Al regreso de su licencia por enfermedad, el intendente reducirá la planta política, refinanciará deudas y cesará alquileres. Salud y educación, intocables.
Daniel Passerini, durante la presentación de la Tarjeta Activa
Daniel Passerini ensayará un relanzamiento de gestión en la ciudad de Córdoba. No será el primero, acaso deba ser el último de cara a lo que demande la contienda provincial en 2027. Lo hará guiado por necesidades, políticas y económicas; y siguiendo un camino ya recorrido: reducción de estructuras políticas, revisión de todos los gastos y recálculo de deudas.
Algunas de las decisiones se han dado antes que el intendente se reinstale en el Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio municipal, luego de la operación de extracción de próstata a la que se sometió.Entre ellas, una nueva colocación de títulos de deuda, con tope de $70.000 millones, con los que buscará afrontar vencimientos de corto plazo. También la decisión de no renovar alquileres de inmuebles donde funcionan dependencias municipales.
Otras serán presentadas sobre la efeméride del segundo aniversario de su asunción como en el gobierno de la ciudad de Córdoba. Allí llegarán anuncios de índole política, como una reducción de las estructuras municipales de segundo y tercer orden: subsecretarías, direcciones y subdirecciones.
El ajuste de cinturón responde también a la admisión de expectativas sobre un complejo panorama financiero que obligará a restricciones que se verán reflejadas en el proyecto de Presupuesto que se presentaría la próxima semana.
Una serie de factores convergen en negros nubarrones. El primero es la sucesión de vencimientos de deudas, en su mayoría contraídas por las gestiones precedentes. En los años de gestión restantes Passerini deberá pagar 50 millones de dólares, remanente de los 150 millones de dólares que tomara como empréstito Ramón Mestre y que Martín Llaryora “pateara” para su sucesor.
Por supuesto que ni el médico ni su entorno saldrán a cuestionar esa decisión del socio mayoritario. Pero en intercambios informales destacan que se trata de un condicionante que debiera ser tenido en cuenta en cualquier evaluación, sobre todo de los propios. Un soterrado reclamo cuya principal contraprestación, barruntan, debiera estar vinculada a la fidelidad.
Daniel Passerini se arremanga para afrontar otro año complicado
No menos condicionante resulta, en similar narrativa, la clausura de cualquier llegada de fondos desde el gobierno nacional. Las expectativas de una recomposición son nulas. Aún con paliativos como los descuentos que otorga la SUBE, el transporte sigue siendo un agujero sin fondo.
Junto a ello, una caída en la recaudación impositiva, vinculada a la contracción del consumo, que tiene un piso de dos cifras imposible de horadar. Con menor actividad económica, menor recaudación por tasas.
Frente a este panorama, la nueva emisión de letras apunta a contar con fondos para mantener un ritmo de obras, principalmente viales, que deberían estar concluidas a partir de 2026.
Se ha dicho ya, la evaluación ciudadana de la administración municipal será clave para las elecciones provinciales de 2027. Convertida en el bastión clave de Llaryora para llegar a la gobernación, los recientes resultados en las legislativas encendieron alertas varias: La Libertad Avanza se impuso en 93 de los 119 subcircuitos en que se divide la Capital, acumulando una diferencia de 19 puntos.
El resultado obró como admisión de las flaquezas de una gestión que no ha cumplido con expectativas propias y ajenas. Pero también marcó la necesidad de adecuar el organigrama a tiempos en que, además de las deudas, los discursos vigentes apuntan a la reducción de estructuras a la mínima expresión.
Por ello, la intendencia no renovará contratos de alquiler de algunos inmuebles en que funcionan dependencias municipales. En total, la Municipalidad admitió la existencia de 76 contratos, muchos de ellos en importantes edificios, en su mayor parte heredados.
Hasta el momento no hay un número exacto de la discontinuidad. El bloque radical del Concejo Deliberante había pedido precisiones sobre cantidad y montos. La renuencia del Ejecutivo llegó a motivar una intervención de la Justicia.
Tampoco abundan precisiones sobre el reacomodamiento en el organigrama. Por el momento se descarta la reducción de secretarías, mochadas de 14 a 10 hace pocos meses. Todo apuntaría a una reducción de subsecretarías, direcciones y subdirecciones. Algunas se fusionarán, otras quedarán fuera del esquema.
Tampoco se anticipan cambios rutilantes de nombres. A diferencia de anteriores movimientos, no aparecen renuncias “cantadas”. No se reconocen lecturas binarias sobre propios y ajenos. Tampoco ofertas de trueques con el Panal, aunque las versiones de pasillo marcan lo contrario. Primará, insisten, la conformidad con lo hecho.
Tampoco se da crédito a versiones sobre la emergencia de un “supersecretario” que asuma varias atribuciones, un poco por necesidad, otro tanto para medir su proyección como posible candidato.
Desde el gobierno afirman que los principales ajustes ya se realizaron. Sin necesidad, el desmembramiento de la secretaría de Ambiente aparece como ejemplo palmario. En adelante, las evaluaciones sobre cada área, remarcan, son periódicas. Consecuentemente, cada funcionario se sabe “a prueba”.
Por si acaso, destacan que ninguno de los recortes afectará los puntos nodales de la administración: salud, educación y centros operativos. Por el contrario, seguirán siendo las prioridades. No sólo para cumplir con lo prometido en el inicio del período ordinarios del Concejo Deliberante. Según números que manejan al interior de la intendencia, salud (con los centros de atención primaria y los hospitales de pronta atención) y educación (con la continuidad de programas municipales) son aspectos bien valorados por los cordobeses.
Junto a ellos, la resolución de algunos problemas endémicos del transporte público, como la implementación de la tarjeta SUBE y la reglamentación para las aplicaciones de viajes. También la decisión de erradicar a los cuidadores de coches, conocidos como naranjitas, de espacios como el Parque Sarmiento.
Por el contrario, el estado de las calles, la prestación de higiene urbana y la vigencia de basurales a cielo abierto son reconocidos como los problemas medulares que registran las mediciones de opinión. Consecuentemente, la decisión no sólo será mantener los alquileres de inmuebles donde se guardan vehículos y maquinaria, sino incrementar el volumen de trabajo de estas.
Nadie duda, el camino al 2027 no debería presentar baches.