Con su “sugerencia” de que Evo Morales renunciara, las Fuerzas Armadas de Bolivia le pusieron fin este domingo del modo más dramático a una crisis política e institucional que se había incubado durante más de tres años y medio. Pusieron así a la región en el túnel del tiempo que más temía: el del retorno de los golpes militares.
El ahora expresidente había intentado por la mañana frenar el colapso de su gobierno al aceptar el dictamen de la auditoría que la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo del escrutinio de las elecciones del 20 de octubre. Eso lo llevó a ordenar el reemplazo de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y una repetición de los comicios. Sin embargo, ese veredicto resultó un golpe letal a su legitimidad que la oposición crecida de los últimos días aprovechó para exigir su renuncia. Ante eso y la continuidad de las violentas protestas de los últimos días, las Fuerzas Armadas inclinaron la balanza, en un hecho que, al ir mucho más allá de lo reclamado por el organismo interamericano y de lo respaldado por países como Estados Unidos y la propia Argentina, no debería ser ignorado.
Morales llegó a la Presidencia en su segundo intento en 2006 y desde entonces le dio a Bolivia una estabilidad política de la que raramente había gozado. Además, la temprana nacionalización de los hidrocarburos constituyó un logro histórico que, pese a las quejas de la clase política tradicional y de las petroleras extranjeras, logró dar vuelta la ecuación en favor de la población más pobre de Sudamérica.
En el camino también logró imponer una Constitución que solo habilitaba una reelección, de la que hizo uso. Luego consiguió del Poder Judicial una interpretación que le habilitó un tercer mandato al considerar que su primera gestión había sido previa a la aprobación de ese texto. El problema comenzó en febrero de 2016, cuando pretendió acceder a la reelección indefinida estirando al extremo la misma legalidad que él había ayudado a construir.
Ese intento comenzó de modo legal: con un referendo. Sin embargo, tras perderlo por estrecho margen, su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) acudió al Tribunal Constitucional invocando el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica e incorporada por la reforma en la Carta Magna. El mismo se refiere a los derechos políticos que los países signatarios deben garantizan a “todos los ciudadanos” y entre las reglamentaciones nacionales que acepta al derecho de los ciudadanos a ser candidatos en elecciones no incluye, explícitamente al menos, la limitación de las reelecciones. Esa corte aceptó el argumento de la demanda y convalidó lo que la Constitución impedía. Ese fue el punto de inicio de la crisis actual.
La oposición puso el grito en el cielo, pero terminó por convalidar la postulación del mandatario indígena al participar de los comicios. Un escrutinio interrumpido y polémico, que consagró según la Justicia a Morales por apenas una décima más que los diez puntos porcentuales de ventaja requeridos al superarse el 40% de los votos, terminó de encender la mecha.
Con el agua al cuello, Morales aceptó la auditoría de la OEA, que este domingo dio cuenta de irregularidades graves por la violación del sistema informático usado en el escrutinio. El ahora exmandatario recogió sus recomendaciones, pero el esfuerzo fue tardío.
Los militares fueron largamente más allá que lo pedido por la OEA, por lo que no puede dudarse de que en Bolivia se acaba de consumar un golpe de estado en toda la regla. Se trata de una pésima noticia para una región que creía que esa etapa estaba totalmente superada.