En una nota publicada el viernes pasado a propósito de la presentación de un plan de inversión en seguridad para el conurbano que encabezaron Alberto Fernández y Axel Kicillof, la periodista Gabriela Pepe reveló en Letra P que ese programa había empezado a tejerse en marzo, a partir de un diagnóstco crudo que el gobernador, apenas pudo acomodarse en el cargo, le presentó al Presidente. “No tengo manera de controlar la seguridad en estas condiciones”, le había dicho, en referencia a la situación en la que había heredado la Policía bonaerense. Los anuncios de un programa para revertir ese cuadro tardaron seis meses, pandemia mediante. ¿Mucho? A la luz de los acontacimientos de las últimas horas, podría pensarse que sí: las pantallas de TV mostraban, al caer la tarde de este martes de máxima tensión, imágenes graves, con uniformados agolpados ante la Jefatura Departamental de La Matanza, ejerciendo presión física sobre el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y mostrando el peso de un poder paralelo que ningún gobernador ha logrado controlar hasta ahora.
Los policías no pueden protestar, como lo hacían en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires. No gozan del derecho a huelga y no están autorizados a darse una organización sindical, como determinó la Corte Suprema de la Nación en 2017, cuatro años después de una cruenta revuelta policial que comenzó en Córdoba y tuvo réplicas en Buenos Aires y otras provincias. La acordada del máximo tribunal cerró la discusión que planteaba una organización gremial de policías.
En estas condiciones, la revuelta de sectores de la Bonaerense navega en la ilegalidad y constituye, en virtud de que se trata de funcionarios públicos que administran el poder de fuego del Estado y que pueden dejar desamparada a la ciudadanía frente al delito, una actitud rayana con la extorsión y la desestabilización. Por caso, así lo advirtió este martes el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, que, además, acusó a Cambiemos de agitar la revuelta desde las sombras. De mínima, ya detonada la crisis, la oposición se puso del lado de la Policía con un comunicado en el que respaldó la protesta y le exigió respuestas urgentes a Kicillof.
Los gobiernos bonaerense y nacional, en cambio, se dispararon en los pies: con acciones y palabras, prefirieron legitimar la protesta. La coalición gobernante Frente de Todos, por su parte, pecó por omisión: a pesar de la gravedad de la situación, hasta el cierre de esta nota brillaba por su ausencia como fuerza política, dejaba a Kicillof a la intemperie y, así, se convertía en el Frente de Nadie.
La administración bonaerense entró en pánico ante el temor a una expansión de la revuelta y, de madrugada y con la ilusión de desactivar rápidamente el conflicto, cedió a la presión azul y anunció aumentos salariales. Fue ingenua: los piquetes continuaron.
No solo eso: se multiplicaron.
No solo eso: incluyeron patrulleros que deben estar al servicio de la seguridad pública y que fueron exhibidos en las narices de intendentes varios, en una demostración de fuerza temeraria.
La provincia y su gobierno estaban, en el anochecer de este día agitado, bajo presión y, tratándose de policías, bajo amenaza. El ministro Berni, bajo la lupa por la rebelión de sus subordinados, con los que ha floreado su condición castrense en videos de campaña filmados en verde oliva. Y el gobernador, frente a una negociación caótica y una encrucijada dramática a solo nueve meses de asumir.
DEFINICIONES. Al cierre de esta nota, en una serie de reuniones con su gabinete, el gobernador aceleraba definiciones para adelantar el anuncio concreto de aumentos para los policías.
Según pudo saber Letra P, la decisión del gobierno es otorgar subas en los salarios para compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los uniformados desde el año pasado.
Las mejoras alcanzarán a las horas cores (adicionales), las horas polad que corresponden a quienes hacen extras en dependencias del Estado, bancos o espectáculos. También se evaluaban mejoras en insumos para los efectivos.
Se trata de medidas que iban a ser incluidas en el lanzamiento del plan integral de seguridad y que este martes formaron parte del petitorio de 14 puntos que los manifestantes difundieron desde el piquete sobre la autopista Richieri.
