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Los acuerdos para sesionar en la pandemia se hicieron trizas. El oficialismo hace valer su mayoría y la oposición, su poder de daño. La cancha judicial.

Por 07/06/2020 9:10

El portazo que pegó Cambiemos en la ultima sesión del Senado anticipa las batallas que se avecinan en el recinto de las provincias. El oficialismo comenzó a hacer valer su mayoría para tratar temas espinosos por fuera de la agenda de la pandemia y la oposición puso a prueba sus alianzas para aplicar su poder de daño y abrir negociaciones a pesar de su debilidad. Todo, en una cámara donde el Frente de Todos tiene cuórum propio.

La aplicación de los métodos virtuales cambió la dinámica del recinto, pero este jueves 22 miembros de Juntos por el Cambio, acompañados por siete aliados, abandonaron el recinto en las dos variantes que tiene en estos tiempos de pandemia: algunos tomaron sus cosas y se fueron, como el neoradical Martín Lousteau y la macrista Laura Rodríguez Machado, mientras que la gran mayoría de sus pares se deslogueó del sistema remoto que los conecta desde sus provincias. Fue mucho más que un gesto, porque ese conglomerado buscará utilizar ese número para impedir designaciones o normas que requieran dos tercios para ser aprobados, o un fuerte respaldo político, como es el caso del demorado impuesto extraordinario a las grandes fortunas.  

El disparador fue el tratamiento de diez Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernandez y otros dos rubricados en 2015 y 2017 por su antecesor, Mauricio Macri, que le quitaron el control del aparato de escuchas telefónicas a la Procuración y se lo transfirieron a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal todavía las mantiene bajo su órbita. Los escuderos macristas y radicales, junto a sus aliados, aseguran con vehemencia que los DNU 256/15 y 102/17 ya tuvieron dictámenes favorables en esos años y que es inviable que ahora tengan otro en contra.

La furia para sostener ese punto es el anticipo de los planteos que harán ante la Justicia si esa alternativa prospera. Podría transformarse en uno de los primeros frentes de disputa política por fuera de la pandemia, porque los temas judiciales son un territorio fértil para que los socios de Cambiemos se unan por encima de sus diferencias para confrontar con iniciativas que le adjudican al kirchnerismo, la expresión que más resisten del oficialismo.

 

 

Las huestes del panperonismo dentro de la cámara de las provincias, que conduce el formoseño José Mayans, experimentan dos posibles antídotos para ese argumento: que ambas decisiones ejecutivas se arrogaron facultades en materia penal (una de las tres que están vedadas por ley) y que la posibilidad de un nuevo dictamen es viable por dos motivos. Ahora hay una nueva composición en ambos recintos y el reglamento no dice lo contrario. Los constitucionalistas tienen la biblioteca dividida: algunos sostienen que hay una laguna en esa materia que permite la anulación y otros suscriben el planteo que la oposición repetirá en los medios y también en Tribunales hasta llegar a la Corte.

La disputa tiene una característica especial: gira en torno al espionaje y al control de las escuchas telefónicas. Tres horas después del portazo de Cambiemos, el Senado aprobó, sin opositores presentes, los diez DNU de Fernández y rechazó los dos de Macri. Tal como anticipó Letra P, en Juntos por el Cambio dan por hecho que el Ejecutivo le devolverá el aparato de intercepciones telefónicas a la Procuración. No será por la áspera pelea jurídica que ahora pasó a la cancha de Diputados, cuyo recinto deberá analizar, en algún momento, el mismo punto que ya resolvió el Senado, sino porque el Gobierno prepara una reforma a la Ley de Inteligencia Nacional que, entre otros cambios, incluirá el regreso de esos fierros del espionaje local a la Procuración, donde ya estuvieron hasta 2015, siempre bajo la vidriosa operatividad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). 

 

 

Por esa razón, los senadores opositores evaluaron costos políticos y decidieron el portazo. Antes de concretarlo, le enrostraron a CFK, sentada en el sillón más poderoso del Poder Legislativo, que cuentan con la capacidad suficiente para frenarle el tratamiento de temas que requieren los dos preciados tercios. Este jueves, la Ley de Alquileres, que establece cambios en el Código Civil y Comercial, los necesitaba, pero los 29 votos en contra dejaron a la intemperie las insuficiencias del Frente de Todos, que contó con sus 40 votos, sin el tucumano José Alperovich, mas las adhesiones del rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana

La oposición privilegió los tironeos políticos del Senado a sancionar la primera reforma al régimen de alquileres en 39 años, en medio de una pandemia que afecta dramáticamente los ingresos y el acceso a la vivienda de nueve millones de inquilinos. También quedó varada la legalización de los métodos de educación a distancia en medio de la cuarentena. Ambas normas ya habían sido aprobadas en Diputados. El giro es un termómetro que indicará la capacidad de la alianza opositora para defender medidas impopulares y mantenerlas. El rechazo de ambas normas tiene costos políticos negativos que se disiparán cuando cambien de posición, pero el freno es una señal que también podrá repetirse si prospera en Diputados el demorado texto que buscará crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Cambiemos ya presentó una propuesta y podría funcionar como una salida elegante para no acompañar el texto que impulse el oficialismo.

 

 

RAFECAS EN EL HORIZONTE. "Prefiero que nos acusen por unos días de no querer la ley de alquileres a que nos metan la anulación inconstitucional de dos decretos por la ventana", resumió a Letra P uno de los pocos habitantes de ese recinto que se animó a romper el silencio. 

En rigor, se trata de un costo secundario ante la decisión estratégica de este jueves: recordarle al Gobierno que necesitará los dos tercios para otros temas clave, como la designación del juez federal Daniel Rafecas al frente de la Procuración General de la Nación. 

 

 

En el conglomerado opositor no hay una posición unánime: una parte del radicalismo y del macrismo está dispuesta a facilitar su nombramiento a cambio de una reforma en la Ley Organica del Ministerio Público Fiscal para quitar el rol vitalicio de su titular, meter cambios en los sistemas de designación de funcionarios y definir el manejo del sistema de escuchas, ante la inevitable fatalidad de su traspaso. Se basan en los indicios que hizo resonar el oficialismo con el intento de anulación de los dos DNU y el envío de otro repechaje para reformar el aparato de inteligencia. El pliego del candidato ingresó el 12 de marzo, no perdió estado parlamentario por una decisión administrativa de CFK, pero todavía no hay fecha para la audiencia pública donde expondrán defensores y detractores de la postulación, ni tampoco para que se reúna la Comisión de Acuerdos. 

Esos temas son acordes a la densidad política del Senado y de sus atribuciones. El desenlace de esas controversias dependerá de las negociaciones que ya se realizan en sus profundidades, mientras ambas escuderías se disparan munición pesada desde la superficie sobre temas vinculados a espionaje ilegal, a partir de los casos que instruye la Justicia sobre presunto fisgoneo en la era Macri a periodistas, dirigentes opositores y activos integrantes de los partidos que integran Cambiemos, algunos con funciones de peso en la actualidad, como el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, o los jefes de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo. Es una práctica que no sorprende a exfuncionarios y exdiputados del macrismo que tenían esa misma certeza cuando el líder del PRO detentaba la jefatura del Estado.