Mientras la ONU y el G-20 discuten alternativas para gravar a los altos patrimonios y reducir la desigualdad, el Presidente va para el otro lado.
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La Argentina de Javier Milei bajó impuestos al patrimonio y dictó un blanqueo gratuito y una Inocencia Fiscal que dificulta penalidades por evasión, redujo alícuotas de Ganancias a inversiones con tres décadas de garantía y desfinanció la Seguridad Social para facilitar despidos. A contramano, el mundo debate herramientas para que los ricos paguen más impuestos y se reduzca la desigualdad.
Un informe de la ONG Oxfam, que milita la creación de sistemas tributarios más progresivos, indicó que las fortunas de los megarricos con más de u$s 1000 millones de patrimonio crecieron en 2025 tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años previos. La revolución de la inteligencia artificial acelera procesos de concentración como nunca antes: la fortuna de los milmillonarios creció 81,2% en cinco años. La mitad de la población del mundo posee el 0,52% de la riqueza global, mientras que el 1% más rico concentra el 43,8 por ciento de la torta.
En Argentina, la recaudación cae hace nueve meses, Toto Caputo admite que no puede ajustar más el gasto luego de recortar $2,5 billones del Presupuesto pero promete mayores exenciones impositivas con el súper-RIGI y acelera la baja de retenciones. Los derechos de exportación perjudican a la producción, pero también afectan a la caja en momentos en que el gasto ya no tiene de dónde recortar.
Son debates que ocuparon reuniones de los últimos G-20 (con Argentina como contrapeso para lograr el consenso). A instancias de la presidencia brasileña de 2024 -el año en que el gobierno de Milei bajó Bienes Personales y blindó a los altos patrimonios de cambios en ese tributo si pagaban por adelantado-, el economista francés Gabriel Zucman propuso un estándar mínimo para gravar a los altos patrimonios.
En un trabajo que coordinó Zucman y se publicó en abril de este año, el International Tax Observatory indicó que “la riqueza de los milmillonarios de América Latina se multiplicó por seis entre 2000 y 2026, pasando de u$s 117.000 millones a cerca de u$s 700.000 millones”, mientras que la del 50% más pobre “se ha visto prácticamente estancada”.
Además, por distintas maniobras de elusión de impuestos, la carga tributaria es sensiblemente menor en la punta de la pirámide que en la base. “El 50% más pobre destina, en promedio, cerca del 30% de sus ingresos al pago de impuestos, siendo el grupo que proporcionalmente más paga. En contraste, el 1% más rico paga, en promedio, alrededor del 22%”, sostiene el informe.
“Los ultrarricos pagan tasas de impuestos considerablemente más bajas que el resto de la población. El 0,01% más rico tributa, en promedio, apenas un 20% en Brasil y un 11% en Chile, en ambos casos, la mitad que el promedio de la población”, añade. No sólo porque sus patrimonios se ocultan en paraísos fiscales de baja tributación, sino por estructuras que les permiten “disfrazar” sus consumos de gastos deducibles de impuestos a la renta de sus compañías.
En Argentina, el 1% de la población concentra el 15% del ingreso nacional. El 10% tiene el 45% del ingreso, otro 40% de la población se reparte el 43% de la torta y el 50% más pobre, apenas el 12%. Esa es la desigualdad que les preocupa a los países.
Ante eso, Zucman y compañía propusieron un impuesto mínimo al patrimonio del 2% o el 3%. Es decir, que una fortuna de u$s 100 millones pague al menos 3% anual de impuestos. Si los tributos a las ganancias no cubren esos tres millones, deberían saldar el resto. De esa manera, argumentaron, se evitaría la elusión por la radicación de las ganancias en lugares de baja tributación.
Este esquema podría recaudar hasta u$s 250.000 millones al año en América Latina o 0,6% del PBI de la región. En Argentina, una alícuota de 3% sobre patrimonios de u$s 100 millones o más juntaría u$s 700 millones al año, apenas 0,14% del PBI. Pero Uruguay recaudaría 0,6% del PBI. Eso muestra la importancia de coordinar estas acciones. Países con esquemas más laxos atraen a los más ricos.
La Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe es una de las principales impulsoras de esa agenda en la región, sobre todo bajo el paraguas de la ONU. Empuja iniciativas más ambiciosas para que la ONU publique su Convención Marco en septiembre de 2027. Serán parámetros mínimos, pero coordinados, para gravar a la riqueza. Presiona para que sean lo más estrictos posibles.
Focaliza en cuatro iniciativas:
El debate está en pleno auge. En California, el estado de Silicon Valley, una propuesta para grabar con 5% a las grandes fortunas para financiar gastos de salud pública provocó cambios de domicilio fiscal a Florida y otros estados de los milmillonarios y un encendido lobby. Peter Thiel y otros prefirieron donar millones de dólares a ONG que frenan la iniciativa a pagar impuestos.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo campaña con la promesa de subirles impuestos a los ricos y esta semana se cruzó con Jeff Bezos, el dueño de Amazon. “Podrían duplicar los impuestos que pago y eso no ayudaría a una maestra en Queens”, dijo Bezos en una entrevista. Hace un tiempo, el sitio Propublica mostró con datos del fisco que Bezos pagaba impuestos por el equivalente al 0,98% de sus ganancias.
Es un debate que avanza en el mundo a pesar de que Estados Unidos intenta bloquearlo en la ONU y muy a contramano de lo que promueven Milei y Caputo. Con acciones más o menos tímidas, como postergar los aumentos a los combustibles, hasta las grandes empresas empiezan a notar que una brutal distribución de la riqueza puede generar escenarios de desestabilización que nadie desea.