Política

Berni y el fracaso del cogobierno con la Bonaerense

Mimos, complicidades y traición final. El pecado imposible del Bolsonaro argentino. Peligro: los precedentes de Bolivia y Ecuador. El laberinto de Kicillof.

Al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el golpe no le llegó de donde lo esperaba: el progresismo kirchnerista, los organismos pro derechos humanos, su archienemiga de la Nación Sabina Frederic o la Casa Rosada, donde sus excesos cotidianos irritan cada vez más. Al revés, la estocada a su autoridad provino del interior de la fuerza policial que intentó hacer suya a fuerza de arrumacos discursivos, el uso de un idioma común signado por la mano dura, la reincorporación de 300 sumariados en la gestión de Juntos por el Cambio y la resistencia a apartar a los efectivos sospechados por la muerte de Facundo Astudillo Castro. La ironía se ríe a carcajadas.

 

Desde su asunción, todos los gestos del exmilitar implicaron un ensayo de cogobierno con la Policía bonaerense, con él, encargado por el poder votado por el pueblo, ubicado por encima de un jefe como Daniel Alberto "El Fino" García, heredado de la cúpula nombrada por María Eugenia Vidal y promovido en diciembre al más alto cargo de la fuerza, pero sin que nunca quedara claro quién se alineaba con quién.

 

Causó extrañeza que el gobernador Axel Kicillof pusiera la fuerza de seguridad de 90 mil miembros –la más numerosa y problemática del país– en manos de un hombre como Berni. Acaso expliquen esa aparente anomalía su voluntad de delegar una tarea compleja y ajena a su formación en alguien experimentado o, tal vez, la tranquilidad que le daba colocar a un duro que se dice soldado de Cristina Kirchner al frente del área más caliente que le tocará administrar en un mandato que, por imperio de la realidad, será de emergencia permanente.

 

La crisis que estalló en las manos del gobernador es de seguridad, claro, pero va mucho más allá. Detrás del reclamo salarial de los azules vendrá el del resto de los estatales, que, salvo los docentes, hasta ahora recibieron apenas $4.000 por decreto y a cuenta de paritarias sin fecha, situación que, de extenderse a lo largo del año, implicaría –inflación del 40% anual mediante– un recorte real enorme. Mucho se habla en estos días del esfuerzo del Estado para acudir en auxilio de los dañados por la pandemia, pero muy poco del modo en que todas las jurisdicciones pisan sus costos salariales. El ajuste tiene senderos insondables que, ahora, se harán menos transitables.

 

 

 

Independientemente de los errores de Kicillof, la oposición, como es habitual en todos los niveles, no ayuda en ninguna emergencia, por grave que sea. Sin hacerse cargo de un atraso de los ingresos incubado en su malhadada administración, los legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio volvieron a la política de los comunicados con un texto que hace suyo el reclamo salarial de los policías. Un consuelo: esa alianza se pone, por una vez, del lado de los trabajadores. Volveremos mejores.

 

 

 

Más allá del ruido, con los uniformados en virtual amotinamiento y convertidos en la punta de un témpano de descontento que acaso esconda profundidades insospechadas en otros distritos, el ensayo del cogobierno con la Bonaerense hizo agua y es notorio que nadie sale a defender a Berni.

 

La justicia de los reclamos salariales y de condiciones de trabajo en una fuerza que paga poco más de la mitad que la que vigila al otro lado de la General Paz es tan imposible minimizar como la gravedad del levantamiento. El quite de colaboración de hombres y mujeres armados por el pueblo para su protección –dueños, en paralelo, del grifo que abre o cierra el chorro del delito y el crimen mafioso– y la presión áspera sobre el poder político resultan evidentes. Más allá de las diferencias de historia y anticuerpos en la sociedad civil que hay entre la Argentina y países como Ecuador y Bolivia, cabe recordar más que nunca la asonada –fallida– de 2010 contra Rafael Correa y la –exitosa– de noviembre del año pasado contra Evo Morales. Los golpes en América Latina provienen cada vez menos de las fuerzas militares y cada vez más de cuarteles policiales coaligados con poderes rebeldes del propio Estado.

 

 

 

El exmilitar que dice saberlo todo en materia de seguridad no advirtió que el anuncio de un paquete de la Nación para reforzar a la Bonaerense era ácido lanzado a los ojos de efectivos mal pagados y que se sienten inermes ante el covid-19 –más de 6.000 se contagiaron y diez murieron–. Tampoco previó el malestar, aunque en su aparición del martes a la mañana junto al jefe de Gabinete Carlos Bianco –fallida, ya que no se precisó ninguna cifra ni un paquete de medidas suficiente para cortar de raíz el conato de rebelión– se dijo que el aumento salarial “era algo que ya estaba previsto”. Hasta Florencia Arietto había avisado… 

 

Las carencias materiales de los bonaerenses son reales y la pretensión de que una fuerza policial sea una caja de cristal con miembros en situación de pobreza es absurda. Sin embargo, en las declaraciones públicas de algunos alzados se escucharon alusiones críticas a la prisión domiciliaria otorgada a Lázaro Báez y respaldos a Luis Chocobar, el efectivo de la Bonaerense que enfrentará el mes que viene el juicio por el homicidio por la espalda de un delincuente en La Boca en 2017, un combo que, sumado al resurgimiento de la fuerza como factor político, conlleva el riesgo de una bolsonarización de su estructura.

 

 

 

Berni, de hecho, es un aspirante a ser el Bolsonaro argentino y no ahorra gestos en ese sentido, algo evidente en las apariciones televisivas y, más recientemente, en las columnas de actualidad con las que fatigó a la sociedad, ajeno al drama que vivía Cristina Castro y al caldo interno que se cocinaba a sus espaldas.

 

En el último de esos artículos, lustraba más su chapa personal emulando el tono jauretchiano, describiendo mal la mayéutica socrática y cuestionando, sin mencionarla, otra vez a Frederic. Al final, Gendarmería, una fuerza nacional, debió ser convocada el martes para garantizar la seguridad que los hombres de Berni abandonaron.

 

 

 

Mientras el sillón del ministro cruje, los policías bonaerenses, indiferentes a su destino político, aprietan cada vez más: el reclamo deviene amenaza de paro hecho y derecho “si los números no cierran”.

 

La prohibición legal de la sindicalización de las fuerzas policiales que rige en la Argentina no tiene fundamentos indiscutibles, pero sí atendibles. En medio de un debate siempre pendiente aunque posible, lo claro es que, para que el modelo de verticalidad a ultranza funcione, los funcionarios deben manejarse con sensibilidad y atención; nada de eso parece haber puesto en juego el sheriff. Es una pena para él: en su estilo de construcción política, el único lujo que no podía darse era el de la insubordinación de la tropa.

 

Daniel Paserini le pone una ficha a Héctor Pichi Campana en la elección de 400 centros vecinales.
Cristina Fernández de Kirchner.

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