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Quebrada y aturdida, pero en guardia

Agrietada por tensiones prealbertistas, se hamaca ante un gobierno bífido de lengua y operadores que acecha el bolsillo de la familia judicial. Una bala de plata para la reforma jubilatoria.

Por 07/03/2020 11:54

La historia, dicen, no se repite tal cual fue. La reforma judicial, el recorte a las jubilaciones de privilegio, la ausencia de la mayoría peronista de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias, la libertad para Julio De Vido, la pelea por la intervención de la Justicia de Gerardo Morales en Jujuy y el reclamo de la vicepresidenta para que los supremos se pronunciaran sobre el lawfare son parte del fuego permanente, que pasa a años luz de la vida de las mayorías. Sin embargo, hoy la batalla es todos contra todos y el choque frontal que pudo existir en otro momento entre el kirchnerismo y los supremos no tiene plafón para reeditarse.   

Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco fueron el domingo a escuchar al Presidente, pero, según dicen, no lo hicieron como representantes institucionales de la Corte. Por haber permanecido gran parte de la feria en Buenos Aires, Juan Carlos Maqueda estaba de vacaciones, Ricardo Lorenzetti jura haber venido con una fiebre artera de Hawaii y Horacio Rosatti no explicó sus argumentos, pero en su historia con Fernández no abundan las coincidencias. Lorenzetti hizo público que habló con Alberto y con Marcela Losardo para excusarse de antemano y las espadas más pesadas que rodean al Presidente quisieron saber, incluso en el Congreso, por qué la ausencia de jueces que vienen de la política. No era el procedimiento adecuado.

 

 

LOS SUPREMOS. La Corte transita una calma frágil y no salió del estado de guerra interna que se publicitó en 2019. Rosenkrantz y Lorenzetti se desprecian fuerte, mientras Rosatti hace un equilibrio que hoy le garantiza al presidente de la Corte transitar sus días sin pensar en que mañana mismo lo pueden decapitar. Para sus enemigos, si el exrector de la Universidad de San Andrés sigue al frente del cuerpo colegiado que habita el cuarto piso del Palacio es sólo gracias al vínculo estrecho que une al Grupo Clarín con Fernández.

Ungido después de una combinación de factores entre los que pesaron el deseo de Mauricio Macri y el desgaste de Lorenzetti, Rosenkrantz no tiene trato directo con Fernández -se saludaron por primera vez el domingo último- pero no ejerce ni busca influencia en Comodoro Py y lejos está de ser un adversario para el Gobierno. Las denuncias en su contra, como la que agita el sobreviviente juez Ariel Lijo, no provienen del corazón de la Casa Rosada y eso lo tranquiliza. 

La relación entre el Gobierno y la Corte es de respeto y corrección. No existe un clima bélico como el que pudo haber ni tampoco un trato de lo más fluido. Losardo prometió que no se iban a enviar proyectos de un día para otro, pero después -dicen entre los supremos- hizo todo lo contrario. Sin el rafaelino como única cabeza, con un Rosenkrantz que evita asumir un perfil político y con un cuerpo ahora colegiado, resulta inviable reeditar una pelea pública con la Corte como la que Néstor y Cristina protagonizaron desde el poder. No habrá respuesta a los mensajes de CFK que haga escalar la disputa, más allá de pronunciamientos de ocasión como los de Highton, siempre bien parada.

 

 

CRISTINISMO Y ALBERTISMO. Del lado de la alianza de gobierno, no todos piensan lo mismo, como lo confirma el debate por la existencia o no de presos políticos. Fernández tiene para la política judicial a Losardo, el secretario de Planeamiento Estratégico, Gustavo Beliz, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También el ministro Eduardo De Pedro figura como interlocutor con algunos jueces de la Corte, aunque su caso es especial por su origen cristinista.

En el máximo tribunal, consideran como actores que responden a la ex presidenta a Carlos Zannini, Juan Martín Mena y Horacio Verbitsky. Mayoría son los que creen que Cristina es la accionista principal del paquete de gobierno y Alberto es el CEO que hubo que repatriar. Mientras Fernández diseña una reforma que licua el poder extorsivo de Comodoro Py, pero llevará un tiempo considerable en rendir frutos, su vice está gobernada por una urgencia mayor: asegurarse que este momento de fortaleza política allane su camino en la Justicia antes de que un eventual declive la afecte.

 

 

UNIDOS POR EL PRIVILEGIO. Lejos de los fuegos de artificio, los editoriales indignados y las operaciones que van y vienen, lo que más preocupa en la Justicia es el recorte a las jubilaciones de privilegio, un elemento que dispara movimientos múltiples. En la estampida de los que se jubilan ya, el oficialismo puede verse beneficiados por juicios orales que quedan paralizados, como el que afecta a De Vido y a Ricardo Jaime por la presunta compra de trenes chatarra a España y Portugal.

Además, los Fernández pueden encontrar un sinnúmero de casilleros libres para ocupar en tribunales. Por la muerte de Claudio Bonadio y la renuncia de Sergio Torres, que pasó a ser juez miembro de la Suprema Corte bonaerense, en Comodoro Py ya hay dos juzgados vacantes. A eso podría sumarse el de Daniel Rafecas si consigue el apoyo para ser procurador y de Rodolfo Canicoba Corral, que cumple 75 años de los más intensos. Hay, también, al menos dos lugares en la Cámara Federal -podrían convertirse en cuatro por los casos de los nombrados por Macri, Leopoldo Bruglia y Cesar Bertuzzi- y la posibilidad de que, con la reforma judicial, los juzgados ordinarios de la Capital pasen a ocuparse de delitos federales.

 

 

Como contrapartida, el malhumor unificó a las distintas tribus en torno a la víscera más sensible y rompió la grieta: puede horadar por lo bajo las pretensiones oficiales y acelerar los juicios en contra del Gobierno. Hasta en Justicia Legítima, aparecieron por primera vez voces críticas del espacio oficialista. La ex jueza María Laura Garrigos de Rébori afirmó en Radio 10 que le costaba entender por qué el Ejecutivo no salía con la reforma judicial en lugar de empezar por los regímenes especiales: “Han excluido de la movilidad atada al sueldo del activo a todos los prosecretarios, que son el cargo más alto en el escalafón administrativo. Esto da para que los gremios protesten. Y entre los jueces está la incertidumbre, porque dicen que nos van a mantener la movilidad. pero no dicen cuál va a ser el porcentaje”.

Si bien Rosenkrantz afirma que los reclamos deben hacerlos la Asociación de Magistrados y los sindicatos de empleados judiciales, la Corte deberá definir después cuando los expedientes llegan a las alturas del Palacio. Tiempista y sin fecha de vencimiento, la mayoría peronista se va a sentar a esperar.

 

 

JUBILADOS MATA LAWFARE. La cuestión jubilatoria es una especialidad de la casa y desde el lunes la Corte tendrá una nueva excusa para intervenir, cuando Eugenio Semino, Andrés Gil Domínguez y Adrián Tróccoli presenten un per saltum por inconstitucionalidad contra el decreto 163 de movilidad jubilatoria. Los fallos Badaro y Lucio Blanco son un precedente insoslayable a favor de los demandantes. Mientras el lawfare es la obsesión del oficialismo, en la Corte consideran que se trata de un tema “que no cruza la General Paz”.

Otro tema de tensión eventual sería el intento del Gobierno de ampliar la Corte. Sólo algunas especulaciones podrían dar pie a ese movimiento. Por ejemplo, que el pliego de Rafecas fracase en el Senado.

Desde mayo pasado, la Corte tiene pendiente pronunciarse sobre los planteos de los acusados en el caso Vialidad, algo que amagó a hacer pero que finalmente no hizo ante el fuego intenso del antikirchnerismo político mediático. En cambio, los expedientes de dos millones y medio de jubilados que ven afectado su derecho adquirido por el ajuste previsional ya comienzan a llegar desde las provincias y van a ser prioridad.

Otro tema de tensión eventual sería el intento del Gobierno de ampliar la Corte. Aunque cada tanto aparezcan notas interesadas en ese sentido, en el Palacio nadie cree que Fernández esté pensando en eso en este momento. Sólo algunas especulaciones podrían dar pie a ese movimiento. Por ejemplo, que el pliego de Rafecas fracase en el Senado y que el oficialismo diseñe un paquete judicial más amplio con la oferta para que el radicalismo tenga un lugar en el máximo tribunal. O que la mayoría peronista se pronuncie rápido contra el ajuste a los jubilados y el Presidente empiece a verse en un traje incómodo, como el que de entrada se probó Macri con los fallos adversos que le dieron el bautismo de fuego.