La presión del poder judicial por los juzgados vacantes y, acaso, la capitalización política de la tensión por parte de la oposición apuraron negociaciones en el Senado bonaerense que desembocaron este miércoles en la aprobación de 31 pliegos de jueces enviados por la administración de Axel Kicillof. La buena noticia para el oficialismo es que logró lo que buscaba en una Cámara en la que es minoría, mientras que Juntos por el Cambio consiguió destrabar las designaciones de otros 31 magistrados y fiscales cuyos pliegos se habían aprobado en 2020 sólo con los votos del vidalismo y estaban pisados por la actual administración. El fino equilibrio, que contentó a ambos lados de la grieta, dejó lugar también a la incorporación de un tema que repercute a nivel nacional: las vacantes en el directorio del Banco Provincia, entidad que quedaría virtualmente paralizada con la salida de Juliana Di Tullio, candidata a reemplazar a Jorge Taiana en el Senado nacional.
Con formato mixto -entre presencial y remoto-, el Senado volvió a sesionar y aprobó de forma unánime los nombramientos que ocuparán cargos vacantes en los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, La Matanza, Azul, Mercedes, Quilmes, Moreno-General Rodríguez, San Nicolás y Bahía Blanca, que asumirán en Tribunales Orales en lo Criminal, Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y Juzgado de Garantías y Juzgado en lo Correccional.
La variedad de cargos y nombramientos muestra el déficit aún vigente de otros cargos, y que había sido tema central en la agenda de críticas de la oposición y reclamo constante de la Suprema Corte.
Pese a las reeditadas exigencias de Juntos por el Cambio por el “normal funcionamiento de la Justicia”, los pliegos se aprobaron por unanimidad. Según pudo saber este medio, los primeros acuerdos llegaron a mediados de julio, cuando el proyecto ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el camporista Emmanuel González Santalla, y se cerró en el epílogo de la labor parlamentaria en la que el Frente de Todos se comprometió a designar a 31 de los 41 jueces y fiscales que el vidalismo había aprobado de madrugada y en soledad a fines del año pasado, y que durante el último año estaban en etapa de revisión.
La designación de jueces y fiscales, que aún debe continuar en la provincia de Buenos Aires, inicia con un concurso en el Consejo de la Magistratura, institución integrada por representantes del Ejecutivo, el Poder Judicial y el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Allí se eleva una terna al Ejecutivo, que elige a quienes considera más representativos para ocupar el cargo, y envía su pliego al Senado, que más tarde deberá aprobarlos por mayoría y regresar los pliegos al Ejecutivo para su designación final u observación.
Este es el proceso que desea acelerar la oposición, a instancias de que aún detentan la mayoría en el Senado y tienen cierto control sobre los temas. “La provincia de Buenos Aires tiene récord de vacancia en material judicial y estos son los primeros pliegos en un año y medio de mandato que envía Kicillof para su tratamiento”, criticaron los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio en un comunicado.
El otro tema relevante que recorrió los principales despachos en el Senado fue la posibilidad de que el Ejecutivo también envíe pliegos para encontrar al o la reemplazante de Di Tullio, si es que finalmente renuncia al sillón que ocupa en el Bapro para ocupar la banca ue dejó el flamante ministro de Defensa. La charla surgió durante la habitual reunión de laboral parlamentaria a la que suelen asistir autoridades y otros senadores, como el presidente del bloque del Frente de Todos, Gervasio Bozzano, el vicepresidente segundo de la Cámara, el senador Alejandro Cellillo; su par del PRO y también integrante del Consejo de la Magistratura Juan Pablo Allan, y el legislador del salvadorismo Emiliano Reparaz; instancia en la que esta vez sorprendió la ausencia del jefe del bloque de la oposición, Roberto Costa, quien a fin de año deberá dejar su escaño.
Según pudo saber Letra P, el kirchnerismo negó que evalúen en lo inmediato enviar una propuesta para ocupar los lugares vacantes en el Bapro, y la oposición adelantó que, de todos modos, de haber un giro en la decisión esperan quedarse con al menos uno de los cuatro lugares vacíos. En el trasfondo de este debate informal, resurgió también el nombre de Julio Conte Grand, el procurador general de la Suprema Corte de Justicia que representa, por su origen PRO, una espina en el corazón del gobierno kirchnerista.
“Conte Grand tiene que tener una actitud democrática y renunciar”, había dicho la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, luego del otorgamiento de prisiones domiciliarias a presos durante la primera etapa de la pandemia que desató una polémica y le significó numerosos blancos de cuestionamientos al gobierno. En aquella oportunidad, la funcionaria que volverá al Senado bonaerense después de las elecciones generales había calificado de “inmorales” a quienes “llevan adelante una campaña contra el gobierno que se está haciendo cargo” de la pandemia.
