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Los empresarios procesados declararon seguros de que no llegarían a este estatus y la causa se desinflaría. Apostaron a condenas leves por cohecho y ahora se “deprimen” por la jugada de Bonadio.
Por 19/09/2018 14:53

“Me quieren hacer confesar, arrepentirme, pero no tengo nada de qué arrepentirme”. Juan Carlos Lascurain, el ex presidente de la cámara metalúrgica ADIMRA y dirigente de la UIA, fue visitado en prisión por varios de sus colegas. En cada una de las charlas, aseguró que no pagó coimas por un presunto anticipo de 50 millones de pesos por una ruta en Río Turbio que no se terminó de construir. El empresario es, junto a Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, el único de los más de 20 CEOs procesados por el juez Claudio Bonadio que, según grafican en la Justicia, “aún no cantaron”.

Más allá de la decisión personal y las razones propias, llamó la atención en todo el Círculo Rojo la negación de Lascurain y Ferreyra a subirse al tren de aquellos que, en tándem, apelaron a la figura del arrepentido o la delación premiada. Los que aún creen que sí pagaron las coimas que ellos niegan aducen que su cercanía manifiesta con el kirchnerismo los hizo mantener “sus códigos”, incluso ante la postura inversa de la mayor parte de los funcionarios K que habrían recibido los pagos, según consta en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. En el entorno de estos dos ejecutivos contaron a Letra P que “nunca quisieron arrepentirse porque sostienen que no pagaron”, aunque admiten que el plan de los CEOs en el marco de la causa intentó sumarlos, sin éxito, a la oleada de confesiones y mea culpa.

 

Bonadio no les creyó a los CEOs y los procesó por asociación ilícita. 

 

La acción de los empresarios -la mayoría, sorprendidos inicialmente ante la revelación de una conducta sabida- se consensuó entre abogados cuando el periodista Diego Cabot, de La Nación, recién iniciaba la publicación de documentos. Hubo instancias iniciales pautadas por los CEOs y muchos de los constructores nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco)

La primera, que se esfumó rápido, fue declarar que el dinero pagado al gobierno de Cristina Fernández era parte de aportes “a la política” y “a las campañas”. Ya en aquel entonces, en ronda con periodistas, el fiscal Carlos Stornelli había advertido que “con eso no alcanza”.

En segundo turno, se encararon las confesiones en forma particular y cada uno dijo lo que quería. Hizo punta Luis Betnaza, mano derecha de Paolo Rocca en Techint. El ejecutivo, otro de los miembros de la UIA procesados por Bonadio, contó ante el juzgado que los pagos a funcionarios K fueron para facilitar el cobro de las indemnizaciones por la expropiación de la siderúrgica Sidor, en Venezuela. Betnaza fue, al igual que Hugo Eurnekian (sobrino del dueño de Corporación América), un fusible para cubrir a los popes de las empresas.

Eurnekian –que se presentó voluntariamente- quedó procesado, al igual que Betnaza. Y Bonadio nunca citó a indagatoria a Rocca, que en un evento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el Sheraton Retiro admitió ante 200 empresarios y el propio Mauricio Macri haber pagado a los funcionarios del kirchnerismo. Betnaza, uno de los hombres fuertes de UIA, faltó a la reunión de la cúpula industrial del martes último. El tema de los afectados de esa casa fabril casi no se tocó, con la excepción de lo que relató uno de los presentes, que fue tomado al pasar. Fue una charla en la que Javier Santiago Madanes Quintanilla, de Aluar, tomó posición. “Yo nunca pagué y también recibí presiones. Tendrían que haber hecho lo mismo”, comentó el español que heredó la compañía que era de José Ber Gelbard, ex ministro de Economía de Juan Domingo Perón.

 

Wagner y Chediak, de CAMARCO, junto a Cristina Fernández. 

 

La idea primigenia del Círculo Rojo era hacerle pagar a CFK la factura total de las coimas. Sus miembros descartaron, según confiaron varios abogados, que los hechos de corrupción durante la década pasada agilizarían el proceso contra una ex presidenta enfrentada a muchos de los denunciantes. Los letrados, de contacto con Comodoro Py, habrían tenido -según admiten- alguna garantía de que la confesión descarnada los exculparía, en el marco del incipiente cambio de signo político de la mayoría de los jueces federales, habituados a trabajar al ritmo de los oficialismos. Fue así que pensaron que la carátula de la causa sería “cohecho” y que las coimas pagadas, previo arrepentimiento, derivarían en multas en dinero y penas no efectivas. Pero el lunes, cuando el Centro de Información Judicial (CIJ) colgó en la red el fallo, se sorprendieron ingratamente por la nueva configuración: los empresarios eran parte de una asociación ilícita comandada por Cristina Fernández.

“Ese selecto grupo de empresarios también se llenaron (sic) los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”, escribió Bonadio con pluma más emotiva que jurídica. Y cerró: todos los procesados son investigados por “el haber integrado una asociación ilícita, junto con otras personas aún sin identificar, la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

 

 

La pena por asociación ilícita prevé condenas de tres a diez años, que pueden reducirse a la mitad para los arrepentidos. Ergo, sólo en penas mínimas, y si el juez lo valora, no quedarían presos una vez que haya condenas terminado el juicio. “Luis está mal, no se esperaba esto”, contó a este medio uno de los empresarios que charlaron por teléfono con Bertnaza. La realidad es que nadie lo esperaba: hace 15 días y en tren de salir del tiroteo mediático, la Camarco inició un proceso propio de “saneamiento”, para reemplazar en la conducción a los CEOs procesados, entre ellos Armando Losón (Albanesi), Juan Chediak, el ex presidente Carlos Wagner y el propio Enrique Menotti Pescarmona (IMPSA). La renovación la encabeza el hijo del actual presidente de la entidad, Gustavo Weiss.

 

 

En este escenario, los hombres de negocios quedaron a la espera de nuevos avances en una causa que siempre creyeron estar viendo de afuera y que hoy los tiene seriamente comprometidos. La mayoría tiene un problema extra, el político: temen la posibilidad de una vendetta de CFK si es que la ex presidenta “no termina como Lula”, siendo éste el mayor anhelo del rubro. El segundo asunto, menos controlable. Si el Gobierno sigue sin acertar en lo económico, y la crisis avanza, aumentan las probabilidades eleccionarias de fuerzas políticas más hostiles o menos complacientes con el Círculo Rojo. Demasiados enigmas y temores que llegaron rápido y de improvisto.