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En Juntos por el Cambio dan por hecho que el Ejecutivo le devolverá las escuchas a la Procuración y piden más controles antes de votar.

Por 02/06/2020 18:36

Con el reinicio de actividades en el Senado, integrantes del mayor bloque opositor estudian la posibilidad de abrir una negociación para aportarle los votos necesarios a la designación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. El punto de intercambio gira en torno a una serie de cambios en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Una posibilidad apunta a quitarle la duración vitalicia y a cambiar el mecanismo de designación de los fiscales, pero dentro del mayor conglomerado opositor confiaron a este medio que la negociación no gira solamente en torno a cambiar la letra de la ley orgánica, sino a "prepararse" ante la posibilidad de que el aparato de escuchas telefónicas regrese al control de la Procuración, como fue hasta 2015, y sea sacado de la órbita de la Corte Suprema de Justicia. 

El tema surgió esta semana, luego de dos movimientos propiciados por el Ejecutivo que alertaron a los opositores: la ofensiva del Frente de Todos para anular dos DNU firmados por Mauricio Macri para concretar ese traspaso y la puesta en marcha de una reforma de la Ley de Inteligencia Nacional que sería enviada al Congreso en agosto. Ese texto buscará, entre otros puntos, transformar en ley los intentos del oficialismo que aún no prosperaron para impedir que las intercepciones telefónicas sigan en manos del máximo tribunal.

 

 

Antes de la cuarentena, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto parlamentario para evitar que caducaran los plazos para tratar el pliego de Rafecas. Los antecedentes del magistrado tomaron estado parlamentario el 10 de marzo y la decisión de CFK prolongó los tiempos. Pero, con el inicio de las sesiones mixtas, la cuenta regresiva volvió a reactivarse y resta conocer la fecha de reunión de la Comisión de Acuerdos para que el funcionario tenga un dictamen favorable que luego será debatido en el recinto. 

Sin embargo, por encima de las formalidades técnicas, el tema de fondo gira en torno a obtener los números necesarios para que Rafecas cuente con el aval del Senado. Para eso, el oficialismo enfrenta una dificultad material, porque el Frente de todos, que conduce el formoseño José Mayans, tiene 41 votos y, con todos los senadores presentes, necesita 48 votos, es decir, dos tercios de los legisladores que estén en el recinto. Para llegar a ese número, la aritmética política requiere de dos ejes: una considerable cantidad de ausentes y el ineludible apoyo de alguno de los 27 integrantes de Juntos por el Cambio o de los cuatro monobloques que contienen a la misionera Magdalena Solari, a la neuquina Lucía Crexell, al santafesino Carlos Reutemann y al exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck

 

 

Ante las consultas de Letra P, en el Frente de Todos aseguraron que los tiempos de la nueva ley del aparato de espionaje no se condicen con los tiempos que le quieren imprimir a la designación de Rafecas, pero no descartaron la posibilidad de una negociación para que el nuevo procurador cuente con el aval del Senado. "Además de este tema, sabemos que están preocupados por el alcance de la reforma judicial que enviará el Presidente y por eso están abriendo el paraguas", opinó un escudero del oficialismo. 

 


El Gobierno se enfrenta dos escenarios: que Rafecas ejerza su mandato en forma interina, sin acuerdo del Senado, o que su designación sea confirmada por la cámara de las provincias. Una alta fuente de ese cuerpo confió a Letra P que todavía falta la realización de la audiencia pública: los escuderos de Juntos por el Cambio prefieren que sea presencial y el oficialismo no descarta que esa instancia se concrete de manera virtual o mixta. 

 

 

No es la única pieza que falta: en el interbloque opositor hay posiciones muy duras contra Rafecas y lo acusan de haber desestimado la denuncia que presentó el difunto fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta, pero los más moderados aseguran que no se trata de un delito, sino de una falta menor. Al parecer, las diferencias internas ya no hacen crujir a la alianza opositora y, en medio de las tensiones, surgen luces verdes para una negociación política posible.