A 20 años del crimen, tres funcionarios enfrentan juicio político por su actuación. La causa cerró sin condenas. El proceso busca recomponer la credibilidad.
Deliberación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Córdoba
A sólo seis meses de cumplirse 20 años del asesinato de Nora Dalmasso, las instituciones que se integran en el servicio de Justicia de Córdoba intentarán comenzar a remediar una de las máculas más notables de su historia reciente: el caso permanece impune.
La investigación, que durante casi dos décadas sumó recursos inéditos y expuso (directa e indirectamente) vínculos del poder político y el poder económico en la ciudad de Río Cuarto, capital alterna de la provincia, derivó en un sonoro fracaso que al día de hoy avergüenza a muchos funcionarios de Tribunales.
La causa quedó definitivamente cerrada en diciembre del 2025, cuando la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto dispuso el sobreseimiento total por prescripción de Roberto Marcos Barzola, el último sospechoso de una larga e infructuosa lista que incluyó a “perejiles” y familiares, cuya vinculación con el crimen podría haberse considerado a partir del cotejo de las muestras de ADN tomadas en el lugar en que “Norita” fue asesinada.
Tal omisión, sumada a entorpecimientos, errores procesales y las insólitas acusaciones por asesinato al hijo (cuya vida íntima quedó torpemente expuesta) y al esposo de la víctima, marcaron un hito ineludible en un camino de profundo descrédito hacia el funcionamiento del Poder Judicial.
Sobre tales falencias se cimienta el jury que inicia este martes contra tres de los fiscales que instruyeron la causa, desde su inicio en 2006 hasta el sonado juicio a Marcelo Macarrón, que concluyó con su absolución como único acusado.
Se trata de un intento de respuesta política a una historia a la que la politización y la mediatización otorgaron ribetes de sainete. La necesidad de enmienda interpela especialmente al peronismo, a cargo de la gestión gubernamental desde hace ya 28 años. Es la estructura judicial y policial formada a partir de 1998 la que se ha visto cuestionada, dentro y fuera de la provincia.
Por la mañana de este martes comenzará el debate oral y público ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que actúa en la Legislatura y es presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba). La acompañan sus pares Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico). Completa el quinteto la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti.
Serán ellos cinco quienes evaluarán la actuación de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Sobre ellos tres pesa la misma acusación por mal desempeño y negligencia grave en diversas etapas de la instrucción de la causa. En caso de ser encontrados culpables, podrían ser apartados de sus funciones como fiscales en la provincia.
La acusación contra ellos fue formulada precisamente por dos de sus exjefes en el Ministerio Público Fiscal. Tanto el exfiscal general Juan Manuel Delgado como la adjunta Bettina Croppi, quien en semanas asumirá en la Procuración Penitenciaria, coincidieron en considerar que los tres “se apartaron de las normas que regulan el buen desempeño de los funcionarios del MPF, que debe ser fiel al orden jurídico vigente”. Sobre todo, por la omisión de una indagación sobre las pruebas que podrían haber incriminado a Bárzola.
“Los directores de la investigación de la causa rehuyeron abiertamente una hipótesis delictiva, apreciable a partir de indicios concretos emergentes desde el comienzo y que fueron adquiriendo sustento con el tiempo. Mas ellos, obstinados en establecer presunciones vinculadas al círculo íntimo de la víctima, insistieron en acusaciones, primero respecto al hijo y luego al esposo, con lo que perdieron el rumbo procesal. En ese afán, dispusieron un sin número de medidas, algunas de ellas alejadas del sentido común y de la lógica procesal; despojadas de toda verosimilitud y racionalidad”, expresa la acusación de ambos funcionarios.
El pedido de juicio político contra Di Santo, Miralles y Pizarro fue promovido por la familia Macarrón luego de confirmarse la prescripción del caso. La denuncia fue admitida por unanimidad por los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Aunque se trata de un trámite de rigor, sorprendió la decisión de Delgado y Croppi de formular la acusación. Sobre todo el primero, que al momento de la redacción ya conocía que sería reemplazado por Carlos Lezcano.
En el entorno del saliente fiscal general alejan cualquier especulación al respecto. “No quiso dejarle el problema irresuelto a su sucesor. No quiso mirar para otro lado. Para él es inaceptable que un fiscal, incluso que un juez, actúen en un sentido contrario a su deber, que no es otro que el cumplimiento de la Constitución”, dicen a este medio.
Las mismas fuentes salen al cruce del principal argumento que exhibirá la defensa de Di Santo, quien instruyó la causa por 10 años. Su representante legal ha denunciado ya que se trata de una violación del principio de “cosa juzgada”, evocando que en 2007 ya hubo un pedido de jury en su contra, desestimado años después.
“El jury se guía por otros criterios, no es un juicio penal. Además, son casos distintos. Aquella era una acusación por otras razones, que no llegó a juicio político. Este caso es claro y apunta a mala praxis”, precisan las mismas fuentes.
En los mismos pasillos que Delgado ocupara hasta hace semanas piden detenerse en otro hecho inverosímil: la defensa de Miralles corre por cuenta de Emilio Andruet, un exjuez, excamarista, que como tal falló a favor de apartar al fiscal de la causa en 2017.
“Es insólito y puede constituir algún tipo de incompatibilidad, digna de reproche. Como juez hizo lugar a las objeciones de la familia Macarrón contra la investigación de Miralles. Ahora como abogado intentará demostrar lo contrario”, expresan en una prolongación de off.
El tribunal político parece contar con varias razones para sancionar a los fiscales. Principalmente pesa sobre los legisladores la expectativa de una reconvención institucional, siquiera tardía, de cara a la sociedad.
Fuentes calificadas destacan que el gobernador Martín Llaryora ha expresado, con debida cautela, su aval al jury y a la acusación del MPF. “En el Ejecutivo dijeron que debía hacerse lo que correspondía”, remarcan.
El análisis supera presunciones sobre una conveniencia coyuntural. Recuperar la confianza en la Justicia es un objetivo compartido con el Poder Judicial. Hace 50 días, en la apertura del año judicial, Domingo Sesin, presidente del TSJ, expresó preocupación por “la imagen de la justicia evidenciada en encuestas que reflejan bajos índices de credibilidad”.
“Tales estadísticas no reflejan la realidad completa sino sólo fragmentos que muchas veces responden a intereses sectoriales y que se difunden por la prensa y las redes sociales. La verdad es muy diferente. Es superlativamente mejor de lo que la gente cree si se muestra la amplia realidad con múltiples pronunciamientos judiciales de gran calidad, juridicidad y humanidad”, dijo el supremo en su discurso.
A 20 años del asesinato de Nora Dalmasso, la investigación del caso sigue siendo un muestrario de las razones que alientan aquel descrédito.