sindical con respaldo del ala combativa de gremios, que prepara un paro contra la reforma laboral", escribió José Maldinado en Letra P. En tanto, las CTA ya definieron una huelga general.
Mientras, el curioso Caputo cuenta, acaso pensando que así sintoniza con las vivencias populares: "Nunca en mi vida compré ropa en Argentina porque era un robo. Los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera".
En la misma línea, Manuel Adorni convenció a Luis Majul de que importar los jeans que antes se producían en el país no destruye ningún puesto de trabajo. Ambos funcionarios se han revelado como verdaderos profesionales de la confusión.
El ambiente se va espesando.
"Continua la tendencia alcista en cuanto a la cantidad de hogares que declaran que no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Dos de cada tres señalan que no es suficiente el sueldo (creció cinco puntos porcentuales respecto a los últimos seis meses)", dijo Clarín en referencia a una encuesta de Pulso Research. "Ha crecido notoriamente desde 2024 la cantidad de gente que debe endeudarse para hacer gastos cotidianos. Ya casi el 60% de los encuestados así lo indica (10 puntos más respecto a fines del 2024)", agregó.
Tras la calma chicha de las fiestas y las vacaciones de los afortunados, el año toma velocidad en la Argentina impredecible.