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Tras el Zoom con el Presidente y plagado de sospechas, la alianza espera al oficialismo con un esquema de rechazo pleno a los planes del Gobierno.

Por 16/07/2020 11:56

Aunque los representantes legislativos de Juntos por el Cambio amagaron con pegar el faltazo si el presidente Alberto Fernández no se reunía exclusivamente con ellos, el empeño que invirtieron para forzar el encuentro virtual se disipó después de la foto. Ahora, los tres socios de la alianza opositora se preparan para resistir en las dos cámaras del Congreso las iniciativas que envíe el Ejecutivo sobre temas judiciales, como una eventual ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema o la anunciada reforma judicial, que implicaría la designación de una treintena de jueces federales. 

La hoja de ruta que marcará el incremento de las tensiones dentro del recinto de los diputados comenzó este martes, un día después de la reunión con el Presidente. Sucedió cuando los escaños opositores se desloguearon de una reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde el oficialismo buscaba la anulación de otro decreto del expresidente Mauricio Macri. En este caso, la ofensiva estuvo puesta en dejar sin efecto el DNU 1053/18, que estatizó las deudas contraídas por las empresas distribuidoras de gas. Fue el segundo portazo opositor ante un intento del oficialismo de anular una decisión ejecutiva, pero el estreno de una táctica que continuará con el debate en comisión sobre la nueva moratoria que presentó el Gobierno.

 

 

A partir de este jueves, cosechará una batería de críticas para forzar una negociación que le permita afrontar las urgencias impuestas por la pandemia, pero sin quedar afuera de su sanción. Sabe que el oficialismo tiene más chances con los minibloques que responden al lavagnismo y a partidos provinciales a cambio de resignar algunos puntos, pero con menos costos políticos.

Aún así, todas las opiniones opositoras buscarán que el Frente de Todos quite de la moratoria la inclusión del impuesto a los combustibles porque, según sostienen, "fue diseñado para beneficiar al empresario Cristóbal López y a su socio Fabián De Souza" con una aministía fiscal para Oil Combustibles.

"Consideramos que fue un error del Gobierno plantear con tanta anticipación una moratoria, porque eso desincentiva el pago", explicó a Letra P un diputado del PRO. En el bloque amarillo, que conduce Cristian Ritondo, sostienen que la segunda mitad del año recién empieza y sancionarla ahora "dejará probablemente afuera a un montón de empresas". 

 

 

ZONA DURA. Por fuera de los reparos técnicos y de las sospechas que apuntan al corazón del kirchnerismo, con el proyecto de moratoria existe un ánimo de negociación que no se repite en los temas judiciales. Es la zona que más resistencias cosecha entre macristas, lilitos y radicales, dentro de una creciente coincidencia con los planteos del expresidente Mauricio Macri sobre el rol opositor que pide durante la cuarentena: acotar el dialoguismo con el Gobierno a la gestión sanitaria frente a la pandemia y endurecer las posiciones en los temas económicos, políticos y judiciales.

El planteo va más allá de las pasiones republicanas de la alianza de centroderecha. Busca mantener intacto el vínculo con el núcleo más duro de sus votantes, casi en la misma estrategia que defiende la titular del PRO, Patricia Bullrich, aunque la exministra de Seguridad busca que la negativa sea cerrada en todos los frentes.

 

 

"Todo lo que esté relacionado a reformas judiciales impulsadas por el kirchnerismo es un tema de mucha preocupación para nosotros", explicaron en el bloque de la Coalición Cívica, donde los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto están a cargo del seguimiento de esos temas bajo el discreto monitoreo de la fundadora del partido, Elisa Carrió, y su actual titular, el jefe del bloque, Maximiliano Ferraro

Si la reforma judicial que anunció el Presidente apenas asumió disminuye el peso de los sectores más dialoguistas en Cambiemos, la creación de una comisión de asesores que estudiará la posible ampliación de la Corte Suprema y su división en dos salas unifica a todas las tribus opositoras contra el Frente de Todos. 

 

 

"Creemos que quieren llevar su composición a 12 o 13 miembros. Si lo hacen, vamos a plantear que el kirchnerismo quiere garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los casos de corrupción que siguen abiertos", anticipó a este portal uno de los diputados macristas que interviene en todos los temas judiciales. 

En el radicalismo consideran que el tema de la Corte es innegociable, mientras que las sospechas sobre la futura reforma judicial tienen que ver con la ampliación de los juzgados. En ese punto hay coincidencias amplias con macristas y lilitos.

 

 

La actual ley de subrogancias es producto de una reforma impulsada por Cambiemos en 2016. Prohíbe que los juzgados nuevos sean cubiertos con subrogantes y obliga a que sus nombramientos se realicen por concurso. "Nosotros tememos que ampliarán los juzgados federales de 12 a 40 y van a llenarlos de subrogantes", confió otro integrante del Interbloque. 

El proyecto de reforma judicial todavía no fue presentado. Algunos diputados se escudan en la cautela porque no pudieron ver la iniciativa final, pero la demora también aumenta las sospechas. En el bloque macrista aseguran que hubo un proyecto original que diseñaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, pero que "luego pasó por el Instituto Patria y de ahí todavía no sale", disparó un integrante opositor de la Comisión de Justicia que elige cargarle todas las culpas al kirchnerismo. 

 

 

Es el mismo tono que utilizaron cuando el Presidente envió el pliego del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. Macri, Carrió y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, se oponen en forma terminante a aportar los dos tercios necesarios para esa designación en el Senado, pero no hay posiciones unánimes en sus tropas. 

"Si ellos van a proponer un paquete de reforma, podrían incluir la designacion de Rafecas para que podamos opinar. Aún así, lo veo muy dificil, porque creemos que no es un buen candidato", sostuvo un macrista que cuestionó al candidato del Ejecutivo para el Ministerio Público Fiscal, pero se animó a deslizar una posibilidad de negociación. Dentro de los tres bloques hay diputados que no coinciden con esa lectura y, al igual que el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, están dispuestos a avalar su nombramiento.

La conducción del Interbloque, en manos del radical Mario Negri, prefiere apoyarlo a cambio de un trueque costoso para el oficialismo: una reforma de la ley orgánica de la Procuración para cambiar los métodos en la designación y el destino de los fiscales federales.