Daniel Rafecas enfrenta una prueba de fuego: después de 15 años largos conviviendo con el virus del lawfare como juez federal en un mundo opaco, tiene que demostrar que, de Comodoro Py, es posible salir vivo. El envío reciente de su pliego de procurador general de la Nación al Senado por parte de Alberto Fernández lo obliga a probar que su nivel de contagio es menor, después de haber tomado contacto con las prácticas extorsivas de los tribunales y haber surfeado una era marcada por el gobierno de los servicios de inteligencia. El profesor de Derecho Penal y Criminología de la UBA se somete al duro examen de superar la tensión no resuelta entre el panperonismo y la oposición para obtener los dos tercios de los votos de los senadores que estén presentes el día en que se trate su caso.
A cargo del juzgado federal número 3 desde 2004, Rafecas pretende volver a un lugar en el que hizo sus primeras armas y dar vuelta la página que abrió el interregno amarillo del procurador interino Eduardo Casal, después de que Mauricio Macri obligara a Alejandra Gils Carbó a renunciar en 2016.
Con 52 años y toda una carrera en el ámbito judicial, el candidato de Fernández necesita 48 votos que hoy no aparecen claros. El Frente de Todos cuenta con 41 senadores, tiene a José Alperovich en cuarentena por una denuncia de violación y necesita sumar adhesiones. Según le dijo a Letra P una fuente del bloque oficialista en el Senado, hasta hoy los Fernández lograron reunir 44 voluntades. Aunque cálculos más optimistas hablan de 47 voluntarios, existen miembros de FDT que se mueven lejos de la batalla judicial de los porteños y admiten no saber, a ciencia cierta, quién es Rafecas.
El juez federal que en mayo de 2015 cerró la denuncia de Alberto Nisman contra CFK por el memorándum con Irán va camino a chocar con la fiera resistencia de Juntos por el Cambio, que anunció públicamente un voto monolítico. Con una bancada que llega a los 27 senadores si se incluyen los aliados, la oposición aparece con la fuerza para frustrar el deseo del Presidente. El radicalismo está decidido a facturar alto su apoyo y ya anuncia fuera de micrófono que el postulante del Gobierno “pagará los platos rotos” por los cruces del panperonismo con los gobernadores de la UCR en Jujuy y Mendoza. Con la vicepresidenta como el polo más distante de la oposición, Fernández tendrá que redoblar sus esfuerzos para acercar posiciones, pero su interlocutor principal, Gerardo Morales, está en guerra por el proyecto de intervención del Poder Judicial en su provincia.
El juez federal que en mayo de 2015 cerró la denuncia de Alberto Nisman contra CFK por el memorándum con Irán va camino a chocar con la fiera resistencia de Juntos por el Cambio, que anunció públicamente un voto monolítico.
Para el Gobierno, la designación de Rafecas daría un impulso fundamental para el sistema acusatorio aprobado en el Congreso con el nuevo Código Procesal Penal y constituiría una viga maestra de la transformación que se inició con Cristina Caamaño en la AFI. A poco de asumir la presidencia, Macri le arrebató por DNU 256/15 las escuchas judiciales a la Procuración y le devolvió los fondos reservados a la ex SIDE a través del decreto 656/2015. Según pudo saber Letra P, ese combo está en vías de ser revertido.
El fernandismo quiere dejar atrás la ventana de tiempo en que Casal actuó no sólo como escudo protector para el macrismo, con el blindaje a satélites como Carlos Stornelli y la relación más que fluida con Raúl Pleé, que amagó con jubilarse pero se quedó a resistir. Además, según denuncia el oficialismo, Casal se alineó fuerte con la DEA desde la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y les abrió la puerta del Ministerio Público a los tentáculos de la exSIDE. Que naufrague el pliego de Rafecas, como le sucedió a Macri con Inés Weinberg de Roca -con muchos menos antecedentes para el cargo-, demoraría los cambios que pretende Fernández y lo dejaría sin una de las medidas que impulsa como contrapartida de una economía que no logra salir de la recesión a la velocidad que se anunciaba.
DE RIGHI A LA BOCA DEL LOBO. El magistrado que tuvo entre sus casos más resonantes las coimas el Senado, la megacausa por los crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército y la denuncia de Nisman inició su carrera en el lugar al que ahora quiere volver. Fue en 1994, cuando, con 27 años y en pleno auge menemista, ingresó al organismo que comandaba entonces el mendocino Nicolás Becerra. Rafecas se concentró de entrada en una comisión que había sido creada para investigar los procedimientos fraguados de la Policía Federal para atribuir delitos ficticios a personas inocentes, con el fin de mejorar las estadísticas oficiales.
El candidato a procurador fue uno de los nuevos magistrados que promovió Kirchner junto con el más tarde caído en desgracia Eduardo Freiler, el ahora intendente Guillermo Montenegro y el aún sobreviviente Ariel Lijo.
Sin embargo, fue con Esteban Righi con quien mejor se llevó. El ex ministro del Interior de Héctor Cámpora, que en su cátedra de Derecho tenía a Fernández como docente, lo promovió rápidamente como asesor y lo tuvo entre sus discípulos más queridos junto con otro juez, que pasaría de favorito a traidor en la taxonomía del kirchnerismo, Julián Ercolini. Con Righi, Rafecas se convirtió en secretario letrado de la Procuración y llegó a ganar un concurso para convertirse en camarista federal, pero el llamado de Néstor Kirchner para ser parte distintiva de la nueva etapa lo animó a renunciar y a meter la cabeza en la boca de lobo, los tribunales de Retiro.
Todavía hoy, en el edificio de la Procuración sobreviven aquellos que se acuerdan de Rafecas y dicen que conoce los botones que hay que apretar. Aunque era Gustavo Beliz el ministro de Justicia en los albores del kirchnerismo, el magistrado conocía a Fernández y había mediado para evitar que pasara a mayores la batalla que el flamante jefe de Gabinete libraba con el fiscal anticorrupción Daniel Morín.
El candidato a procurador fue uno de los nuevos magistrados que promovió Kirchner junto con el más tarde caído en desgracia Eduardo Freiler, el ahora intendente Guillermo Montenegro y el aún sobreviviente Ariel Lijo. Pero su relación más estrecha era con Ercolini, con quien compartía, además, familias amigas. A los dos les tomó juramento el por aquella época bien reputado presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun. La simbiosis era tal, que algunos jueces malévolos como Rodolfo Canicoba Corral solían cambiarles el nombre de pila para fastidiarlos. El recibimiento a los nuevitos se lo hicieron en el lujoso piso que Jorge Urso tenía en Billinghurst y Libertador. El mensaje era claro: no les iba a ser tan fácil despegar de una logia bien arraigada.
Alcoyana-Alcoyana. Como Alberto Fernández, devoto de Bergoglio.
LAS OBJECIONES. Según dicen en tribunales, Rafecas nunca se acopló a las reuniones habituales de los jueces federales ni compartió vacaciones en Punta del Este ni adoptó sus fastuosos hábitos de consumo. Sin embargo, nadie se anima a afirmar que haya salido indemne de semejante convivencia. “Comodoro Py es un ambiente muy denso. Pasás un rato y se te impregna todo”, le dijo a Letra P un conocer de los pasillos de Retiro.
Dicen que Rafecas nunca se acopló a las reuniones habituales de los jueces federales ni compartió vacaciones en Punta del Este, pero nadie se anima a afirmar que haya salido indemne de semejante convivencia.
Especialista en la historia del Holocausto, con un compromiso claro con los juicios de lesa humanidad, Rafecas tiene 650 adhesiones y pergaminos para recibir respaldos que no sólo comprenden a los organismos de derechos humanos, sino que incluyen a figuras como el zigzagueante rector de la UBA, Alberto Barbieri. De buen vínculo con la UCR de Enrique Nosiglia y Emiliano Yacobitti, en el oficialismo especulan con que Martín Lousteau puede ser uno de los que brinde su aval a la candidatura de Rafecas.
Entre las objeciones que recibió su pliego, la que más estruendo causó fue la de Julio De Vido, a quien el juez procesó en 2018 y mandó a juicio oral en 2019 por haber favorecido a Odebrecht con la ampliación de dos gasoductos de 250 millones de dólares. Todavía preso, en enero pasado, el ex ministro de Planificación consideró que el candidato de Fernández fue “funcional a la persecución más vil de la derecha Argentina y la Embajada Americana”, además de facilitar “el lawfare y el armado de causas”.
Aunque es probable que la oposición busque dañarlo con la causa inviable que había iniciado Nisman, el juez tuvo uno de sus mayores traspiés cuando fue apartado de la causa Ciccone después de quedar inmortalizado por los chats de WhatsApp que mantenía con el abogado de José María Núñez Carmona. Justo el expediente que hizo volar por los aires a su primer jefe, el fallecido Righi.
