El gobernador tuerce la relación de fuerza con Juan Schiaretti. Tendrá números para la nueva política penal. Desafíos internos y externos del nuevo fiscal.
Propuesto por Martín Llaryora, Carlos Lezcano juró como fiscal general de Córdoba
La asunción de Carlos Lezcano como fiscal general de la provincia da inicio a un período signado por otra relación de fuerzas en las instituciones que integran el sistema de administración de justicia de Córdoba. En particular, aquellas que parecen más permeables en la interacción con Poder Ejecutivo, hoy en manos de Martín Llaryora.
Como ya contara Letra P, el recambio del fiscal general corona una serie de movimientos con los cuales el gobernador tendrá mayoría de votos en el Ministerio Público Fiscal, el órgano encargado de representar el interés público, establecer los ejes de la política penal para la provincia y, consecuentemente, dirigir la investigación de aquellas acciones definidas como delitos.
En términos estrictamente políticos, el llaryorismo tendrá preminencia en un órgano donde, hasta hace meses, el ritmo era marcado por referentes deJuan Schiaretti, el líder cordobesista que no se resigna a abandonar su influencia en órganos institucionales de peso.
Egresado de la Universidad Nacional, Lezcano dice ser un “orgulloso hijo de la educación pública”, concepto que refrendara en el acto de asunción.
Abogado, procurador y magistrado, el nuevo fiscal general acredita más de 30 años de trayectoria profesional. “Mi vocación jurídica se sostiene en la convicción de que la justicia es una construcción colectiva, que exige compromiso, preparación continua y una profunda ética de trabajo”, aseguró al defender su postulación ante la Legislatura.
Además de experiencia profesional, Lezcano es reconocido como un peronista de pura cepa. Fue José Manuel de la Sota quien lo nombró magistrado en 2003. Su nombre se había hecho conocido como parte de un grupo de abogados que aprovechó un recambio en las instituciones de Justicia con el pase de mando de la UCR (tras 16 años en el poder) al peronismo cordobesista que iniciaba su hegemonía.
Antes aún, a fines del siglo pasado, había sido apoderado de su socio y amigo Luis Juez en la interna peronista que definiría las candidaturas para aquellas elecciones de 1998.
Considerado “traidor” desde entonces por las espadas del Frente Cívico, Lezcano consolidaría un trayecto ascendente y cada vez más distante del perfil denunciador de su ex socio.
Paradojas sólo comprensibles en política, el juecismo brindaría sus votos para aprobar el pliego girado por Llaryora al cierre del pasado año. Intérpretes parlamentarios explicarían la decisión como un gesto del senador. “Luis manda un mensaje a la Justicia: no tiene miedo. Al contrario, Carlos será el fiscal general durante la primera parte de su gobernación y deberá ser parte de la investigación de la corrupción del peronismo”, explicaron entonces.
Hasta su nominación Lezcano se desempeñaba como juez de Control y Faltas, cargo que le permitió conocer acabadamente el funcionamiento del sistema penal. Tan o más importante, le granjeó fluidos vínculos con funcionarios de distinto rango, algunos de los cuales hoy también ocupan importantes sillas.
Como juez de Control y Faltas también sostuvo vínculos conflictivos con fiscales y litigantes. Uno de los más sonados es el que lo enfrentó con Alejandro Pérez Moreno, quien cumplirá dos años como fiscal adjunto en el MPF.
Voces de suelas gastadas remontan la inquina a épocas en que ambos comenzaban a ganar renombre. El capítulo más reciente los encontró con roles cruzados en la causa por el asesinato de Blas Correas en manos de policías de Córdoba. Abogado de la familia del menor, Pérez Moreno fue crítico de la investigación que derivara en el primer juicio y que fuera refrendada por Lezcano. Algunas de las falencias señaladas derivarían en serios reproches del Tribunal, que en el mismo fallo que condenó a 11 uniformados ordenó una nueva investigación para esclarecer los vínculos con la conducción política de la fuerza.
Aquel juicio, que incorporaría la perspectiva de violencia institucional, obligaría a una revisión de los mecanismos de autorregulación que persisten en las fuerzas de seguridad de la provincia.
Tres años después del juicio, ambos abogados forman parte del proyecto con que el gobernador ha reforzado su juego en el tablero judicial.
Junto a Néstor Gómez, el último en ser nombrado, deberían asegurar los tres votos de mayoría. Pero en los hechos, sólo este es un llaryorista de paladar negro. Para sus críticos es tal atributo, no sus antecedentes académicos, lo que lo catapultó a una de las cinco poltronas.
Más cercano a esta escuadra se mueve Héctor Chirola David, un exfiscal general que conoce al dedillo las dinámicas e intrigas palaciegas. Delasotista, orgánico, su olfato político suele ser clave para definir situaciones controversiales.
Sólo un nombre proveniente del apogeo schiarettista permanece en el MPF. José Gómez Demmel, reconocido hacia el interior del cuerpo como “el que maneja las palancas”, mantiene aceitados vínculos con grupos de poder y el Círculo Rojo.
Buena parte de esos contactos se asignaban al saliente fiscal general. Juan Manuel Delgado, que volverá a la actividad privada, se retira con un crédito superior a la reputación con que ingresara hace cinco años.
Resistido originalmente por el fuero penal y la sala penal del Tribunal Superior de Justicia por su perfil administrativo (también por aquellas relaciones con sectores empresarios), deja su cargo habiendo cumplido varios objetivos que planteó en su plan quinquenal. El sistema de fiscalías de flagrancia y la reasignación de fiscalías según un criterio de territorialidad han generado expectativas en una provincia donde la inseguridad rankea alto como problema ciudadano.
Lezcano no sólo podrá dar continuidad a dichas políticas. También deberá encauzar distintas demandas cuyo abordaje podría impactar en nuevo abordaje de la política penal en tiempos donde predominan discursos de “mano dura”.
La primera de ellas es una mayor celeridad en el trámite de las causas penales. Aunque la morosidad no responda directamente a resortes del MPF, sirve para lubricar el concepto de puerta giratoria para quienes son detenidos por la Policía.
El vínculo con esta fuerza será también otro desafío. La liberación del vecino que asesinara al suboficial Luis Azabal motivó un fuerte reproche por parte del ministro de Seguridad. Juan Pablo Quinteros apuntó a la existencia de una doble vara para tratar los casos en que las víctimas son “los azules”.
Tales palabras expresaron un pensamiento compartido en el Ejecutivo, desde donde han insistido con la figura de que “los buenos son los de azul”.
El equilibrio entre demandas punitivistas y las garantías constitucionales en un contexto de crisis económica, de especial impacto en una provincia donde la mayor demanda de mano de obra proviene de sectores castigados por la caída del consumo (industria, comercio, turismo) aparece como el desafío más peliagudo a corto plazo.
En paralelo, deberá cuidar el vínculo con un TSJ que mira con desconfianza la revitalización de “los órganos políticos”, como definen al MPF, la Defensoría General y la flamante Procuración Penitenciaria.
Por si acaso, en el mismo acto de jura, delante de Quinteros y de Julián López, ministro de Justicia, Lezcano se permitió calurosos saludos con los tribunos. El más compartido en registros oficiales es el que se dio precisamente con el presidente del TSJ, Domingo Sesin.