Temida en Villa María, acumula denuncias y pedidos de jury. Investigó a Cositorto y estuvo en la serie de Netflix. Su vínculo con el poder. El enojo del papa.
Pocos años le bastaron a Juliana Companys para convertirse en la mujer más temida de Villa María. Fiscal de Instrucción y de Familia de Segundo Turno en la tercera ciudad de la provincia de Córdoba, la reputación de su nombre se extiende mucho más allá de su jurisdicción judicial.
Intocable hasta hace poco tiempo, ganó fama de dura por los métodos aplicados para obtener materiales probatorios de las causas que investiga. En particular las declaraciones testimoniales, sobre las que abundan relatos de víctimas y abogados.
En sus casi ocho años como fiscal intervino en causas de alto impacto político. También ganó notoriedad al abrir investigación contra Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, la organización que estafó a miles de personas mediante esquemas Ponzi. Esa misma celebridad la llevaría a participar de una producción de Netflix sobre el tema, cuando aún instruía la causa.
Todos aquellos antecedentes parecen valorarse de otra manera con el cambio de ciclo que atraviesa la Justicia cordobesa. En pocos meses va acumulando reproches éticos, denuncias penales y pedidos de juicio político que podrían culminar en su destitución. Algo realmente peor que las acusaciones que le dedicara el papa Francisco tras la detención de una reconocida dirigente social.
Juliana Erica Companys fue designada oficialmente como fiscal de Villa María el 4 de julio de 2018. Abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, llegó a la ciudad más importante de la cuenca lechera en 2016 como prosecretaria del Juzgado de Juventud, Niñez y Violencia Familiar.
Antes había cumplido tareas en los tribunales de Río Segundo, misma sede en la que este jueves declaró por primera vez en una causa abierta en su contra por presuntas maniobras de amedrentamiento sobre testigos. Falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción son los delitos imputados.
Tales figuras han ameritado varias acusaciones. Testigos, personas investigadas y abogados aseguran haber declarado bajo intimidación, por caso con policías en poses amenazantes a sus espaldas. También se le adjudica maltrato, incautación de celulares sin orden previa y hasta impedir el cambio de ropa defecada a un detenido. “Vulnera sistemáticamente el derecho de defensa”, masculla un defensor local.
En octubre de 2021, 115 letrados acudieron al Colegio de Abogados de Villa María para expresar su “preocupación y malestar por el irregular accionar” de la funcionaria. El texto denuncia la utilización arbitraria de la privación de la libertad como “un modo sistemático y estratégico de gestionar las causas bajo su competencia”, “deliberada negativa para la restitución de bienes”, “omisión deliberada de valoración de pruebas de descargo” y “trato hostil e irrespetuoso para quienes asisten a su Fiscalía”.
La presentación ameritaría el primer pedido de jury en su contra. Al cierre de esta nota llegaba la confirmación de un cuarto. Para algunos de los denunciantes, el comportamiento de Companys vulnera derechos humanos. No pocos dicen que sus modos replican los de épocas de dictadura.
Las mismas voces mentan negociaciones espurias a través de interpósitos. Sus defensores admiten la dureza de sus prácticas, pero lo diluyen al considerar que ha debido lidiar con pesos pesado en una ciudad pesada. Recuerdan, como ejemplo, que ha recibido innumerables amenazas, incluso de narcos.
Con similar énfasis niegan de plano su crecimiento patrimonial. “Vive con lo justo. Alquila una modesta propiedad y paga un auto en cuotas”, afirman a este medio.
Tres meses después de asumir, a sus manos llegaron dos sonadas causas que involucraban a Eduardo Accastello, quien por entonces reforzaba su revinculación con el peronismo de Córdoba, al que había desafiado sin suerte tres años antes.
Las investigaciones apuntaban a posibles hechos de corrupción con la obra pública, cometidos durante su segundo y tercer período como intendente, entre 2007 y 2015, a través del disuelto Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (ENINDER) que él presidía. También a un posible enriquecimiento ilícito.
Tras meses denunciando persecución política, el hoy nuevamente intendente logró que el Ministerio Público Fiscal quitara la instrucción al fiscal René Bosio y la derivara a la recién asumida. Pocas semanas le tomaría a Companys dictaminar la inexistencia de delito.
Paradojas de la vida, hoy Bosio y Companys protagonizan otra polémica a cielo abierto. Ella lo acusa de ser el nombre clave de una extendida red de corrupción en torno a causas judiciales. Entre ellas habría personas que impulsan causas en su contra y otras que ella misma ha investigado. Asegura tener material probatorio de sobra.
Él la desmiente. Otros remarcan la coincidencia temporal entre la denuncia pública de la fiscal y el inicio de las audiencias en el proceso abierto en su contra en Río Segundo.
Simultáneamente piden no descuidar el caso Rodrigo Santi, un exbombero condenado por abuso sexual mediante juicio abreviado y luego beneficiado con prisión domiciliaria tras aducir “un cuadro depresivo”. En tales instancias contó con el patrocinio de Alejandro Bianco, quien había sido empleado de la fiscalía hasta pocos meses antes.
Contrapuesta rigurosidad se achaca a Companys en el tratamiento de sendas causas contra Martín Gill, sucesor del excandidato a gobernador por el kirchnerismo, rival en la interna K primero y en el rearmado del peronismo villamariense luego.
En julio de 2020 lo imputó por violar las restricciones vigentes durante la pandemia de coronavirus para acudir a la celebración del cumpleaños de su madre. En aquel momento, el exrector se desempeñaba como subsecretario de Obras Públicas de la Nación.
Tres años después lo imputaría por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja. La causa sería elevada a juicio un año después. En 2025 la Cámara de Apelaciones de Río Tercero anularía dicho requerimiento, cuestionando varios actos procesales. De inmediato ordenaría la vuelta a la fiscalía de instrucción para una revisión de lo actuado, incluyendo testimonios objetados y testigos no citados.
La novedad no tuvo la misma conmoción. Seis meses antes Gill, sostenido por Martín Llaryora pese a reclamos varios, había renunciado a su cargo de ministro de Cooperativas de la Provincia.
En torno a la figura de Companys se trazan conexiones políticas: general de la ley para decenas de funcionarios y funcionarias judiciales.
En su caso, acredita roles menores en la Secretaría de la Gobernación durante el tercer gobierno de José Manuel de la Sota. También buenas relaciones con los referentes de Juan Schiaretti en claustros judiciales.
A niveles más altos le adjudican sólidos vínculos con dos reconocidas figuras: Sebastián López Peña, nombre fuerte en el Tribunal Superior de Justicia, y Héctor “Chirola” David, exfiscal general de la provincia, actual adjunto en el MPF.
Meteorólogos de tiempos judiciales remarcan que no se trata de nombres centrales en el esquema diagramado por Llaryora para ganar terreno en la Justicia provincial. Consecuentemente, auguran a la fiscal una menor protección ante las inclemencias. “Ya no podrá torear a jueces y ministros”, ironizan.
Más difusos parecen los vínculos en el fuero federal, que ha mirado con interés al presentarse, el pasado año, al concurso para ocupar el vacante cargo en el Juzgado villamariense.
En los mismos concursos, para otro destino, rindió Facundo Cortez Olmedo, quien hoy oficia como su defensor. Para el exfuncionario de la municipalidad de Córdoba, las denuncias en contra de Companys constituyen una doble afrenta. Por un lado, porque se trata de hechos que ya habían sido descartados en una investigación anterior. Por otra parte, porque las denuncias provienen de aquellas personas a las que su defendida ha investigado.
Entre el grupo de personas aludidas destaca Alicia Peresutti, una docente de reconocida militancia y decidida participación en organizaciones que brindan asistencia a mujeres víctimas de aberrantes delitos, entre ellos la trata. Para más, amiga del Papa Francisco y nexo de múltiples instituciones.
Exauditora general del municipio villamariense, ex directora de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue detenida por Companys en 2023, acusada por “fraude a la administración pública, peculado, falsificación de instrumento privado y asociación ilícita”. Junto a ella, Graciela Sánchez, intendenta de Ballesteros, expresidenta de la Asociación Vínculos en Red.
La acusación de la fiscal apuntó a irregularidades administrativas de aquellas ONG. El perfil político e institucional de Peresutti generó lecturas extrajudiciales. Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos levantaron su voz. Asesores legales apuntaron, otra vez, a una inusual severidad para con demoras en rendiciones de cuentas que no podían adjudicarse linealmente a las acusadas.
El estrépito llegó al mismísimo Bergoglio, quien no dudó en denunciar persecución política en contra de Peresutti, quien meses antes había sido oradora en el Encuentro Mundial por la Paz.
Tres años después, la causa aún no ha sido elevada a juicio. Peresutti no sólo reclama: también ha pedido un jury contra la fiscal por lo que presenta como irregularidades. Remiten, cómo no, al modo de tomar declaraciones.
Al menos un pedido de juicio político podría vincularse a su actuación en la gestión de la causa por las estafas cometidas por Generación Zoe.
Proviene de reproches a la instrucción de la causa. En octubre de 2024, la Cámara del Crimen de Villa María declaró nula la elevación a juicio contra Cositorto y otras 15 personas. El tribunal cuestionó varios aspectos de la instrucción y ordenó la vuelta del expediente a la fiscalía.
Su desempeño en la causa también le valió la apertura de un sumario en julio del año pasado. La Secretaría de Sumarios Administrativos del TSJ le reprocha haber brindado información sensible sobre la causa que ella misma instruía para la realización del documental “El vendedor de ilusiones: el caso Generación Zoe”, que se emitió por Netflix.
Parte de tal información es brindada por ella misma, en entrevistas que son parte del registro audiovisual. Desde el TSJ cuestionan su participación y le recuerdan un acuerdo reglamentario vigente desde 1996: “La publicidad del quehacer judicial no debe transformar a este en un espectáculo ni a sus protagonistas en actores, lo que conspiraría contra el respeto que la magistratura merece”.
